La Corte tendrá la última palabra.
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Asobancaria pide tumbar eje central de iniciativa que protege a víctimas de suplantación digital
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El proyecto de ley ya fue aprobado por el Congreso y ahora está en revisión previa de la Corte Constitucional. Asobancaria dice que se imponen cargas exageradas a entidades financieras y comercios que tendrían que asumir las consecuencias de la suplantación y porque se suspenderían los procesos de cobro.
En junio del año pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley estatutaria que busca proteger a las personas que son víctimas de suplantación digital por parte de terceros y luego terminan con grandes deudas y reportados en centrales de riesgo.
La iniciativa promovida por el congresista Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, señala que las personas suplantadas no tendrán que pagar los créditos que los estafadores sacaron a sus nombres y que deberán eliminarse los reportes en entidades como Datacrédito. Para esto, hay que seguir varios pasos.
La persona suplantada debe informar a la entidad financiera del hecho delictivo, los operadores deberán presentar denuncia y si se comprueba el crimen, la persona en efecto es relevada de las obligaciones.
Esa iniciativa obliga a las entidades financieras y crediticias, a los establecimientos comerciales y a los operadores de telecomunicaciones a tomar medidas de seguridad digital razonables y suficientes para establecer la veracidad de la identidad de las personas que busca adquirir un servicio.
También deben tomar medidas para verificar la información que reciben, dar trámite oportuno a solicitudes de crédito, hacer los consecuentes reportes, adelantar investigaciones, entre otros, mientras que la persona suplantada queda con las obligaciones de informar del hecho, aportar todas las pruebas posibles, denunciar lo que pasó entre otros.
Esta iniciativa debe pasar primero por el examen de la Corte Constitucional antes de convertirse propiamente en ley. Y, ante el alto tribunal, Asobancaria está pidiendo tumbarla parcialmente.
Para el gremio representativo del sector financiero del país, lo que aprobó el Congreso tiene cargas desproporcionadas para las entidades financieras y los comercios como, por ejemplo: hacer un reporte que permita que en sus sistemas, al lado del usuario, aparezca una leyenda que deje en claro que fue víctima de falsedad, sin que esto impacte la puntuación crediticia del usuario; o suspender los bienes y servicios que fueron adquiridos por esa vía y cancelar los reportes negativos, “incluso antes de que se determine si, en efecto, es un caso de suplantación personal”.
La razón de los reparos de Asobancaria es que, en su lectura de la norma, quedan suspendidos los procesos de cobro, hasta que la Fiscalía o una autoridad judicial defina si hubo suplantación o no.
“Para nadie es un secreto los tiempos tan extensos que tardan las investigaciones y los procesos penales. Esta situación coloca a las entidades financieras en una situación de incertidumbre respecto de la certeza acerca de cuándo podrán hacer efectivas sus acreencias, puesto que no es posible definir a priori el tiempo en el que estarán suspendidos los procesos de cobro”, dijo la entidad.
En concepto conocido por CAMBIO, Asobancaria dice que es grave que exista la posibilidad de que las entidades financieras no puedan hacer ningún tipo de cobro si las autoridades judiciales no logran identificar a los suplantadores. Además, indicaron que la iniciativa no tiene ninguna medida para los casos en que la suplantación del usuario se deba a su propia culpa o al incumplimiento de sus deberes de seguridad y de proteger sus propios datos personales.
“En estos casos, resulta por completo desproporcionado que, pese al incumplimiento del usuario, sea la entidad financiera la que deba sufrir las consecuencias económicas derivadas de la suspensión de los procesos de cobro”, indicó el gremio. Igualmente, Asobancaria cuestionó ante la Corte que en el proyecto de ley no haya ninguna referencia sobre el monto máximo de las reclamaciones por suplantación.
De otro lado, la iniciativa dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben reglamentar los protocolos para atender oportunamente los reportes de posible suplantación y para poder identificar al suplantador. Para Asobancaria, esto excede las competencias de esas tres entidades.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio le dijo a la Corte que la denuncia formal ante la Fiscalía General no debería ser un requisito para la eliminación de los reportes negativos en las centrales de riesgo porque las normas que hoy están vigentes no lo exigen, pero este nuevo articulado, sí.
Promotor la defiende
El congresista Duvalier Sánchez dijo que la medida que se aprobó en el Congreso tocó un problema que afecta a miles de ciudadanos, que busca que las víctimas de suplantación “no sean doblemente vulneradas en sus derechos fundamentales con reportes negativos que los bloqueen del sistema financiero ni con cobros y embargos que no tienen cómo pagar y de los cuales no son deudores”.
“No sobra advertir que no existe otra medida menos lesiva que alcance tal nivel de protección de los derechos de los ciudadanos. Incluso podría decirse que el nivel de protección que se logra es muy alto con una baja afectación de las entidades destinatarias de la medida”, indicó Sánchez al señalar que todas las partes tienen cargas y que la iniciativa no genera impacto fiscal para el Estado.
“Es la primera vez que se incluye en una disposición normativa medidas que garantizan la suspensión de cobros y/o gastos de cobranza y de reportes de información negativos en centrales de información financiera y/o crediticia y en centrales de riesgo. Al otorgar este beneficio a la persona que ha sido suplantada, se hace también necesario reforzar los deberes que este tiene para poner en conocimiento de las autoridades su caso y coadyuvar a que la administración de justicia pueda dar respuesta a estos casos”, dijo.
