Mocoa y la incertidumbre: polémica por fallo que revive la minería en el municipio

En Mocoa reina la incertidumbre. Tras la avalancha de 2017, que cobró la vida de 335 personas, uno de los logros de la capital del Putumayo fue el acuerdo municipal 020 del 6 de diciembre de 2018, para frenar la mediana y gran minería en el casco urbano y sus alrededores. Un hito para esta ciudad que es bañada por varios ríos y tiene un largo historial de minería de cobre y molibdeno.

Lo que sus habitantes no esperaban era que el mismo Gobierno, que prometió ayudas y que no ha sido capaz de reconstruir a plenitud los daños producidos por la avalancha, fuera el que, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuestionara el acuerdo que, de manera expresa, prohibió las actividades mineras para garantizar “la defensa del patrimonio ecológico y cultural”.

La prohibición de la minería

La prohibición incluyó la prospección, exploración, construcción, montaje y transformación de metales y minerales. La decisión política del acuerdo se justificó para proteger el medioambiente después del aumento del caudal de varias quebradas y de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, que sumieron a la ciudad en el dolor en 2017. Es decir, Mocoa determinó que debía evitarse el deterioro ambiental a toda costa y proteger el suelo para prevenir futuras tragedias.

La decisión del municipio tuvo un impacto concreto en la empresa canadiense Libero Copper, registrada en Colombia como Libero Cobre Ltda, que tiene cuatro títulos para la extracción de cobre y molibdeno en un área que incluye el valle del río Mocoa. Esta compañía compró en 2018 el proyecto inicialmente concedido entre 2006 y 2008 a la multinacional británica Anglo American, que había creado para su operación a la Sociedad Mocoa Ventures Ltda.

Esos títulos están en una zona montañosa, donde hay múltiples fuentes hídricas, relativamente cerca del casco urbano.

Un elemento clave es que, si bien el acuerdo estaba rigiendo, la ANM lo demandó en 2019 y la empresa Libero Cobre empezó a buscar espacios con el fin de adelantar trabajos de exploración superficial a pesar de la prohibición, y para “socializar” su proyecto. Solo fue hasta el 5 de agosto de 2021 que la ANM suspendió las obligaciones que tenía la compañía, por el plazo de un año (hasta julio de 2022) sobre esas concesiones mineras.

Aun así, Libero Cobre dio a conocer en octubre de 2021 que iba a iniciar la prospección geofísica del Proyecto Mocoa, parte de los estudios preliminares antes de la fase de exploración. Los habitantes y las ONG repudiaron ese hecho, y Corpoamazonia le recordó expresamente a Libero Cobre que no podía hacerlo. Incluso, el 26 de enero de 2022, el alcalde de Mocoa, Jhon Jairo Imabachi, le solicitó lo mismo, teniendo en cuenta, además, que para ese momento el Consejo de Estado había negado la petición de suspender de manera provisional la prohibición de minería.

De hecho, así se lo hizo saber la Alcaldía al Consejo de Estado en 2022 mediante un memorial, en el que indicaron que estaban recibiendo denuncias de actividades ilegales.

Es más, el 31 de marzo de 2022, Corpoamazonia determinó que los cuatro títulos mineros otorgados se traslapan con ocho áreas protegidas: la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa, humedales, bosques naturales remanentes, bosques en riesgo de deforestación, el complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, el Área Forestal Protectora, rondas hídricas y áreas de importancia estratégica.

Días después, Corpoamazonia impuso una medida preventiva de suspensión de actividades en contra de Libero Cobre porque estaba talando bosque sin permiso, entre otros.

La Cuenca Alta del Río Mocoa es el punto de nacimiento de múltiples ríos que abastecen a Mocoa y al departamento. Lorena Bermúdez Rodríguez, quien hace parte de la Corporación Casa Amazonia, le dijo a CAMBIO que varios de los acueductos se alimentan de esos ríos.

"El río Mocoa desemboca en el río Caquetá que recorre todo el Putumayo y luego ya termina en el Amazonas. Es decir, no es un problema de Mocoa, sino de la Amazonia. Los estudios después de la avalancha arrojaron que las montañas de Mocoa son muy jóvenes, hablando geológicamente, y cualquier tipo de intervención va a generar mayor inestabilidad", precisó.

El Consejo de Estado acaba de tumbar el acuerdo

En decisión conocida por CAMBIO y luego de varios años en trámite, el Consejo de Estado acaba de anular el acuerdo aprobado por el Consejo de Mocoa prohibiendo la minería. El alto tribunal avaló los argumentos de la ANM que decía que el acuerdo violó tanto la Constitución como el Código de Minas porque los entes territoriales no tienen entre sus facultades la regulación de los asuntos del subsuelo y los recursos naturales no renovables, por lo que no pueden con una norma legal prohibir la minería.

En sentencia de 39 páginas, el Consejo de Estado dijo que, aunque las entidades territoriales sí pueden limitar dentro de sus jurisdicciones las actividades mineras y crear zonas de minería restringidas, realmente “no existe un poder de veto de las autoridades locales sobre el uso del subsuelo ni sobre la posibilidad de explotación de los recursos mineros en su territorio, que fue lo realmente decidido”.

