¿En qué se gastaron las EPS más de 11 billones de pesos durante la pandemia?

Hasta en clases de yoga se habrían gastado algunas EPS una parte de los recursos de la Unidad del Pago por Capitación (UPC) que el Gobierno les giró en el año 2020, cuando en Colombia y el mundo se vivió la pandemia del covid -19. 

Así lo reveló este lunes la Contraloría General de la República, que mostró los primeros resultados de la fiscalización a 24 entidades promotoras de salud. 

En medio de esa auditoría, el ente de control explicó que, debido a la emergencia sanitaria, social y económica del 2020, el Gobierno aprobó recursos por 41 billones de pesos para cubrir los gastos extra para la atención en salud. Eso, además, evitó que se usaran los dineros de la UPC para pagar todo lo que costó la crisis. 

Además, hubo una disminución considerable en la atención de patologías diferentes al covid-19 porque, debido el pánico que generó la emergencia, las personas dejaron de ir a consultas.

Todos esos elementos, según la Contraloría, hicieron que a las EPS les sobraran recursos de la UPC. Durante esa vigencia, hubo un remanente de más de 11 billones de pesos. Y aunque las empresas prestadoras del servicio de salud debían devolverlos, los utilizaron para otros fines. 

Pagaron deudas viejas  

En primer lugar, para poder abrir el proceso de responsabilidad fiscal contra las EPS, la Contraloría recordó el ordenamiento jurídico colombiano, el cual establece que, al administrar recursos públicos, esas empresas deben someterse al principio de la anualidad. 

En pocas palabras, como la plata que reciben proviene del Presupuesto General de la Nación, esta debe gastarse en la vigencia en que les sea asignada y para los compromisos que se adquieran ese año: no antes ni después. 

En el caso de los excedentes que tuvieron en el año de pandemia, el delegado para el sector salud de la Contraloría, Julián Niño Carrillo, explicó que “los recursos girados a las EPS por concepto de la UPC en 2020 debieron ejecutarse ese mismo año y no disponer de los mismos para pagar deudas propias o de particulares de vigencias pasadas así estén dentro del ejercicio de sus operaciones. Eso no se podía hacer”. Por eso, para el ente de control hubo una violación al principio de anualidad. 
 
Pero el funcionario va más allá. Al entregar los resultados de la investigación, aseguró que, para la Contraloría, el pago de esas deudas, en el que se utilizaron unos 6 billones de pesos para pagar incluso acreencias de hace más de diez años, evidencia una indebida apropiación de un recurso público y parafiscal. Niño dijo que los compromisos que tengan las EPS con las IPS son privados y por eso “no pertenecen ni al Estado ni al sistema. Por lo tanto, no deben sufragarse con recursos públicos de la salud”. 

A ese uso, que el organismo de control califica como inadmisible, se le suma un tema que agrava la situación para las EPS. En 2020, y debido a la pandemia, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Salud, les permitió aplicar de forma excepcional el uso de reservas técnicas para poder ponerse al día con las clínicas y los hospitales. Esto para no poner en riesgo la atención a los usuarios durante la pandemia. 
 
Por eso, para el delegado Niño, este hallazgo refleja el problema estructural del sistema. La reducción de atenciones por el aislamiento durante la pandemia supuso una caída de la facturación de los prestadores, y aunque los recursos de la UPC fueron girados plenamente, el excedente se habría perdido. 

“Existe en la ley un procedimiento de reintegro de recursos cuando no son ejecutados, y los aseguradores tuvieron que haber aplicado ese mecanismo y devolverlos al sistema de salud. En esa oportunidad, el Estado les permitió el descalce de sus reservas técnicas. Ese era el mecanismo que debían utilizar”, dijo Niño.

Todo se resume, entonces, en que los recursos de la UPC tienen destinación específica, que es la atención en salud. Por eso, los 6 billones de pesos que les sobraron no podían gastarse en otros fines. 

Por ejemplo, según la Contraloría, la EPS S.O.S pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por 86.000 millones de pesos, del período comprendido entre las vigencias 2003 a 2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.

Entre tanto, la Nueva EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a los años 2008 a 2015, por valor de 62.000 millones de pesos, dice la Contraloría. Convida EPS también habría gastado la plata en el pago de 4.000 millones en este mismo lapso, mientras que la EPS Ecoopsos pagó la suma de 1.621 millones de vigencias anteriores, según la entidad.

Hay otros 5,3 billones embolatados 

El informe de la Contraloría no solo abre responsabilidad fiscal por los 37 hallazgos relacionados con el gasto de los seis billones de pesos que se habrían ido al pago de deudas viejas. La entidad también confirmó que inició una indagación preliminar para establecer en dónde están otros 5,3 billones de pesos que también les giraron a las EPS en la vigencia 2020 y que no tienen soportes. 

La Contraloría calculó esos recursos cotejando la diferencia entre lo facturado por los servicios prestados y lo que el Gobierno les pagó a las EPS por concepto de la UPC. La Contraloría tiene serios indicios de pagos que se hicieron para rubros que no tienen nada que ver con la salud. 

Justamente para poder determinar esa situación, el organismo accedió a información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las Empresas Promotoras de Salud y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021.

Según el informe, “eso permitió analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y los presupuestos máximos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, en la vigencia 2020 y analizó el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, gastos administrativos, costo de la prestación, utilidades y variaciones patrimoniales”.

Al revisar esas cifras, se descubrió que, por ejemplo, la Nueva EPS, accedió a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, por un total de 3,9 billones de pesos, de los cuales 40.000 millones de pesos fueron destinados a pagos de honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC.

La defensa de las EPS 

A pesar de los hechos, hay quienes advierten que la actuación de la Contraloría podría configurar un complejo dilema para las EPS, que en la reforma que diseña el Gobierno nacional ya no podrán ser gestoras.

Expertos consultados por CAMBIO explican que las entidades promotoras de salud deben gastar algunos de los recursos que administran en temas de funcionamiento que se salen de la pura atención en salud. Por eso la interpretación de la ley por parte del ente de control abre una discusión jurídica frente a lo que pueden o no hacer. 

Mientras que las EPS se defienden y controvierten el informe, el contralor general, Carlos Rodríguez, ha decidido declarar los hechos de alto impacto nacional. Por lo tanto, todas las investigaciones se adelantarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción.

Ana María Vesga, presidente de Acemi, se pronunció en representación de las EPS. Al respecto, afirmó que están analizando la información contenida en el informe de la Contraloría y le han pedido un espacio formal de revisión al contralor para presentarle las inquietudes y observaciones que hasta el momento tienen.

“Con relación al informe que dio a conocer la Contraloría General de la República, hemos pedido un espacio de reunión con el contralor que tendrá lugar la próxima semana y en el cual presentaremos las inquietudes y observaciones que tenemos a dicho reporte”, señaló Vesga. 

Así mismo, aseguró que es de la mayor importancia mantener la conversación en el ámbito de lo técnico y tener los espacios para controvertir los hallazgos. “Una vez tengamos esos espacios podremos informar con mayor amplitud cuáles son las acciones que continúan en el marco de esta actuación especial de fiscalización”.