¿Se "despolitizarán" la Procuraduría y la Contraloría? Esta es la apuesta que llegó al Congreso

Justo cuando la carrera por la Procuraduría está por llegar al Senado y los candidatos empiezan a buscar el apoyo de los parlamentarios, el representante Cristian Avendaño, del Partido Alianza Verde, radicó dos proyectos de acto legislativo que pretenden modificar los procesos de elección de los jefes del Ministerio Público y la Contraloría. 

Actualmente, el Senado tiene la misión de elegir al procurador general de una terna conformada por un candidato del presidente, otro de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado. Además, el contralor debe ser elegido con mayoría absoluta por el Congreso en pleno. 

Eso ha llevado a congresistas y a expertos a asegurar que el modelo de elección permite una política transaccional entre el Congreso y las entidades. “Los colombianos están cansados de la política tradicional, transaccional y de la corrupción. Con estos proyectos realmente luchamos contra la corrupción. Queremos construir una Contraloría y una Procuraduría que realmente sirvan al país, operando con independencia y sin presiones de los gobiernos de turno”, aseguró Avendaño. 

También está sobre la mesa la discusión frente a si las decisiones de esas entidades pueden estar mediadas por “clientelismo”. En febrero de este año, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció que en la administración de Margarita Cabello en el Ministerio Público se han tomado decisiones en favor de varios clanes políticos. 

¿Cómo quedará la elección?

Entonces, una de las apuestas del representante Avendaño —y 11 congresistas más que firmaron los proyectos— es que el Congreso no sea el encargado de elegir esos cargos. 

El primer proyecto modifica los artículos 173 y 276 de la Constitución, para que el proceso de elección del procurador esté a cargo del Consejo de Estado. “Será elegido mediante la realización de un concurso público y abierto de méritos. Se verán garantizados los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género. El mérito deberá ser el criterio preponderante en la elección”, reza la modificación del artículo. 

Además, se prohíbe la reelección y que quienes hayan sido procuradores puedan estar en cargos directivos en organizaciones políticas, en cargos de elección popular, ser directivos en la rama ejecutiva, magistrados del Consejo de Estado o ser fiscal general en los cinco años inmediatos a su salida. 

Otro de los puntos claves de este proyecto es que los procuradores provinciales, distritales, regionales, auxiliares y delegados deberán ser elegidos por concurso público y abierto de mérito. 

El segundo proyecto de acto legislativo modifica los artículos 141 y 267 de la Constitución para cambiar el proceso de elección del contralor, puntualmente. Con esto, la designación, al igual que en el caso de la Procuraduría, pasará a manos del Consejo de Estado. 

Este articulado también prohíbe la reelección y pone el límite de los cinco años para estar en los cargos antes mencionados. 

A su vez, se eliminarían las contralorías territoriales. De acuerdo con el autor de la iniciativa, “porque se eligen a través de políticos y no son costo-eficientes. No recuperan ni siquiera el 10 por ciento de lo que cuesta mantenerlas”. 

Tampoco podrán ser elegidos auditores generales quienes hayan sido miembros del Congreso o hayan ocupado cargos públicos. 

¿Tiene futuro este proyecto? 

El representante Avendaño le dijo a este medio que ellos tienen el compromiso de dar un debate amplio sobre el tema y que la mesa directiva de la Comisión Primera de Senado se comprometió a darles celeridad a estos proyectos. 

“Esta semana se van a asignar los ponentes y vamos a radicar ponencia la otra semana. También esperamos que se nos dé algún tipo de prioridad en la Comisión para sacarlo en primera vuelta. El otro año estaremos dando el debate para sacar la segunda vuelta”, manifestó. 

Pero también reconoció que es difícil lograr la voluntad política para sacar los proyectos adelante: “Hay muchos intereses mediados, hay un conflicto directo por parte de los congresistas”. 

Además, hay figuras políticas fuertes que se oponen a esta iniciativa y a la que busca modificar el proceso de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Una de ellas es la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien le dijo a este medio que el problema no está en que sea el Congreso el que elija, sino “en la debilidad que hay”. 

Para Valencia, la clave está “en fortalecer el Congreso”, no es mandar el proceso de elección al Consejo de Estado.