Por doble militancia, varios gobernadores enfrentan demandas contra su elección

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya tiene su primer lío jurídico: Luis Pérez, uno de sus contendores en la campaña regional del año pasado, demandó la elección de Rendón con el argumento de que en la contienda hubo ‘juego sucio’. Según Pérez, en su contra hubo violencia psicológica porque fue presentado ante el electorado como el candidato del presidente Gustavo Petro, sin serlo. Así, los antioqueños fueron engañados.

Ese reclamo fue admitido, para revisarlo, por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Tras las posesiones de los nuevos gobernadores, el alto tribunal ya tiene en sus manos demandas en contra de la elección de varios de los mandatarios regionales, por lo que no solo será Rendón el que deberá defenderse ante los estrados judiciales.

El caso de Córdoba

El Consejo ya admitió para estudio una demanda que presentó Julio Mizger Díaz en contra de la elección de Erasmo Elías Zuleta Bechara como gobernador de Córdoba, por supuesta doble militancia.

La demanda dice que Zuleta Bechara se presentó por la coalición ‘Córdoba Pr1mero’, que conformaron el partido Conservador, el Liberal, Colombia Renaciente, el Partido de la U y el MAIS; pero que en la campaña manifestó su apoyo a Carlos Mario Manzur para la alcaldía de Lorica, a pesar de que este último hacia parte de otra coalición en la que no estaba el Partido de La U.

El recurso señala que, por esa misma razón, el señor Marxio Padilla había puesto una queja ante el Consejo Nacional Electoral, que buscó dejar sin efecto la inscripción como candidato de Zuleta Bechara. La petición, sin embargo, fue negada en septiembre del año pasado. Zuleta aún no se ha pronunciado sobre este alegato, pero deberá hacerlo en próximos días, así como el CNE y la Procuraduría.

En Magdalena no escampa

Otro gobernador demandado es Rafael Alejandro Martínez, de Magdalena, quien es parte del partido Fuerza Ciudadana. El abogado Hernando Zabaleta asegura que su elección debe ser anulada por doble militancia porque en campaña, supuestamente, apoyó, para el concejo de Santa Marta y la asamblea departamental, a candidatos que eran del partido de La U, a pesar de que Fuerza Ciudadana tenía sus propias listas de aspirantes.

La demanda dice la candidatura de Martínez fue apoyada directa y exclusivamente por Fuerza Ciudadana, y afirma, citando medios de prensa, que el actual Gobernador habría “gestionado” 192 contratos de prestación de servicios con entidades del orden departamental en los 12 meses antes de la elección, lo cual es una de las causales de inhabilidad para aspirar a un cargo de elección popular.

“Haber gestionado 192 contratos de prestación de servicios en la Alcaldía de Santa Marta, como lo hizo Rafael Martínez, le generó un provecho injustificado en desmedro de los demás candidatos a ocupar el cargo de Gobernador, máxime cuando estos contratos se ejecutan en la ciudad capital del departamento del Magdalena”, dice el recurso que pide suspender de manera provisional a Martínez del cargo.

En este caso, el magistrado Luis Alberto Álvarez decidió pedir tanto a la defensa de Martínez, como al CNE y a la Procuraduría que se pronuncien sobre la petición de suspender al gobernador, antes de entrar a analizar si admite o no la demanda. Martínez contrató como abogado  Alberto Yepes Barreiro, quien fue magistrado del Consejo de Estado y quien es experto en temas electorales.

Yepes ya pidió negar el pedido de suspender a Martínez del cargo indicando que no es cierto que este haya apoyado a candidatos de otros partidos y que el video que supuestamente permitiría probarlo no es claro, ni se tiene certeza de su origen,

“Efectivamente y aunque de acuerdo con las experticias técnicas preliminares hechas al video y que se aportan al presente proceso, éste fue editado, hallándose en ciernes su autenticidad, lo cierto es que mi representado, según lo aportado al proceso, solo expresa su pregunta al público por quién quieren votar y no hay respuesta entendible ni audible del público que de certeza y veracidad de las afirmaciones hechas por el actor”, indicó.

Sobre la supuesta inhabilidad derivada de la intervención de Martínez, quien fue alcalde de Santa Marta, en procesos de contratación, el abogado Yepes asegura que la única prueba que aportó el demandante fueron noticias de prensa, sin evidencias sobre lo que se afirma.

