Referendo para autonomía fiscal atizará fractura entre Rendón y Petro

Al volver la vista atrás, los resultados de las elecciones regionales de octubre de 2023 fueron una bocanada de oxígeno para los detractores del presidente Petro, al observar que, en departamentos y ciudades clave, habían triunfado figuras dispuestas a ponerle obstáculos a él, en particular, y al Pacto Histórico, en general.

Así fue. Este 1° de enero cumplió un año al frente del departamento de Antioquia el rionegrero Andrés Julián Rendón Cardona, de 46 años, un auténtico uribista que sedujo al electorado con la promesa de recuperar el departamento “construyendo un muro de contención contra el Petro-Quinterismo”, en alusión al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Durante este año, Rendón ha mantenido un pulso abierto con el presidente. Las diferencias incluyen la financiación de obras clave para el desarrollo del departamento, el manejo de la Universidad de Antioquia y hasta la paz total.

Este año que se inicia no traerá tregua. Al contrario, en el horizonte se vislumbran más diferencias. Precisamente, con las fiestas de Navidad y Año Nuevo pasó a un segundo plano el primer paso para la realización del referendo que busca la autonomía fiscal en las regiones, cuyo promotor es Rendón.

A finales de 2024, la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió 3,3 millones de firmas, recolectadas en los últimos meses, y ahora arranca el proceso para revisar las rúbricas y dar una respuesta sobre su validez. Esta tarea será rápida: unos 45 días.

'Propuesta desigual, inequitativa y peligrosa'

El tema es complejo y de consecuencias imprevisibles. No sólo porque el número de firmas no es para nada marginal, sino porque se cruza con la reforma al Sistema General de Participaciones, mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).

Esta reforma sí cuenta con el aval del presidente Petro y fue una de las metas que se propuso alcanzar el ministro Juan Fernando Cristo con el apoyo de senadores como Ariel Ávila (Alianza Verde), quien ahora rechaza categóricamente la propuesta de Rendón.

Para Ávila, el abandono de las regiones es inmenso, por lo que es necesario actuar de inmediato, pero no de la manera en la que está proponiendo Rendón, quien, según él, lo hace de forma “insolidaria”.

El catálogo de calificativos de parte de Ávila contra el referendo es variado. Dice que es “desigual, inequitativo y peligroso”. En su cuenta de X, señaló que esta propuesta podría profundizar las desigualdades territoriales y condenar a las regiones más vulnerables, como Chocó y La Guajira, a un estancamiento histórico. “Esta iniciativa profundizaría el apartheid geográfico de Colombia y condenaría la mitad del país a la edad de piedra”.

A él se suman otras voces que ven con alarma esta iniciativa. Humberto de la Calle, senador independiente, considera que el referendo perpetuaría las desigualdades territoriales al beneficiar únicamente a los departamentos más desarrollados.

Según él, “la tesis de que ningún departamento tendrá menos ingresos es un sofisma. En realidad, los territorios con mayores recursos serían los únicos favorecidos. En vez de cerrar brechas, las abre y las perpetúa en forma geométrica”.

Petro advierte de aumento de la violencia

En esta misma línea está el presidente Petro. Su argumento es que este profundizaría las desigualdades regionales, ya que sólo dos territorios, Bogotá y Medellín, podrían ajustarse a la autonomía fiscal debido a su alto aporte a la economía del país.

“Hay que advertir que, si los departamentos pudieran administrar los impuestos de renta y patrimonio, sóslo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín”, dice el primer mandatario.

Para el jefe del Estado, en estos lugares “se recauda la mayor parte del impuesto de renta”, por lo que implementar esta reforma derogaría los avances recientes en la redistribución de recursos logrados con la reforma al sistema de transferencias aprobada por el Congreso.

El presidente también advirtió sobre las implicaciones de esta propuesta en términos de seguridad: “Tendríamos básicamente un ejército y una policía sólo en Medellín y Bogotá; el resto de los departamentos no tendrían cómo financiar su propia fuerza pública. Al aumentar la desigualdad regional, aumentaría la violencia”.