La decisión señala que la prohibición absoluta de la minería por parte de los municipios “no es una alternativa considerada ni subyace en los mandatos consagrados en la Constitución Política y la ley (…) Además, la interpretación y alcance de los contornos en que se desarrolla el principio de autonomía no puede llevar a excluir y desconocer las instituciones y las reglas de competencia del sector central, al que corresponde planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables así como determinar las condiciones para su explotación”.

En pocas palabras, el fallo señala que las autoridades locales no solo no pueden prohibir de manera absoluta la minería porque no “pueden impedir ni obstruir decisiones cuyo ámbito de competencia se encuentra en la esfera nacional, aun cuando les asista el derecho de velar, con ocasión de los efectos de la actividad minera, por la defensa de los recursos naturales, la conservación del medioambiente y la integridad de su desarrollo económico y social”.

Y señala que el Consejo de Mocoa no justificó realmente los posibles daños que produciría la minería ni portó ningún infirme sobre las actividades mineras en el municipio “ni la relación de estas con los hechos del 31 de marzo de 2017”. Es decir, aunque Mocoa decidió prohibir la minería tras la tragedia de 2017, el Consejo de Estado dice que no está probado la relación de esa avalancha con actividades extractivas y asegura que lo que pasó ese día tuvo origen en la creciente de las quebradas y de tres ríos.

“La entidad demandada no allegó ni solicitó pruebas para acreditar lo anterior, como tampoco presentó elementos de juicio para afirmar la falta de idoneidad de la normatividad –en materia minera y de licenciamiento ambiental– para asegurar la protección del medioambiente y de los intereses locales en el caso concreto del municipio de Mocoa”, dice el fallo.

"No se puede proteger la Amazonía permitiendo la gran minería en la puerta"

CAMBIO habló con representantes de ONG que llevan años velando por la protección del medioambiente en Mocoa que se manifestaron en desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado y que temen que otra tragedia pueda llegar al municipio si se pone en marcha la minería en sus alrededores.

Lorena Bermúdez de la Corporación Casa Amazonia, calificó de incongruente hacer actividades que vayan en contra de las realidades geográficas de un municipio que buscó proteger el territorio. “Mocoa está entre la transición entre la cordillera Andina y la llanura amazónica. Hay que saber y comprender qué es lo que hay allí. Cuando hablamos de proteger la Amazonia, eso también implica protegerla desde este punto de partida”, dijo.

Bermúdez indicó que si bien Libero Cobre como tal ingresó a la zona en 2019, las actividades de exploración minera se vienen haciendo hace años y eso permitió hallar oro, cobre y molibdeno. “Si bien el discurso de la empresa se especifica en el cobre, en realidad lo dejaron abierto a explotar los otros metales que están allí”, indicó.

Los representantes de las organizaciones manifestaron que están analizando las vías jurídicas necesarias para buscar la prohibición de la minería nuevamente y creen que se debe hacer una discusión sobre la autonomía de los municipios y la descentralización en Colombia.

Kristina Lyons, doctora en antropología, es una reconocida investigadora de Estados Unidos que lleva más de 20 años trabajando en Colombia y es representante de Colectivos Ríos y Reconciliación indicó que si el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual habla de hacer un reordenamiento territorial alrededor del agua, es una contradicción la situación en la que queda Mocoa con el fallo del Consejo de Estado.

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“Aquí estamos hablando no solo del territorio andino donde nacen las afluentes del río Amazonas, sino que es parte del Macizo Colombiano. Estamos en la estrella fluvial de Colombia. Si vamos a ordenar el territorio alrededor del agua, sería importantísimo proteger las más importantes fuentes. Tanto que se habla de conservar la Amazonia, pero no la vemos con claridad”, agregó.

Lyons aseguró que hay más de 23 solicitudes de títulos mineros para la zona y, a su juicio, es “peligrosísimo” que se avale la minería en el piedemonte amazónico. “No se puede proteger la Amazonia permitiendo la gran minería en la puerta de la Amazonia, en la zona de transición que es un corredor ecológico para tantas especies y en donde hay territorios indígenas”, señaló.

A este reclamo se han sumado, además, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana y José Fernando Proaños de la acción comunal de Mocoa y secretario de Medioambiente de la Federación Comunal de Putumayo, quien aseguró que los reclamos se han puesto de presente a la Alcaldía y la Gobernación, entre otros.

Natali Jiménez, representante de la Asociación Amazona, aseguró a CAMBIO que la presencia de la multinacional estaría generando afectaciones en el tejido social de Mocoa desde su punto de vista. “Le regalan cosas a la gente, le patrocinan encuentros para que pueda –en consulta previa– aceptar su presencia en los territorios. Están prometiendo bonanzas y la gente se lo cree”, dijo.

La empresa, que publica en redes sociales su participación en eventos con la comunidad, insiste en que su Proyecto Mocoa no incluye las zonas protegidas y aún no se ha pronunciado sobre la decisión del Consejo de Estado y las implicaciones que tiene esta puerta que se abre para el proyecto en curso.