Piden regulación para que no haya discriminación a las mujeres en procesos laborales

"Llegué allá a la empresa y me hicieron la prueba (de embarazo). Para mí eso era terrible porque uno (decía): 'que tal esté embarazada y a uno no le den el puesto, ¡no!'”. Este testimonio de una mujer de 51 años, soltera, con educación de posgrado y docente de un colegio hace parte de una investigación sobre la discriminación en contra de los trabajadores que tienen responsabilidades familiares que hicieron las expertas de la Universidad de los Andes Natalia Ramírez-Bustamante y Paola Camelo-Urrego, quienes han publicado varios estudios sobre la relación entre el trabajo de cuidado y la participación de las mujeres en el mercado laboral.

La abogada Ramírez-Bustamante incluyó ese testimonio, entre muchos otros, en un escrito que le envió como codirectora del proyecto Digna de la Universidad a la Corte Constitucional que debe pronunciarse pronto sobre la Ley 2305 de 2023 con la cual el Congreso finalmente aprobó el Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Ese Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) busca equiparar la situación para esas personas que no solo deben llegar a la casa a seguir trabajando en el hogar, pero que también cuidan de familiares enfermos, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, entre otros.

La Corte debe decidir si ratifica este convenio, para que pueda ponerse en marcha, y que se convierta en un instrumento legal más para las personas que hacen esas labores de cuidado, especialmente mujeres, pero también hombres. El punto de la investigadora Ramírez Bustamante es poner la discusión sobre las discriminaciones que tienen que enfrentar las mujeres en toda la fase previa a un contrato que son tantas, que, en su criterio, es hora de poner este tema en cintura y buscar una regulación.