Cinco casos clave que la Corte Constitucional deberá fallar este 2025

El 2024 terminó con un choque entre las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, quien ha criticado algunas decisiones tomadas en un tono que los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia no comparten y que cuestionan asegurando que le hace daño a la autonomía y la independencia judicial.

En ese sentido, uno de los principales retos para este 2025 es mejorar estas relaciones, lo que implicará no sólo un esfuerzo del presidente Petro, sino también de los nuevos presidentes de las Cortes. Ya se sabe que, a menos de que algo raro ocurra, el nuevo presidente de la Corte Constitucional es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, un destacado jurista de pensamiento conservador, con algunas ideas liberales, quien se ha caracterizado por sus posturas sólidas y quien el año pasado puso de presente presuntas 'chuzadas' en sus comunicaciones.

Ibáñez dijo que empezó a sentir posibles irregularidades en su celular y computador desde mediados de 2023, es decir, para la época en que él tenía a cargo el estudio de la Ley de Paz Total. Cabe recordar que Ibáñez pidió tumbar esa norma, pero su ponencia no fue acogida por la Sala Plena. Aunque este episodio ya fue descartado por la Fiscalía, es cierto que los magistrados de las Cortes en general temen que sus comunicaciones estén intervenidas, así no lo digan públicamente.

Ibáñez será elegido presidente en la primera Sala Plena de febrero. Días después entrará a la Corte el magistrado electo Miguel Polo Rosero y, con ello, las cargas en la Corte cambiarán: aunque sigue habiendo mayoría liberal, los votos estrictamente conservadores se consolidaron y eso es clave para los debates que se vienen. CAMBIO les explica de qué se trata.

El impuesto al patrimonio

La Corte estudia una demanda contra la reforma tributaria que volvió permanente el impuesto desde los 3.388 millones de pesos. Ya se votó una ponencia del magistrado Ibáñez que pedía tumbarlo, bajo el argumento que, tal y como quedó, el tributo terminaba teniendo un efecto confiscatorio.

No hubo acuerdo y la votación quedó 4-4 y por eso se sorteó a la conjuez Clara Cecilia Dueñas. Hasta el momento se sabe que hay dos bloques en la Sala Plena: uno que apoya tumbar el impuesto y otro que busca avalarlo, pero con un condicionamiento: que se saquen de la base gravable del impuesto los bienes inmuebles que no generan renta.

El tema acá es que el magistrado Antonio José Lizarazo se va de la Corte por vencimiento del periodo el próximo 6 de febrero y se desconoce en qué bando está. Si la Sala no resuelve este asunto antes de su salida, su definición se podría extender porque Miguel Polo Rosero tiene que entrar a la Corte a revisar el asunto y votar.

En ese sentido, un escenario posible es que el grupo de magistrados que votaron de la misma forma que Lizarazo busquen que la sesión sobre el impuesto con la conjuez Dueñas se haga, sí o sí, en la primera sala de enero e, incluso, en una sesión extraordinaria para conservar los cuatro votos que ya tienen.

Esta es la última decisión grande que falta sobre la reforma tributaria que impulsó Gustavo Petro y que ya sufrió en 2023 un duro golpe cuando la Corte tumbó la no deducibilidad de las regalías para el impuesto de renta de las empresas extractivas, lo cual implicó un impacto fiscal importante en las cuentas del Gobierno.

La papa caliente: la reforma pensional

La otra reforma estructural que el gobierno Petro logró sacar avante en el Congreso fue la pensional. El presidente defiende un articulado que busca proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y a quienes, a pesar de cotizar por años, no pudieron llegar a una pensión, entre otros. No obstante, la forma como fue aprobada en el Congreso la tiene en jaque en la Corte por cuenta de múltiples demandas.

La más avanzada, presentada por Paloma Valencia, está en manos del magistrado Ibáñez, quien tiene inicialmente plazo hasta el próximo 28 de enero para presentar ponencia, si nada raro ocurre. Las demandas se centran en el hecho de que la Cámara decidió aprobar, en último debate, el texto definitivo que había sido aprobado por el Senado bajo la excusa de que este asunto se había debatido de manera rigurosa y meditada y que su contenido estaba en la Gaceta 497 del Congreso. 

