¿Por qué el gobierno de Gustavo Petro ocultó las declaraciones de renta de los funcionarios públicos?

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño sostuvieron una disputa en la red X que revivió el debate en Colombia sobre las razones por las cuales ya no se puede acceder a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos, quienes, por ley, están obligados a publicarlas. 

Briceño informó que desde enero intenta conocer el registro de los ingresos y el patrimonio que Gustavo Bolívar ha declarado ante la Función Pública y la Dian, pero ha sido imposible debido a dos actos administrativos relacionados con la protección de los datos personales, emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2022 y 2023. 

Para el concejal se trata de una manipulación de Gustavo Petro a la ley  2013 de 2019, que estableció la obligación a todos los funcionarios de publicar sus conflictos de intereses, así como la declaración de bienes y rentas e impuesto sobre la renta de cada vigencia mientras estén en el sector público. Briceño dice que por ningún motivo las resoluciones expedidas por la SIC pueden pasar por encima de una ley. 

Aunque se habló poco de las resoluciones que emitió la SIC para proteger los datos de los funcionarios, ya se completaron dos años y no ha habido acceso a las declaraciones de bienes y rentas y a los conflictos de intereses de quienes hacen parte de las entidades públicas. 

Por el contrario, pese a que los funcionarios dicen haber cumplido con la obligación de publicar sus documentos en las plataformas previstas para dicho objetivo, ya no se pueden ver, no hay acceso a ellos y solo es posible la consulta completa para la misma Función Pública. 

Los cambios que ordenó la SIC

Cuando el concejal Briceño le preguntó a Función Pública por qué no se estaba cumpliendo con la norma que exige que cualquier servidor hacer pública su declaración de renta, la entidad respondió que, como ya se mencionó, la Superintendencia de industria y Comercio hizo una revisión a través de un procedimiento administrativo para verificar la aplicación de las leyes de protección de datos en dicha obligación. 

Ese procedimiento terminó con la expedición de las resoluciones 6698 del 18 de febrero de 2022 y la 2986 del primero de febrero de 2023, las cuales impartieron ordenes relacionadas con la protección de los datos privados y semiprivados de las personas que hasta ese momento eran sujetas de la obligación de divulgar la información relacionada con el pago de la renta. 

La primera orden estableció lo siguiente: “implementar las medidas de seguridad administrativas y técnicas para anonimizar y/o encriptar dentro del archivo Excel o el archivo PDF no editable que se implemente para el efecto, los datos personales privados o semiprivados para consulta de terceros”. En la segunda resolución se confirmó la decisión pese a que un acto administrativo no puede sobreponerse a una ley. 

Así mismo se pidió “desvincular para la consulta de personas para funcionarios y/o contratistas, el archivo Excel consolidado de información por entidad u otros, solo siendo posible la consulta de información personal individual registrada en el cumplimiento de la ley”. 

En resumen, la SIC concluyó que los datos tratados en el aplicativo de Función Pública son justamente de naturaleza pública, pero también privada y semiprivada, Por eso deben estar sometidos a medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas para evitar su adulteración o pérdida. El problema es que esa entidad también restringió la consulta o el acceso antes autorizado a terceros. 

Sin embargo, Función Pública dice que los sujetos obligados a publicar deben seguir reportando la información y es ese departamento administrativo el que debe garantizar que los datos privados sean reservados. 

A pesar de eso, lo que ahora está pasando es que los trabajadores del Estado sí suben la información pero no se puede acceder a ningún dato, ni siquiera a los no privados o semiprivados. Conocedores de la ley 2013 de 2019 consultados por CAMBIO explicaron que no se está cumpliendo con la obligación establecida en esa norma y que, por el contrario, se le está haciendo el quite, pues, ¿de qué sirve que la información repose en el aplicativo si ya nadie la puede consultar para hacerle veeduría? 

