Exclusivo: Militares que mataron militares, los falsos positivos dentro del Ejército

En septiembre de 2008 una investigación sobre una serie de desapariciones de unos 19 jóvenes de Soacha reveló al país un escándalo de alcance nacional conocido como “Falsos positivos”: el asesinato en toda Colombia de al menos 6.402 personas a manos del Ejército, entre 2002 y 2008, como parte de la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Antes de llegar a esta cifra revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en febrero de 2021, las familias de las víctimas enfrentaron obstáculos de todo tipo.

Quince años después estamos esperando la decisión de sanción del Tribunal Especial para la Paz en el caso conocido como el del Catatumbo, en el cual cinco coroneles, cuatro oficiales y suboficiales y un civil reclutador reconocieron su responsabilidad en los asesinatos de los muchachos oriundos de Soacha y Bogotá.

Hoy nadie puede negar la existencia de este fenómeno criminal, tampoco su magnitud, incluso los negacionistas más radicales: “falsos positivos”, víctimas reales.

Un aspecto del que poco se ha hablado es el destino de los militares, en su mayoría soldados profesionales, cabos o sargentos, quienes intentaron oponerse a esa política enfocada en dar resultados a cambio de incentivos, y que ha cobrado la vida de cientos de jóvenes inocentes.

Además de enfrentar amenazas y discriminación por visibilizar este fenómeno, las familias de las victimas civiles y de militares han luchado por restaurar el honor de sus seres queridos, por descubrir la verdad sobre su homicidio. Se subestime probablemente la cifra de 6.402 porque otras familias no han querido exponerse a semejante tratamiento denunciando.

Un modus operandi contra los militares recalcitrantes

De igual forma que hubo un patrón en todo el territorio para matar a miles de civiles y hacerlos pasar como integrantes de un grupo armado a principios de la década del 2000, hubo o hay un modus operandi contra los militares que intentaron detener o denunciar estos crímenes de Estado, o que trataron de no participar en su ejecución.

Basta con buscar testimonios de soldados o civiles que expresan serias dudas sobre la muerte de un familiar militar desaparecido. Algunos, en un clima de miedo, dudan en contar lo que saben por miedo a represalias. Otros han llevado estos casos a los tribunales. A veces tuvieron que luchar durante años, enfrentar rechazos, mentiras del Ejército, amenazas e intimidación, pero no se dieron por vencidos.

Este es el caso de Raúl Carvajal, quien falleció el 12 de junio de 2021, sin haber alcanzado el objetivo último de su existencia: que su hijo, un cabo del batallón de infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga, perteneciente a la segunda división de la quinta brigada del Ejército, asesinado el 8 de octubre de 2006 en El Tarra (Norte de Santander), fuera reconocido como un  “falso positivo militar”.

A pesar de la evidencia, los rastros de tortura y las inconsistencias en el expediente de la operación que firmó el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos - el mismo militar que dio el certificado de muerte en combate y tuvo tantas dificultades para reconocer su responsabilidad por los “falsos positivos” ante la JEP -, don Raúl no alcanzó a ver materializado su último anhelo.

Las trayectorias de Raúl Carvajal y Jesús María Suárez son a la vez parecidas, simétricas, pero con una gran diferencia: la JEP reconoció que el subteniente Jesús Javier Suárez del Batallón de contraguerilla (BCG) 79 fue asesinado por el Ejército en la vereda Llano Gordo del municipio de Mutatá (Antioquia), que falsa y deliberadamente fue presentado como baja en combate por un miembro de un grupo armado ilegal.

Al igual que Raúl Carvajal, desde la muerte de su hijo, ocurrida el 18 de marzo de 2005, Jesús María Suárez ha dedicado su vida a que el asesinato de su ser querido sea reconocido como una ejecución extrajudicial. El Auto N° 01 de 2022 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las conductas (SRVR) de la JEP, emitida el 11 de julio de 2022, admite que “perdió la vida a manos de las propias tropas” en “una operación militar de apariencia legítima […] con el apoyo directo de miembros de grupos paramilitares […] y que el comandante del BCG 79, señor David Herley Guzmán Ramírez, como superior, tuvo responsabilidad en la planeación y ejecución de este homicidio ”. En otras palabras, este tribunal reconoció su condición de “falso positivo militar”. 

Además, el Auto especifica: “Uno de los propósitos de esta muerte fue generar terror en el seno del BCG 79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal”. El Ejército mató a Jesús Javier Suárez Caro e intentó responsabilizar a terceros de su muerte, lo hizo para deshacerse de quien podría ser un granito de arena que ponía en peligro la empresa criminal y dar ejemplo a todos los demás militares que quisieran seguir el mismo camino.

