El 'Watergate' de campaña que hoy se le devuelve a Gustavo Petro

El Gobierno de Gustavo Petro está en el centro de la polémica por cuenta de la revelación de CAMBIO sobre las interceptaciones ilegales de la Dijín a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete. Las chuzadas a Meza son el episodio más grave del escándalo por la pérdida de una maleta con dinero de la casa de Sarabia y el posterior interrogatorio a la niñera.

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Las críticas arrecian contra el Gobierno actual, principalmente porque en el pasado el mismo presidente Petro fue víctima de las chuzadas y fue indemnizado por ello. Incluso, este año volvió a denunciar lo mismo, pero en referencia a su campaña presidencial de 2022.

Chuzadas y Petro: viejos conocidos

Las interceptaciones ilegales no son nuevas para el presidente Gustavo Petro. En 2020, el Tribunal de Cundinamarca ordenó indemnizar a Gustavo Petro por más de 500 millones de pesos al determinar que fue víctima de "chuzadas" por parte del DAS. El fallo encontró como responsables no solo al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, sino al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El fallo concluyó que hubo un concierto entre el DAS, la UIAF y la Presidencia para hacerles seguimientos ilegales a Petro y a su familia entre los años 2006 a 2009. En una decisión del mismo tribunal en marzo de 2021, se decidió ampliar las compensaciones monetarias a los hijos de Petro. Cada uno recibió 72 millones de pesos por los perjuicios causados por las intecerptaciones.

De la investigación han sido condenados varios funcionarios del gobierno Uribe: César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa; Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia; Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico y María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS. Además, los exoficiales Jorge Alberto Lagos, exdirector de contrainteligencia del DAS y el capitán retirado Fernando Tabares, quien fue director de inteligencia del DAS entre 2007 y 2009.

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Desde su llegada a la Presidencia, Petro se aseguró de nombrar a hombres de confianza en los organismos de inteligencia del Estado que en otra época lo espiaron. La Dirección de Inteligencia Nacional pasó a manos de Manuel Alberto Casanova, exguerrillero del M-19, y la Unidad Nacional de Protección pasó a ser dirigida por Augusto Rodríguez, quien también fue parte de ese grupo armado.