“Con la excusa de que se deben proteger los datos privados, se encontró la forma con la que los funcionarios pueden ocultar una información que es de interés público. Si el propósito es proteger temas vulnerables, se pueden publicar las declaraciones tapando aquellos datos que representen riesgo. Pero no, aquí se está ocultando toda la declaración y los conflictos de intereses en una clara violación a la transparencia institucional”, dice una fuente informada.

La pelea del concejal Daniel Briceño llegó a un tribunal 

En medio del debate sobre la divulgación de las declaraciones de renta, el gobierno ha dicho que solo un juez puede, con un derecho de petición, solicitar estos documentos con toda la información. 

Por eso el concejal Daniel Briceño interpuso una tutela para pedir, por esa vía, que el director del DPS, Gustavo Bolívar, la entregara o, por lo menos, la hiciera pública. La solicitud vía judicial fue aceptada en primera instancia pero Bolívar la impugnó. 

Fue entonces cuando el proceso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió el recurso ordenando al Departamento de Prosperidad Social que en un término de diez días compartiera la copia de la declaración juramentada de bienes y renta, así como la última declaración de renta presentada ante la DIAN por el director de esa entidad en el momento de posesionarse en el cargo. 

A pesar de eso, el director del DPS, Gustavo Bolívar, sigue sin compartir el documento y, según Briceño, ahora entuteló al magistrado del tribunal que tomó esa decisión con el argumento de que publicar su declaración vulnera el derecho al debido proceso. 

Por otro lado, desde mayo de este año, Briceño radicó una acción de cumplimiento ante un juez administrativo de Bogotá con el que busca que el gobierno del presidente Gustavo Petro vuelva a publicar todas las declaraciones de renta de los funcionarios y servidores públicos del país.

¿Por qué quieren conocer la declaración de renta de Gustavo Bolívar? 

La razón por la que ahora el concejal del Centro Democrático quiere conocer detalles de la declaración de renta de Gustavo Bolívar correspondiente a la vigencia 2023 tiene que ver con una transacción que hizo el director del DPS en Estados Unidos, que para Briceño debió ser reportada en Colombia. 

Y es que Gustavo Bolívar transfirió el 50 por ciento la propiedad de una casa en Miami a su hijo Santiago Bolívar. Esa operación debe estar declarada por ser en Colombia un residente fiscal. 

¿Qué responde Bolívar? 

El exsenador y ahora director del DPS le salió al paso a la información y respondió que dicho traspaso lo hizo para que su hijo, “en calidad de ciudadano americano, gestionara una hipoteca para poder pagar las múltiples deudas que me ha dejado mi paso por la política entre ellas a la DIAN en Colombia a la que pagué cerca de 4.000 millones es en dos acuerdos de pago consecutivos”.
 
Además, aclaro que: “mi hijo hizo la hipoteca por 1.69 millones de dólares, porque yo no podía hacerla y apenas la hizo le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50 por ciento. Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la DIAN. Desde junio la casa se puso a nombre de una empresa de la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales”.

Sobre la divulgación de su declaración de renta, Bolívar dijo que ya está publicada en la plataforma SIGEP de acuerdo con la ley 2013 de 2019 la cual obliga a los altos directivos del Estado a hacerlo, garantizando así los principios de publicidad y transparencia.

No obstante, en el extenso mensaje que publicó en su cuenta de X, también dijo que "si lo que quiere el concejal es el detalle de la declaración, como lo pide en una tutela pues empecemos. Al día siguiente a que me obliguen hago mil derechos de petición para pedir una a una cada declaración de renta detallada de cada miembro del CD y de cambio radical. De cada congresista y expresidente. Quedo listo a abrir la caja de Pandora porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar esa persona soy yo". 

En diálogo con CAMBIO, Gustavo Bolívar insistió en que sus declaraciones están todas en el SIGEP pero explicó que le puso una tutela al magistrado porque se le está exigiendo el detalle de cada propiedad y cada bien que él posee y eso es "muy peligroso". No obstante, hay que decir que la declaración, aún sin el nivel de detalle que menciona el director, no ha sido divulgada en ningún canal.