Con pollo envenenado, abogada sugirió matar a un testigo de ‘falsos positivos’, dice exmilitar: JEP pide investigar

-¿Sabe qué toca hacer, Muñoz? Toca callar a Londoño

-¿Cómo así, doctora? ¿Callar a Londoño? Pero Londoño ya dijo la verdad.

- No, a Londoño toca matarlo

La escena habría ocurrido en una cárcel en el 2014. El sargento del Ejército Nacional Alexander Muñoz Orozco escuchaba con asombro la aterradora sugerencia que su abogada le hacía para que asesinaran al soldado Mauricio Londoño Ardila. ¿La razón? Que Londoño había decidido contar la verdad en relación a casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ que se perpetraron mientras Muñoz y Londoño hacían parte del Batallón La Popa de Valledupar a finales de los años 2000.

Alexander Muñoz Orozco recordó esa escena años después ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

En versión voluntaria del 26 de octubre de 2020, el sargento, ahora retirado, denunció que cuando sus procesos estaban en manos de la justicia ordinaria, la abogada que le pusieron para llevar su caso no solo nunca lo defendió, sino que lo habría presionado para no mencionar a militares de rango más alto ante la justicia. Se refiere a Irma Yasmith Suárez Mariño, una abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Instituciones Jurídico Penales y en Pedagogía en Derechos Humanos.

Muñoz se refiere a la abogada como Jazmín, en vez de Yasmith, y dijo haberla conocido en 2014. En ese momento, el sargento ya no estaba en el Batallón La Popa, sino en el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo en Antioquia, conocido como el BAJES. Un excompañero, el cabo Fonseca, lo llamó para avisarle que estaba detenido y que también lo iban a capturar por el caso de un operativo en el que dos civiles fueron presentados como supuestos integrantes del ELN en 2008.

Según dice, él no buscó la ayuda de la abogada sino que ella fue enviada para “ayudarle”. Le cobró 60 millones de pesos que consiguió luego de vender su casa y se los dio sin firmar documento alguno. Luego, Muñoz dice que junto al sargento primero Rubén Darío Choren se fueron a buscar personas que les iban a servir de “testigos”, para acreditar que las víctimas de ese operativo realmente sí eran parte del Eln. El 6 de mayo de 2014 el militar se presentó a la justicia en Valledupar y quedó detenido.

Ahí empezó un nuevo calvario, relata Muñoz. Él quería hablar con la Fiscalía y contar la verdad, pero la abogada le pidió 13 millones de pesos más para “callar mucha gente” y el militar consiguió el dinero luego de vender su carro. Nada pasó. Muñoz no tuvo conocimiento de los avances de su proceso y, ante el reclamo, se destaparon las cartas: la abogada reprochó que Londoño hubiera hablado y sugirió el homicidio.

En la versión voluntaria, la magistratura le insistió: 

-Magistrado Óscar Parra: Señor Muñoz, solo para confirmar el tema del nombre de la abogada ¿se trata de Irma Yasmith Suárez Mariño?

-Alexander Muñoz Orozco: Mariño, sí, es una chiquitica, gordita, monita.

Muñoz Orozco narró que se opuso desde ese mismo momento a la sugerencia de silenciar a Londoño y dio detalles escalofriantes de la conversación que tuvo con la abogada. Así recreó Muñoz el diálogo en su versión voluntaria: 

-A.M.O: No, doctora, eso sí no.

-Irma Yasmith Suárez: Muñoz, yo voy a comprar un pollo árabe. Yo compro el pollo árabe, usted lo recibe en la guardia y usted se lo lleva a Londoño.

-A.M.O: Doctora, usted puede comprar el pollito y comérselo usted sola, pero yo un pollo envenenado no se lo voy a dar a nadie (...) yo no me voy a meter en más problemas.

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Doctora, usted puede comprar el pollito y comérselo usted sola, pero yo un pollo envenenado no se lo voy a dar a nadie (...) yo no me voy a meter en más problemas.

El relato es creíble porque, más allá de lo pintoresca de la propuesta, la táctica de envenenar la comida de los reclusos ya se ha usado en el país. 

Además, es una macabra ironía: debido a la puesta en marcha de la JEP, los colombianos escucharon de la voz de otro integrante del Batallón La Popa que, como premios por ejecutar vilmente a civiles inocentes, les daban comida. “100.000 pesos y un arroz chino”, relató en 2022 el soldado Yeris Andrés Gómez Coronel.

El sargento (r) Muñoz Orozco le dijo a la JEP que, ante su negativa, la abogada le reveló que defendía al mayor Rubén Briam Blanco Bonilla y al coronel Adolfo León Hernández y que su misión era impedir que ambos militares fueran salpicados. Era 2014, no se había firmado el acuerdo de paz y los casos de las ejecuciones extrajudiciales estaban en manos de la justicia ordinaria.