Ejemplos para generar terror

“Como militar retirado, entendió que lo buscaría por cielo y tierra. Es el único caso de una persona asesinada en esta región y entregada a la familia”, me confió Jesús María Suárez, a quien le tocó empezar a luchar desde el principio cuando quiso recuperar el cuerpo de su hijo.

Generar terror, intimidar a quienes quisieran oponerse… Estos dos casos son los más conocidos, tanto por el pueblo colombiano como por la JEP y la justicia ordinaria.  Así como los casos de civiles desaparecidos de Soacha constituyeron durante años la punta del iceberg del fenómeno de los “falsos positivos”, las trayectorias de Carvajal y Suárez son como árboles que ocultan el bosque: un escándalo silencioso y disimulado en Colombia, el de los ”falsos positivos militares”, hechos cometidos para encubrir los crímenes del Ejército.

Raúl Carvajal y Jesús Suárez no son los únicos que han pagado con su vida por enfrentar a sus comandantes o denunciarlos ante la fiscalía o la Procuraduría dentro o fuera del Ejército. Las entrevistas que pude realizar para mi tesis de grado y los testimonios indirectos esbozan un perfil de las víctimas militares: en la mayoría de los casos se trata de soldados o suboficiales que han sido amenazados y cuyo desarrollo profesional se ha visto obstaculizado por esta razón.

 Esto es lo que le pasó al cabo Carlos Eduardo Mora, quien denunció adentro del Ejército lo que había visto en Ocaña, antes del asesinato de los muchachos de Soacha. El haberse salvado se lo debe a la protección otorgada por la CIDH – es el primer militar en Colombia que se beneficia de tal medida – con el apoyo de algunas ONG. Hoy el exmilitar que escapó de varios intentos de asesinato e internamiento forzoso en un hospital psiquiátrico está reconstruyendo su vida en el extranjero. 

A diferencia de los altos oficiales que, a pesar de las condenas por delitos graves, no perdieron sus ascensos, bonificaciones, o pensiones, Carlos no recibió nada de eso, ni siquiera las cesantías a las que debería tener derecho. Por el contrario, el coronel retirado Santiago Herrera, que lo había amenazado mientras ambos estaban en la Brigada móvil 15 en Ocaña, se benefició de una mayor indulgencia y comprensión del Ejército. 

Según el diario español El País, el que ha sido vinculado a ejecuciones extrajudiciales, investigado por la justicia ordinaria antes de admitir finalmente su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ante la JEP en 2021, se benefició este mismo año de un contrato de 220 millones de pesos con el Ejército para darle una cátedra relacionada con los derechos humanos. En cambio, Carlos Mora, nunca imputado por ningún delito, no logró acceder a sus derechos más básicos.

Las piezas de un siniestro rompecabezas

No faltan ejemplos de soldados amenazados o, peor aún, asesinados, después de testificar o denunciar crímenes cometidos por el Ejército.  En un informe de Human Rights Watch (1) se documentaron casos como el del soldado Nixón de Jesús Cárcamo. Once días antes de ser asesinado en el centro de detención militar donde se encontraba detenido por un caso de ejecuciones extrajudiciales de la BCG Nº 10, había expresado ante la Fiscalía General de la Nación su temor de ser asesinado por haber denunciado los crímenes que cometieron sus superiores.

Desconozco el destino del sargento Alexander Rodríguez Sánchez de la Brigada móvil 15 después de sus denuncias a principios de 2008. Describió con detalles el proceso de fábrica de los ”falsos positivos” en el Catatumbo, sin usar nunca este término que apareció solo ocho o nueve meses después. Expulsado del Ejército, fue capturado unos meses más tarde por el Gaula por un supuesto intento de extorsión.

En 2019, la revista Semana informó de un coronel que había sido investigado por la justicia ordinaria por unos veinte ”falsos positivos”, quien, ante la JEP, proporcionó información sobre decenas de caso adicionales; situación por la que recibió amenazas. En 2021, militares afirmaron haber recibido presiones de Fondetec (2) con el objetivo de no facilitar la búsqueda de la verdad sobre la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional en estos crímenes ante la SRVR.

El primero de septiembre de 2023 la SRVR de la JEP ha citado a exsoldados del pelotón Atila 1 adscrito al Batallón Cartagena, quienes se negaron a cometer un “falso positivo” el 22 de abril de 2008 y que fueron retirados del servicio. Estos soldados, que hoy exigen justicia, han vivido desde entonces del rebusque, o como taxistas o vendedores ambulantes, ya que no pudieron reintegrarse al Ejército, que era su plan de carrera para escapar de la pobreza.