La defensa del gobernador de Antioquia

En la acera del frente está el gobernador Rendón, quien dice que ello permitiría a los departamentos duplicar, o incluso triplicar, los ingresos que actualmente reciben a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Según el mandatario departamental, Antioquia podría pasar de recibir 6 billones de pesos a 9 billones, aunque aún estaría por debajo de los aproximadamente 14 billones que se generan en el departamento.

El gobernador se muestra crítico de la dependencia de las regiones respecto a las transferencias nacionales: “Contrario a lo que dice Petro, es muy probable que el Gobierno termine quedándose sólo con los bienes públicos de vocación nacional: seguridad y defensa, relaciones internacionales, justicia y manejo de la macroeconomía. En los demás frentes, departamentos y municipios harán un mejor trabajo”.

Los promotores del referendo están entusiasmados por el número de ciudadanos que los respaldan. Según sus cuentas, la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió el pasado viernes 27 de diciembre de 2024 un total de 3,3 millones de firmas recolectadas durante los últimos meses del año. 

El objetivo de esta propuesta, dicen, es reformar la Constitución para permitir que las regiones gestionen directamente los impuestos de renta y patrimonio que se generan en sus territorios. 

Consideran que esta reforma es esencial para garantizar una mayor equidad en la distribución de recursos y fortalecer la independencia fiscal de las regiones. Además, proponen que aquellos departamentos con menor desarrollo empresarial, como Chocó, Guainía y Vaupés, reciban rentas superiores a las actuales mediante la creación de un fondo de compensación que será reglamentado por ley.

Según Juan Guillermo Zuluaga, vocero del comité promotor del referendo, esta iniciativa busca que “las regiones asuman los recursos y las funciones que les corresponden”. Para él, “no se pueden seguir tomando decisiones desde un escritorio frío en la capital, desconociendo las realidades del Amazonas, La Guajira o Putumayo”.

“Este no es sólo un cambio técnico: es una apuesta por la equidad y el desarrollo de nuestras regiones. Las decisiones deben tomarse desde los territorios, con los recursos que ellos mismos generan”, dice.

“Lo que se recaude en las regiones debe quedarse allí, sin intermediación del Gobierno central”, señala a su turno el exministro de Justicia Wilson Ruiz, otro de los promotores, para quien la propuesta no implicará una disminución de recursos para ningún departamento, sino que busca aumentar los presupuestos locales hasta en un 50 por ciento.

Del entusiasmo a un intrincado proceso

Aunque entre los integrantes del comité promotor hay entusiasmo porque se superó el umbral legal de 2 millones de firmas necesarias para iniciar el proceso y se puso una vara alta de 3,3 millones, el camino que se divisa no se despejado.

No sólo porque ahora corresponde a la Registraduría evaluar la autenticidad de estas firmas –en un plazo mencionado de 45 días–, sino que, en caso de ser validadas, el proyecto será remitido al Congreso de la República, donde se debatirá su viabilidad.

Si obtiene el visto bueno legislativo, deberá pasar a revisión de la Corte Constitucional, que determinará si la iniciativa se ajusta a los principios de la Constitución Política de Colombia. 

Finalmente, de ser aprobada en estas instancias, corresponderá al presidente convocar el referendo para que los ciudadanos decidan, en las urnas, en 2025.

Todo esto se cruzará con un año en el que, en la práctica, la campaña política copará la agenda pública. Y en el que resulta muy complejo que el presidente Petro lo 'amarre' para que se realice en 2026, un año en que su proyecto político tendrá su prueba de fuego.

Lo que sí es una certeza es que este será un elemento más de discusión entre el gobernador de Antioquia y el presidente de la República. Para algunos, entre Petro y uno de los escuderos de Álvaro Uribe Vélez. Eso significa sólo una cosa: los dos máximos antagonistas de la política de Colombia de los últimos 25 años tienen otro elemento para discutir.