-I.Y.S: Ay Muñoz, ¿sabe qué? Yo le voy a contar la verdad. Mire, yo estoy defendiendo al mayor Blanco y yo defiendo al coronel Hernández. Ellos dos son mis ahijados.

-A.M.O: ¿Cómo así doctora? Pero venga: ¿Entonces yo en dónde vengo quedando?

-A.M.O: No señor, usted es el que tiene que quedar (sic) acá y usted en ningún momento puede meter ni al mayor ni a Hernández en estos problemas. Usted muy bien sabe que ellos no saben nada.

Muñoz recordó las últimas palabras que le dijo la abogada ese día: “Que si yo hablaba, que me acordara que yo tenía una hija, que me acordara de que yo tengo una esposa y que ella sabía muy bien dónde vivía mi mamá. Fue tan así, que me dio la dirección exacta de mi mamá”.

Esta es la conversación que el militar retirado recuerda y así se la contó a la JEP en su versión voluntaria de octubre de 2020, que hasta el momento se mantenía bajo reserva, y a la que CAMBIO accedió. Esta versión, además, aparece consignada en un auto del 27 de junio de 2025 en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió compulsar copias del testimonio para que la Comisión de Disciplina Judicial investigue a la abogada Suárez Mariño por la gravedad de los hechos mencionados. 

Hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, en el subcaso Caribe la JEP ya ha hecho dos imputaciones a máximos responsables por casos de ‘falsos positivos’ endilgados a integrantes del Batallón La Popa entre enero de 2002 y julio de 2005; y otra por casos entre 2002 y 2008, que relacionan a 19 unidades tácticas que hicieron parte de la Primera División del Ejército.

Por otro lado, en medio de esa labor, la JEP practicó múltiples diligencias y escuchó relatos de presuntas irregularidades cometidas por la defensa de los uniformados cuando estaban en la justicia ordinaria. La compulsa de copias, en poder de CAMBIO, no solo hace alusión al testimonio de Alexander Muñoz Orozco, sino también al del coronel Adolfo León Hernández Martínez, quien aseguró que la abogada Suárez Mariño le habría solicitado dinero, sin tener claro para qué era necesario. 

Además, en decisión del pasado 2 de julio, también en poder de CAMBIO, la JEP compulsó copias a la Fiscalía General por estos mismos hechos.

La abogada niega la versión de Muñoz

Irma Yasmith Suárez Mariño es una abogada con amplia trayectoria como defensora pública adscrita a la Defensoría del Pueblo, entidad en la que dejó de trabajar el 31 de diciembre de 2021. Su último contrato público fue en diciembre de 2024 con la Personería de Bogotá para el “fortalecimiento del ejercicio de prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá D.C.”.

Hoy no tiene sanciones vigentes, pero sí reporta seis suspensiones provisionales en el ejercicio del cargo confirmadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La más antigua se remonta a 2019, por cuatro meses, y la más reciente fue expedida el 26 de abril de 2023, por ocho meses. Esas sanciones tuvieron que ver esencialmente por faltar a los deberes de la profesión como no asistir a audiencias previamente programadas o desatender los procesos a los que había sido asignada.

CAMBIO contactó a la jurista quien negó rotundamente lo sucedido. Al ser preguntada por Muñoz, dijo que no reconocía su nombre. Este medio le leyó a Suárez Mariño las declaraciones dadas por Muñoz, consignadas en el auto de compulsa de copias de la JEP y aseguró que “jamás” mandó a silenciar a nadie. Por un lado, dijo que no sabía quién era el soldado Londoño y anticipó que interpondrá acciones legales.

“Voy a poner una denuncia penal porque no tengo ni idea de qué está hablando ese señor. ¿Usted cree que uno es tan bruto para hacer una cosa de esas? Señor Jesús. Es más, yo puedo reunir a todo el mundo, que yo haya llevado procesos del mayor Blanco, y le dirán yo como me portaba. Eso jamás sucedió”, señaló Suárez Mariño con evidente molestia. La abogada aseguró que nunca fue abogada del coronel Adolfo León Hernández y negó haberle pedido dinero. “Nunca hablé con él”, dijo en diálogo con CAMBIO.

Suárez Mariño primero le dijo a este medio que sí representó al mayor Blanco para unas diligencias en Granada, Antioquia. Luego señaló que lo representó en varios procesos. “Pero yo dejé la defensa de él hace mucho tiempo, inclusive antes que lo detuvieran por ‘falsos positivos’. Con el coronel Hernández nunca me senté a hablar con él”, señaló Suárez, quien agregó que llevó procesos a militares, incluidos dos de integrantes del Batallón La Popa, que quedaron libres y luego cambiaron de abogado.

