La Contraloría denuncia giros del Icetex a personas discapacitadas que no estaban registradas como tales

Los recursos de los subsidios son finitos y por ello la focalización se utiliza para que lleguen a quienes más los necesitan. Pero no siempre es así. La Contraloría hizo un hallazgo fiscal en el Icetex por 115.512 millones de pesos, que corresponden a créditos de matrícula y subsidio de sostenimiento otorgados a beneficiarios que no cumplían con los requisitos de ser población en discapacidad.

El ente de control explica, que en la modalidad del crédito educativo, para la línea de protección constitucional de población en discapacidad, el Icetex efectuó 10.211 giros, que suman 115.521 millones de pesos, pero solo 147 beneficiaros acreditaron la condición de discapacidad, al encontrarse en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RRLCPD) del Ministerio de Salud.

frase-destacada

Andrey Giovanny Rodríguez, contralor delegado para el sector educación, manifestó: "El Icetex tenía que revisar una base de datos llamada RRLCPD, que tiene los registros de la población en discapacidad, antes de girar los recursos de estos créditos; y omitir este deber legal llevó a que los recursos públicos destinados a esta población fueran entregados a personas que no debían. Después de las alertas de la Contraloría, hace un mes y de manera preventiva, el Icetex suspendió los giros de estos créditos para el segundo semestre”.

La auditoría también encontró que en el programa “Generación E – Componente Equidad”, creado por un convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Icetex, este último hizo 139 giros, que suman 185,9 millones de pesos, a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de puntaje en el Sisbén, y 26 giros, que suman 25,8 millones de pesos, a beneficiarios fallecidos. “En ambos escenarios los giros fueron previamente autorizados por el Ministerio de Educación y se constituyeron en daños al patrimonio público en más de 210 millones de pesos”, aseguró la Contraloría.