Primicia: Procuraduría archiva investigación contra Karen Abudinen por caso Centros Poblados

El pasado 23 de septiembre de 2024 la Procuraduría General de la Nación expidió el auto con el que da terminación de la actuación y ordena el archivo definitivo de la investigación contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por el caso de Centros Poblados en el que se perdieron 70.000 millones de pesos que debían ser destinados para conectar con internet más de 15.000 escuelas rurales. 

En el documento, conocido en primicia por CAMBIO, el ente de control asegura que el proceso contra Abudinen se abrió en septiembre de 2021 luego de recibir dos quejas ciudadanas que reseñaban los hechos denunciados por los medios de comunicación y advertían sobre una presunta omisión por parte de la exministra para evitar el desfalco. 

Y es que en su momento se reveló, por parte de La W Radio, que el MinTic entregó un contrato por un billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados que no cumplía con los requisitos legales y que además entregó pólizas falsas. Ese consorcio era manejado por el polémico contratista Emilio Tapia. 

A pesar de las advertencias, la exministra decidió continuar con el proceso y delegó a su secretaria general, Adriana Meza Consuegra, para que adjudicara la licitación que fue dividida en dos partes. La región A se la ganó la empresa Claro Colombia y la región B fue dejada en manos de las empresas de Tapia. 

Aunque Abudinen era la jefe de la cartera y por eso se pidió que también fuera investigada, ya que ese ministerio después de adjudicar también entregó un anticipo por 70.000 millones de pesos a Centros Poblados sin verificar si esa Unión Temporal estaba cumpliendo, ahora la Procuraduría dice que ella no actuó de forma irregular porque no omitió sus funciones ni tampoco dejó de hacer control al proceso. 

Los motivos de la Procuraduría para archivar 

Al evaluar las pruebas descritas en la etapa de ejecución del contrato, la Procuraduría corroboró que la exministra Karen Abudinen no tuvo ninguna injerencia en las actividades encaminadas a vigilar el cumplimiento del contrato de aporte 1043 de 2020, pues no fungió como supervisora del mismo. 

Para el ente de control, la entonces ministra tampoco tuvo que ver en lo relacionado con la revisión y aprobación del documento que fungió como la garantía bancaria que presentó la Unión Temporal y que resultó falsa. Según el Ministerio Público, esa actividad no hacía parte
de los deberes funcionales y, por ende, escapaba de la competencia de Abudinen.

El auto dice también que desde el momento en que la interventoría del contrato informó al MinTic el presunto incumplimiento por parte del contratista hasta llegar a la declaratoria de caducidad del contrato, transcurrieron escasos dos meses. "Por lo tanto, se denota agilidad en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios del ministerio, entre estos la secretaria general y por esa razón se hace imposible realizar algún reproche a la aquí investigada por no ejercer el debido control y vigilancia a la función contractual sobre su delegatoria".

Hay más argumentos de la Procuraduría para pedir el archivo de esta investigación. En el marco del proceso el ente de control pudo establecer que Abudinen le pidió a la entonces secretaria general del Mintic, Adriana Meza Consuegra, que informara sobre las actuaciones administrativas que estaban adelantado en razón al presunto incumplimiento del contrato de aportes. 

Eso es, para la entidad que dirige Margarita Cabello, una prueba que inequívocamente demuestra que la investigada sí estaba pendiente de la situación que estaba ocurriendo con la Unión Temporal Centros Poblados.

"En este marco, las pruebas permiten a la sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales, pues, como se ha expresado a lo largo de este proveído, la doctora Karen Cecilia Abudinen, ministra MinTic, no participó en la planeación y estructuración del proceso de contratación que tendría por objeto ejecutar el proyecto centros digitales" reza también el documento en manos de este medio de comunicación.

Finalmente, la Procuraduría dice que la exministra no participó en la elaboración o revisión de los pliegos de condiciones, ni recibió las ofertas, ni expidió adendas, ni evaluó las ofertas, así como tampoco participó en la audiencia de adjudicación, ni expidió la resolución que adjudicó la licitación pública.

Por el contrario, manifiesta ese organismo que Karen Abudinen sí ejerció su deber de control y vigilancia sobre los funcionarios que estuvieron al frente de la licitación y por eso da por terminada la investigación en su contra. 

Reacciones a la decisión de la Procuraduría 

El director de la veeduría ciudadana Bien Común, Henry Anaya, uno de los que denunció a la exministra ante la Procuraduría habló con CAMBIO sobre el archivo de la investigación. Según Anaya, el ente de control desconoció el material probatorio entregado y no tuvieron en cuenta que sí hubo omisiones en el ejercicio del cargo por parte de la funcionaria que no estuvo al tanto del proceso aunque ella lo ordenó. 

"Ella fue advertida de todo lo que estaba pasando desde el primer momento. Esta veeduría y otras, así como los medios de comunicación le mostraron antes de que adjudicara el proceso, quiénes hacían parte de las empresas de la Unión Temporal Centros Poblado y aún así siguieron adelante, eso significa que sí hubo omisión", aseguró Anaya. 

Dijo también que hubo observaciones durante todas las etapas del proceso que no fueron tenidas en cuenta y advirtió que con esta decisión se crea un grave precedente para cualquier ordenador del gasto o funcionarios de alto nivel que, con esto, podrán delegar sin tener que responder. "Vamos a evaluar el contenido de esta decisión para evaluar el recurso que se pueda interponer" concluyó.