Además, aseguró que no ha llevado la representación de militares en la JEP. Suárez Mariño aseguró que puede presentar documentación que probaría su actuación cuando representó a militares.

“Dentro de los procesos del mayor Blanco, yo no me acuerdo de haber tenido a un muchacho Londoño ni mucho menos que esta defensa hubiera dicho: ‘No es que hay que matar a alguien’. No conozco ni la casa del mayor Blanco. Cuando íbamos a las diligencias nos pagan viáticos y nos quedamos en un hotel, pero jamás eso”, aseguró la abogada que recordó que los comparecientes no pueden mentir en la JEP ya que eso les puede acarrear la expulsión de esa jurisdicción. 

De otro lado, la jurista señaló que las sanciones que se emitieron en su contra fueron porque, como defensora pública, se le cruzaban las audiencias que tenía asignadas. “Todas fueron por eso, pero de resto nada. Después de eso nos arreglaron y nos dieron un abogado suplente”, dijo Suárez Mariño.

Muñoz pide perdón

Alexander Muñoz dice que no fue capaz de contarle a Londoño lo que había sucedido, pero sí le advirtió que no recibiera nada de la guardia, ningún encargo o encomienda, así se lo hubiera llevado su esposa o familia.

El militar cambió de abogado por sugerencia de la Fiscalía. Luego se enteró de que otros militares supuestamente lo estaban culpando a él y que la abogada Suárez siguió representando al sargento Choren, el que Muñoz dice que lo acompañó a buscar "testigos". Esta declaración es preocupante porque podría evidenciar que los militares con menos rango quedaban sometidos a las disposiciones de sus superiores, aún presos. 

Según Muñoz, Choren y el mayor Blanco hablaban constantemente. Sobre el cabo Fonseca, el excompañero que le avisó que lo iban a capturar, el militar dice que se voló con la esperanza de que le iban a ayudar y que habría terminado asesinado. Muñoz también explicó los obstáculos que tanto él como sus compañeros enfrentaban para contar lo que realmente había sucedido. 

“Nosotros no podíamos involucrar ni a mi coronel Hernández ni al mayor Blanco, que porque esos eran los protegidos de ella, que nosotros nos teníamos que echar la culpa, nos teníamos que echar la culpa nosotros, que ellos algún día nos iban a pagar ese favor. Y entonces ya, estando uno allá adentro…la forma en que intimidaba ella diciendo cosas. (...) Entonces tocaba así, el día que nos llamaran nosotros a rendir la declaración por parte de la Fiscalía, teníamos que decir que si nosotros lo hicimos fue porque nosotros quisimos y en ningún momento ni el mayor ni el coronel sabían de estos hechos”, relató Muñoz a la JEP.

Tras quedar libre, el militar fue sacado del Ejército y ante la JEP ha pedido perdón por las ejecuciones extrajudiciales y señaló que no tuvo el valor suficiente para no cometerlas.

“Sé que no tuve el valor suficiente para pararme y decir que no, que yo no hacía eso, porque fui cobarde y pues yo hice eso. Créame que a mí me duele en el alma, me duele en el alma a mí porque yo sé de dónde vengo y contar una vaina así, es muy dura. Volver otra vez a recordar estos hechos así, sabiendo que uno le ha hecho mal a alguien, esto no tiene perdón de Dios, porque quitarle un hijo a una mamá… yo tengo mis hijos y a mí me dolería que me quitaran mi hijo y así como lo hicimos nosotros”, contó.

Muñoz Orozco y el soldado Londoño están sometidos a la JEP, mientras que el mayor Blanco y el coronel Hernández fueron imputados el pasado 31 de marzo por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en el Batallón ‘La Popa’. Blanco fue oficial de operaciones de esa unidad entre 2007 y octubre de 2008 y llegó a ser segundo comandante en junio de 2009. Fue cuestionado por 28 operaciones militares, que resultaron en la baja de 46 personas. De estas, 31 fueron en realidad asesinadas por miembros del Ejército y reportadas falsamente como bajas en combate. 

El mayor Blanco también fue imputado por la JEP como máximo responsable por casos cometidos por el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo en Antioquia entre 2003 y 2004.

Por su parte, Hernández fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre el 15 de diciembre de 2007 hasta el 19 de junio de 2009, período que precedió su paso por la Jefatura de Derechos Humanos y DIH del Comando del Ejército como director de Seguimiento de Análisis y Seguimiento de Casos en el año 2009. Fue ampliamente exaltado por sus resultados operacionales, llegando a ser reconocido por la Primera División como la “figura del trimestre” y entre esos resultados, están las 22 operaciones militares reportadas bajo su mando, con un saldo de 37 bajas en combate.  De estas, según la JEP, 24 fueron ‘falsos positivos’.