“Refuerza lo anterior en el hecho cierto de que, en la demanda, no se especificó en qué consistieron las “gestiones” que presuntamente mi representado realizó al efecto. Las afirmaciones del acto no pasan de ser puras y vanas apreciaciones subjetivas, que carecen de respaldo probatorio puesto que, no obran en el plenario, medios de pruebas serios y pertinentes que respalden tales aseveraciones”, agregó.

Las sospechas en Boyacá

El Consejo de Estado también está estudiando una demanda contra la elección de Carlos Andrés Amaya, así como una solicitud para suspenderlo provisionalmente del cargo, que presentó el abogado José Amelio Esquivel Villabona.

Según el Esquivel, Amaya incurrió en doble militancia porque cuando se inscribió como candidato supuestamente pertenecía al Partido Dignidad y al Partido Alianza Verde al mismo tiempo. La demanda dice que Amaya renunció a Dignidad el 6 de abril de 2022, pero que el 27 de julio de ese año presentó un informe definitivo de relación de ingresos y gastos de campaña como candidato del Partido Dignidad.

Eso implicaría, dice la demanda, que Amaya seguía siendo parte de Dignidad el 28 de julio de 2023, cuando se inscribió como candidato a la Gobernación por la Alianza Verde. La defensa del gobernador, por su parte, afirma que esto no es cierto porque él sí renunció y su vínculo con Dignidad quedó eliminado el 6 de abril de 2022.

“Es inviable que se considere que está incurriendo en doble militancia, porque cualquier vínculo con esa colectividad quedó quebrantado desde ese mismo momento en que dimitió y, si bien, con posterioridad a esa fecha se presentó el informe de gastos ante el Consejo Nacional Electoral, ello no implica, per se, que mi poderdante funja como militante activo de dicho partido político, como erradamente pretende hacerlo notar el demandante”, indicó John Fredy Álvarez, abogado de Amaya.

Los líos en Chocó, Arauca y Putumayo

La elección de la Gobernadora del Chocó Nubia Córdoba Curi la demandó el excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, también por supuesta doble militancia. En este caso se alega que Córdoba, del partido Liberal, habría apoyado a una candidata a la alcaldía del municipio de Medio Atrato que era del partido Colombia Renaciente.

Las pruebas de ello serían una publicación en Facebook atribuida a Córdoba en la que esta invitaba a votar por Graciela Moreno, en vez de por Yair Cuesta, que era el candidato del partido Liberal. La demanda apenas fue admitida para estudio y la gobernadora no se ha pronunciado.

También por doble militancia fue demandada en Arauca la elección de Renson de Jesús Martínez, del Partido Liberal, quien suscribió un acuerdo de coalición con el Partido de La U, el Conservador, la ASI y la Alianza Verde. Según la demanda que estudia el Consejo de Estado, Martínez habría apoyado a José Alí Domínguez para la alcaldía del Tame, cuando el partido Liberal había acordado apoyar a Miguel Ángel Bastos.

Y señala que lo mismo habría pasado con cinco candidatos más. “En diversas ocasiones, en múltiples actos públicos y privados previos y concomitantes a la realización del certamen electoral, el ciudadano Renson de Jesús Martínez Prada estuvo de forma recurrente, amplia, abierta, reiterativa e indisciplinada respaldando de forma expresa a candidatos a las Alcaldías de los municipios y una candidata a la Asamblea Departamental, todos ellos distintos a los avalados por su Partido Político a los respectivos cargos de elección popular”, afirma la demanda.

La elección de Carlos Andrés Marroquín Luna como gobernador del Putumayo fue demandada por Daysy María Jimenez Ruiz, quien alega que este incurrió en doble militancia en la campaña porque estaba avalado por la coalición ‘Somos la Fuerza de la Gente’, del partido de La U, y por el Partido ‘La Fuerza por la Paz’, pero apoyó a candidatos del concejo de otros movimientos políticos.

“No obstante y como se aprecia en el video y fotos aportadas como material probatorio, el señor Carlos Andrés Marroquín Luna durante el lanzamiento de campaña del candidato a la Alcaldía del Municipio Valle del Guamuez (La Hormiga) realizo manifestaciones de apoyo positivo y concreto a los candidatos al concejo de este municipio por el partido político Dignidad y Compromiso”, indica la demanda.

El Consejo de Estado también está revisando una demanda en contra de la elección de Rafaela Cortés Zambrano, como gobernadora del Meta, también por supuesta doble militancia, ya que se inscribió a nombre de la coalición política ‘Fe y Firmeza’, pero habría apoyado en Facebook a un candidato a la alcaldía de Puerto López inscrito por la Alianza Verde.