Exclusivo: así quiere devolver Emilio Tapia la plata de Centros Poblados

El caso Centros Poblados volvió a acaparar la atención y la indignación de Colombia durante la semana que pasó. En una polémica decisión, la Procuraduría libró de toda responsabilidad a Karen Abudinen, jefe de la cartera para la época en que ocurrieron los hechos.

Aunque Abudinen era la cabeza del ministerio, la Procuraduría concluyó que ella no participó en la estructuración del proyecto para conectar 15.000 centros digitales, no elaboró los pliegos y no tuvo que ver con el proceso de evaluación de las ofertas. Tampoco hizo parte de la adjudicación de la licitación, ni era su tarea revisar los documentos presentados por la Unión Temporal Centros Poblados.

Y mientras el país terminaba de entender la decisión de la Procuraduría, uno de los involucrados en el desfalco se alistaba para proponer un preacuerdo a la Fiscalía que le permitiría salir antes de tiempo de la cárcel y, lo más importante, devolver parte de los recursos que se embolataron.

Emilio Tapia, el hombre que manejó tres de las cuatro empresas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados, ganadora del proceso, volvió a enfrentarse a la justicia y compareció a una audiencia definitiva con el ente acusador que deberá avalar su propuesta de reparación económica para que, posteriormente, un juez establezca la condena. 

CAMBIO conoció en exclusiva detalles del preacuerdo al que quiere llegar Tapia con la Fiscalía colombiana y que incluye la devolución del 100 por ciento de los recursos que para el organismo judicial se quedaron en manos de este polémico contratista, conocido también por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá y otros escándalos. 

Lo que busca la defensa de Emilio Tapia  

En la audiencia virtual que se realizó el jueves 26 de septiembre, Emilio Tapia compareció representado por la defensora pública Diana Muñoz, abogada de oficio, quien explicó la propuesta con la que el empresario quiere reparar al país por la pérdida de los 70.000 millones de pesos para los niños de las escuelas más apartadas. 

A la diligencia también asistieron el juez penal del circuito, quien dictará la sentencia, el fiscal del caso, los abogados de las víctimas -que son el Ministerio de las TIC, el Fondo Nacional de Garantías y el Banco Itaú- y los representantes de la Procuraduría y la Contraloría General de la República. 

En febrero de 2022, cuando la Fiscalía imputó los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación a algunos de los responsables del caso Centros Poblados, se estableció que se desviaron 15.242 millones de pesos. 

Con esa plata, según el organismo judicial, Tapia y su principal socio, Juan Carlos Cáceres, compraron apartamentos, vehículos, pagaron honorarios, préstamos bancarios y hasta la usaron para adquirir obras de arte. Además, otra parte de esos dineros habría sido usada para pagar las pólizas falsas que le presentaron al MinTIC. 

Pero si fueron 70.000 millones de pesos los que se pagaron a la Unión Temporal por concepto de anticipo, ¿por qué la Fiscalía habla de solo 15.000 millones? La respuesta que dio en su momento el ente investigador es que el resto de los recursos sí fue invertido en la compra de equipos y en la instalación de puntos digitales en algunas regiones del país. Sin embargo, los equipos nunca fueron recibidos por el ministerio y quedaron abandonados en una bodega. 

De esos más de 15.000 millones de pesos, Emilio Tapia debe responder por unos 5.000, según la Fiscalía. En el marco de la audiencia, a la que tuvo acceso CAMBIO, se confirmó que el empresario propuso devolver 5.063 millones, de los cuales ya pagó, en efectivo, la mitad: 2.531 millones de pesos. 

Durante la audiencia, el fiscal del caso informó que el día anterior recibió los soportes de los pagos que se han realizado desde julio de este año.

CAMBIO conoció que fueron ocho consignaciones, entre el 3 de julio y el 25 de septiembre, cuando Tapia entregó lo que le faltaba para cubrir la mitad de su compromiso para poder seguir adelante con la negociación. 

Con ese primer requisito cumplido, se puso a consideración del juez la segunda parte de la propuesta. Tapia dijo que quiere que le aprueben dos pagos en efectivo por 1.265 millones de pesos cada uno para entregarlos el 16 de abril de 2025 y  el 16 de octubre de ese mismo año.

Para garantizar el pago de estos valores, el procesado propuso constituir a título de hipoteca un bien inmueble urbano ubicado en Girardot a través de un deudor solidario. Se trata de un local comercial que ya fue avaluado por la Fiscalía en 1.128 millones de pesos. 
 
Además, Tapia pone como garantía los derechos fiduciarios de un edificio al norte de Bogotá que cubrirán el valor de aproximadamente 1.849 millones de pesos. Su defensa propone que el beneficiario de esta garantía sea el Ministerio de las TIC para que, si se incumplen los pagos, esta entidad se quede con esos títulos.

Con ese escenario terminó la audiencia, que no duró más de una hora. En la misma se definió que la Fiscalía y las víctimas deberán reunirse para analizar la propuesta y decidir si la aceptan, teniendo en cuenta proteger los intereses del Estado colombiano, víctima de todo este entramado de corrupción. 

Habrá una nueva diligencia el 17 de octubre y una más en diciembre. Será entonces cuando se avale o no el acuerdo con Emilio Tapia. De aprobarse, se disminuirá la pena que cumple en la cárcel El Bosque de Barranquilla desde octubre de 2021.  

¿Más colaboración?

Aunque Emilio Tapia es el único que ha devuelto recursos por el caso Centros Poblados, para muchos la cifra que está negociando con las autoridades es irrisoria, ya que, como se mencionó anteriormente, se trata de solo 5.000 de los 70.000 millones de pesos que presuntamente se perdieron. 

A pesar de que ya ofreció los recursos recursos y eso sería determinante para recibir luz verde para su preacuerdo con la Fiscalía, aún le haría falta dar un paso más. El contratista deberá delatar a más personas que hayan estado involucradas en el escándalo, lo que le generaría más enemigos, pero le abriría la puerta de la libertad. 

En octubre de 2022, Tapia ya había denunciado a la exministra Karen Abudinen por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. 

En ese momento, aseguró que Abudinen pidió una comisión del 7 por ciento para entregarles el millonario contrato de escuelas digitales. La contraoferta que hicieron Tapia y Juan Carlos Cáceres habría llegado solo al 4 por ciento y, por eso, según la denuncia, no se materializó el presunto pago de la coima. 

Sumado a lo anterior, el empresario afirma que la exministra de Duque le pagó 5.000 millones de pesos a la firma SES Colombia para revisar los documentos del contrato. El problema es que la compañía incumplió con el objeto del proceso, porque al Ministerio de las TIC le metieron una póliza falsa. Esto significa que no verificaron la legitimidad de los papeles o lo hicieron mal, lo cual configuraría un detrimento patrimonial.

No obstante, esa denuncia se quedó durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Con el avance que hasta ahora tiene el preacuerdo con Emilio Tapia, las cosas en el ente acusador podrían tomar otro rumbo y se reviviría ese proceso

Sí, la exministra Abudinen, quien ha insistido en que engañaron al Ministerio y que ella tomó acciones para proteger el dinero, se salvó esta semana en la Procuraduría. Sin embargo, no estaría exenta de tener que volver a responder ante la justicia, por cuenta de ventilador que podría prender el contratista para lograr el beneficio penal.