“Cuando un comandante quiere deshacerse de un soldado, buscan en la misma fuerza un asesino que le dé de baja”, (soldado retirado)

Un exsargento del batallón La Popa que no quería matar civiles me contó cómo aquellos que se negaban a cometer ejecuciones extrajudiciales eran intimidados y condenados a patrullar hasta el agotamiento, mientras que a los demás se les daba descanso en hermosas fincas. Me describió su entrenamiento en 2019 con el objetivo de obtener el rango de sargento primero. Aprendían balística practicando tiro sobre cabezas y cuerpos de cerdo a 30 o 40 metros de distancia, mientras que la lucha hoy se desarrolla a una distancia más cercana a los 200 o 300 metros. “¿Para qué nos enseñaban a nosotros cómo quedaban los cuerpos o la ropa cuando le disparábamos de cerca?”, se pregunta él. Asegura que “estas clases están enfocadas en revivir los “falsos positivos”.

Como todos los que no se adhirieron a este proceso y lo expresaron, le salió mal. Le robaron el computador, recibió amenazas y no tuvo otra opción más que huir al extranjero y empezar desde cero.

Otro soldado retirado después de 20 años de servicio me contó varios graves atropellos a los derechos humanos de los cuales fue testigo o tuvo conocimiento mientras estuvo activo. Describió un modus operandi dentro de las unidades para disfrazar estos crímenes como suicidio, cuando no se presentaban como muertos en combate. “Cuando asesinan un soldado por la misma tropa dentro de un batallón no permiten que entre la Fiscalía antes de que modificar las evidencias”, me aseguró. “Todo lo tienen arreglado. Dicen que el muchacho se suicidó porque tenía deudas, porque la compañera sentimental le fue infiel o algo del estilo”. Según él, “cuando un comandante quiere deshacerse de un soldado, buscan en la misma fuerza un asesino que le dé de baja”. Así de sencillo.

¿Cuántas victimas desconocidas en el Ejército?

La lucha de la madre de Óscar Iván Tabares Toro, un soldado de un batallón de contra guerrilla en el Meta dado de baja el 28 de diciembre de 1997, no fue en vano. Este joven que, como Carlos Mora, Jesús Suárez y Raúl Carvajal cumplía un sueño con la carrera militar, rápidamente se desilusionó. En repetidas ocasiones confesó a su familia sobre lo que describió como un maltrato por parte de un teniente. Dos semanas antes de su desaparición le contó a su mamá sobre su posible salida del Ejército porque ya no soportaba más la situación con uno de sus superiores. 

Oficialmente, el soldado Tabares Toro había desertado. La versión de varios de sus compañeros fue muy diferente, ya que lo dieron por muerto, asesinado el mismo día de su desaparición. Con la ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que presentó el caso ante la CIDH, su madre tuvo la satisfacción de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado colombiano por esta desaparición y la falta de investigación, así como por el atentado contra el honor, la dignidad y la protección de su familia. Una decisión notificada el 8 de agosto de 2023.

Hace algunas semanas tuve indirectamente conocimiento de las dudas de la viuda de un sargento oficialmente matado por un franco tirador en el Norte de Santander.  Cuando ella entendió el papel de Álvaro Tamayo Hoyos, el mismo que firmó el documento para el levantamiento del cuerpo de su esposo, durante las audiencias de reconocimiento en el Catatumbo en abril de 2022, sus dudas se hicieron más claras. Por miedo, no quiere declarar aún. Solamente expresó en privado su temor. ¿Cuántos casos así no son investigados?

El interés de los Estados Unidos en el tema

A principios de mayo de 2023, Beth Van Schaack, embajadora de los Estados Unidos para la justicia penal global, se reunió en Bogotá con varios jefes de instituciones y ONG relacionadas con víctimas del conflicto armado, la defensa de los derechos humanos y una organización militar. Tocaron el tema de los “falsos positivos militares”. A pesar de la invisibilidad del tema en la sociedad y en la justicia colombiana, ellos sí saben.

¿Hasta cuándo la justicia colombiana ignorará estos hechos?, ¿cuándo abordará la justicia transicional para la paz este fenómeno?, ¿cuántos años tendrán que luchar las familias de las víctimas para que el pueblo colombiano sepa que más allá de los miles de víctimas civiles, los “falsos positivos” también han causado muertes en las filas de los militares incómodos con esta sórdida práctica?

En Colombia, cada vez más piezas del rompecabezas están dibujando un nuevo escándalo, el de los “falsos positivos militares”, que ha servido de escudo para tratar de encubrir el de los “falsos positivos civiles” actualmente investigado por la JEP.

(1) HRW, El rol de los altos mandos en falsos positivos , 2015, p.12.

(2) Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública.