Exclusivo: la magistrada Cristina Lombana salvó a Arturo Char

 El caso de Aida Merlano, la familia Char y los Gerlein ha copado durante años la atención nacional. La historia, que parece sacada del cine, está atravesada por traiciones, mentiras, desamores, jugadas políticas y jurídicas. Todo protagonizado por influyentes personalidades de la costa. En términos mediáticos el país conoce los graves indicios y señalamientos que existen contra los clanes Char y Gerlein por múltiples delitos en las más altas esferas del poder. Sin embargo, el único proceso que ha avanzado contra el clan es el que llevó a la cárcel al expresidente del Senado Arturo Char por compra de votos. 

Char quedó libre por habeas corpus y su suerte está en manos de la Corte Suprema de Justicia. En esa corporación, quien tiene las llaves del proceso es la magistrada Cristina Lombana. Los azares del destino llevaron a que el magistrado titular Francisco Farfán pidiera una licencia no remunerada y, por consecuencia, se apartara del proceso. Farfán fue el arquitecto del proyecto que puso tras las rejas al poderoso Arturo Char. Sin embargo, ahora que el caso está en manos de Lombana, el exsenador podría pasar del calabozo a la impunidad. 

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El golpe de suerte de Char viene por cuenta de la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, que ya fue presentada y cuyos principales argumentos revela CAMBIO en exclusiva. 

La decisión de Lombana no resulta sorpresiva para quienes han seguido de cerca el proceso. Cuando Francisco Farfán solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte que avalara la medida de aseguramiento contra Arturo Char, la única magistrada que no estuvo de acuerdo fue ella. 

En la ponencia conocida por CAMBIO, el eje central de la argumentación de Lombana se basa en las repetidas inconsistencias en las declaraciones de Aida Merlano. El documento jurídico analiza siete pronunciamientos de la excongresista, tanto en instancias judiciales como en medios de comunicación, en los cuales, para Lombana, Merlano se contradice sistemáticamente. 

Para entender este tema, es importante recordar el contexto de lo que ha dicho Aida Merlano sobre los Char y la compra de votos. En distintas oportunidades la excongresista sostuvo que Arturo Char, su hermano Alejandro Char y Julio Gerlein Echeverría, eran los amos y señores del esquema de compra de votos en la costa caribe. Según su relato, ellos fueron el cerebro y el bolsillo de una organización sofisticada cuyo objetivo era comprar los votos necesarios para la elección al Congreso de Lilibeth Llinás, de Aída Merlano, y la reelección de Arturo Char (2018-2022). 

Según Merlano, el dinero habría salido de la empresa del contratista barranquillero Faisal Jacobo Cure, Jacur S. A. S.; la de Julio Gerlein, Valorcon S. A., y la de Arturo Char y su familia, Serfinanza S. A.

En su ponencia, la magistrada Lombana busca desvirtuar lo dicho por Aida Merlano y argumenta que hay tres momentos en la narrativa de la excongresista que no cuadran entre sí. El primero, ante la Fiscalía, en el que se despacha contra los Char y Gerlein; el segundo ante la Corte, en el que se retracta de lo dicho ante la Fiscalía argumentando que no tiene pruebas, y el tercero, cuando aparece ante los medios desde Venezuela y entrega versiones que, aunque tienen nuevos elementos, para Lombana no están relacionados con la responsabilidad de Arturo Char en la compra de votos.

La magistrada agrega que las supuestas reuniones denunciadas por Merlano, con Char, Gerlein y los demás integrantes de la estructura, se limitan a su testimonio que carece de sustento probatorio.

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Dentro del expediente hay una reunión en la denominada casa blanca, en noviembre del 2017, que Arturo Char sí reconoce. Según el testimonio de Aida Merlano, ese encuentro fue para cuadrar la financiación de la compra de votos. No obstante, Lombana le dio credibilidad a la explicación de Char quien sostuvo que no se vieron para hablar de compra de votos sino para organizar pactos electorales y conformar los órganos directivos de la Asamblea del Atlántico.

El de Aida Merlano no es el único testimonio que enreda a Char. También está dentro del expediente el de Rafael Rocha, quien participó en la estructura de compra de votos, y el de Vicente Rosanía, entonces integrante de la UTL de Merlano. Sin embargo, para Lombana estos dos son testimonios de oídas que replican sin pruebas lo que decía Aida Merlano en la casa blanca.

El tercer eje de la argumentación de Lombana a favor de Arturo Char es que no existe un rastro contable en los libros de las empresas mencionadas por Merlano de las platas que, según la excongresista, habrían sido destinadas para la compra de votos. En estricto sentido eso puede ser cierto. Pero el argumento parece débil si se tiene en cuenta una realidad innegable de los delitos electorales en Colombia: la plata de los torcidos nunca se registra en los libros. Para un político y empresario que quiera comprar votos, maquillar balances y manipular facturas puede ser un ejercicio bastante fácil. Más aún cuando la inmensa mayoría de la plata que se mueve en ese mundo se entrega en efectivo. 

Dentro de todo este entramado hay varias cosas que para un ciudadano del común resultan desconcertantes y difíciles de entender. En primera medida, no se explica por qué, estando la exsenadora Aida Merlano condenada, entre otras, por concierto para delinquir, se pretende exculpar al principal sospechoso de ese concierto sin dar la posibilidad de que las pruebas sean debatidas en juicio. 

Desde el punto de vista jurídico, gramático y conceptual, resulta imposible que un concierto se configure por una sola persona. El único caso similar recordado en la historia reciente fue el de la imputación del cohecho a Yidis Medina por la reelección de Álvaro Uribe en el que, a los ojos de la justicia, ella terminó siendo la única culpable. El concierto y el cohecho son delitos que no pueden ser unipersonales. 

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Otro elemento que no se puede explicar es la diferencia diametral entre dos magistrados, Farfán y Lombana, que hacen parte de la misma corporación y que con las mismas pruebas llegaron a conclusiones totalmente opuestas. 

En derecho se entiende que un ciudadano no está obligado a probar su inocencia. Por el contrario, es la justicia la que tiene el deber de probar la culpabilidad con pruebas irrefutables de todo aquel que sea señalado de la comisión de un delito. Sin embargo, el caso de Aida Merlano y su relación con los clanes Gerlein y Char, tiene un innegable tinte de injusticia y desbalance. Aunque hoy no esté formalmente probado en derecho la participación de los Char en un esquema nacional de compra de votos y en la organización y financiación de la fuga de la exsenadora Aida Merlano, existen pocos ciudadanos que duden de que los clanes de la costa son los principales responsables de ello. 

Aida Merlano y su hija Aida Victoria son los eslabones más débiles de esta cadena. Sin embargo, la primera está presa desde hace varios años y la segunda, acaba de ser condenada a 13 años de cárcel. Mientras tanto, los patrones de los clanes viven en la danza de los millones, ocupan importantes cargos públicos y parecen emperadores intocables. El balón queda en la cancha de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.