
Ministerio de Trabajo solicitó a la Cancillería coordinar acciones frente a las denuncias de funcionarios de la ONU
Crédito: Foto ilustración: Yamith Mariño
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La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le envió una carta al canciller, Álvaro Leyva, en la que le solicita activar canales diplomáticos con el fin de corroborar la efectividad de los mecanismos internos de la ONU para hacerse cargo de las múltiples denuncias de acoso laboral.
Por: Juliana Ramírez

El pasado 21 de mayo, CAMBIO público un informe en el que 12 empleados y exempleados del Pnud denunciaban a Alejandro Pacheco, residente adjunto del Pnud en Colombia, de acoso laboral, abuso de poder, microagresiones y actos misóginos. Después de ello, llegaron una serie de acusaciones de otras agencias de Naciones Unidas que evidencian dos cosas: que el comportamiento de Pacheco es sistemático en otros jefes de la organización y de que la ONU, pese a saber estos abusos, no los frena.
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En la mañana de hoy, primero de junio, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, envió una carta al canciller, Álvaro Leyva, solicitándole actuar en estos casos. El asunto de la misiva es: Presuntas situaciones de acoso laboral en distintas agencias de la ONU.
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“En cumplimiento de nuestra misión, de contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos, garantizar el derecho al trabajo decente, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social de nuestro país, acudo a sus buenos oficios, para que se activen los canales diplomáticos pertinentes con la Organización de las Naciones Unidas…”
La jefe de cartera le dice a su colega de gabinete que es necesaria una sesión interministerial con dirigentes de la ONU, “cuya finalidad sea la activación efectiva de mecanismos internos para la protección de los derechos laborales que presuntamente se están vulnerando, conforme con las distintas denuncias que ha hecho CAMBIO”.
La carta finaliza instando al canciller que, conforme con lo establecido en convenios internacionales y la jurisprudencia del país, que ya ha dejado precedentes en el sentido de que la inmunidad diplomática de los funcionarios de la ONU tiene restricciones, se realice una intervención.
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