Esto fue aprobado con 86 votos a favor y 32 en contra. Pero habría implicado una elusión del debate e impidió la deliberación de al menos 500 proposiciones presentadas en la Cámara sobre el texto del Senado. Como reveló CAMBIO, la Cámara defendió su 'pupitrazo' y la Defensoría y algunas organizaciones defienden la norma, mientras que la Procuraduría pide tumbar la ley aduciendo que se trató de un vicio insubsanable de forma.

La pelea por el aguardiente

A finales de 2024, la Corte Constitucional votó, pero no llegó a un acuerdo, sobre la pelea por el aguardiente en los departamentos: se trata del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 que permite vetar la llegada a los territorios de aguardientes que se produzcan en otros departamentos como una forma de proteger el aguardiente local.

Esa es la norma que usó Cundinamarca para frenar la llegada del aguardiente Amarillo de Manzanares que produce la Licorera de Caldas y fue demandada por Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien ha sido abogado de la Licorera de Caldas.

La Sala estudió una ponencia que presentó el magistrado Ibáñez, pero hubo mayoría requerida para ser aprobada y se designó al conjuez Humberto Sierra Porto para resolver el caso en el que Caldas se enfrenta al resto de departamentos y licoreras que piden mantener el veto.

El futuro de las corridas de toros

En 2024, el Congreso logró mayorías para, finalmente, prohibir las corridas de todos en Colombia, una disputa política y jurídica de largo aliento.

En 2010, la Corte había permitido que las corridas, las corralejas, las novilladas y las peleas de gallos continuaran en departamentos en donde fueran catalogadas como una tradición, al considerarlas como "manifestaciones culturales" y, en 2012, el alto tribunal dijo que sólo el Congreso podía ordenar una prohibición total.

La Ley 2385 de 2024 (ley ‘No Más Olé’) dispone una "transformación cultural" para que, en los próximos tres años, queden prohibidas en todo el país las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas. La Corte estudia una demanda del congresista del Centro Democrático Christian Garcés y, hasta el momento, múltiples organizaciones y universidades están pidiendo al alto tribunal que deje la norma intacta, lo cual representaría el fin de una discusión de años.

Una deuda de tres años: la discusión de los planes de 'zero rating'

El 11 de noviembre de 2021, la organización El Veinte, que trabaja por la libertad de expresión, presentó una demanda que sigue sin resolverse, y por la cual ya se hizo una audiencia pública en 2022 y que pasó todo 2023 y 2024 suspendida porque en la Corte no han podido llegar a un acuerdo ni sentar una postura sobre el tema.

¿De qué se trata? Se debate sobre los planes de datos que ofrecen las empresas de telefonía e internet, en la modalidad prepago, y que tienen incluidas de forma gratuita algunas aplicaciones específicas, generalmente Instragram, Tik Tok, Twitter y Facebook. Estos planes se llaman a nivel internacional como 'zero rating' o de tarifa cero.

El debate reside en que las empresas privadas son las que definen qué aplicaciones tienen incluidos estos planes, por lo que los usuarios que no pueden pagar otra cosa acceden a internet únicamente por el contenido que estas aplicaciones ofrecen. La demanda dice que el principio de neutralidad de la red, que busca promover en el mundo un acceso igualitario a internet, implica que no exista ningún tipo de discriminación en el tratamiento de datos y tráfico de internet y que, como están las cosas, se está permitiendo una discriminación con base en criterios comerciales.

En la otra orilla, Meta Plataforms Inc. señala que estos planes de zero rating permiten mejorar la conectividad y que proporcionan un acceso a internet más asequible para los usuarios. Y Asomóvil y Andesco señalan que estos planes permiten un acceso, así sea limitado a internet, y que de tumbarse los planes de tarifa cero, la población más vulnerable, la que no puede pagar un plan pospago, quedaría sin acceso a la red.

La ñapa: la jurisdicción agraria

Tras la aprobación de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Agraria, el Congreso también aprobó en junio de 2024 el proyecto de ley estatutaria sobre la materia y está en trámite la ley ordinaria que la reglamenta. Para que la normativa estatutaria se vuelva efectivamente ley, debe ser examinada previamente por la Corte Constitucional. Este trámite puede tardar todo el año 2025.