Vladimir Fernández.
Crédito: Senado de la República
Vladimir Fernández: el liberal progresista que se suma a la Corte Constitucional
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La plenaria del Senado de la República eligió al actual secretario jurídico de Presidencia como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fernández deberá declararse impedido en temas claves para el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos la paz total, la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo.
Vladimir Fernández Andrade, actual secretario jurídico de la Presidencia de la República, fue elegido este martes 17 de octubre de 2023 como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo, quien finaliza su periodo de ocho años en diciembre.
Fernández, un viejo conocido del presidente Gustavo Petro, es, según fuentes consultadas por CAMBIO, de una línea jurídica liberal moderada. En ese sentido, en principio, las mayorías liberales que hoy tiene la Corte Constitucional se mantendrían, con una salvedad: su rol como secretario jurídico de Palacio y subordinado del jefe de Estado, lo obliga a declararse impedido en múltiples asuntos.
Por ejemplo, en el trámite de una demanda que presentaron congresistas de la oposición en contra de la ley de Paz Total, uno de los ejes centrales del mandato de Petro, que le permite a este hacer acercamientos de paz tanto con disidencias, como con grupos organizados como el Clan del Golfo'.
Ese caso sigue en curso, así como más de 20 demandas en trámite en contra de la reforma tributaria. Lo mismo tendría que pasar en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta de este Gobierno que ha sido demandado más de 40 veces y sobre el cual ya Fernández se pronunció en al menos un caso.
Preguntado sobre la independencia, Fernández dijo que, si bien es secretario jurídico de la Presidencia, su nombramiento se debió a su experiencia y calidad. Y cuando en el Senado le preguntaron por sus posiciones sobre el aborto y la eutanasia, Fernández dijo que, sin ánimo de impedirse después, "respeto la libertad, la autonomía de las mujeres y las acciones afirmativas de género".
En ese sentido, algunas fuentes conocedoras de la Corte Constitucional indicaron que la postulación de Fernández realmente podría implicar la exclusión de un voto clave para los intereses del jefe de Estado, como, por ejemplo, todas las futuras controversias que se generen relacionadas con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en el caso de Gustavo Petro, que dice que solo un juez penal puede afectar derechos políticos de los elegidos por voto popular.
En ese caso, como se sabe, la Corte Constitucional decidió mantener la capacidad de la Procuraduría para sancionar, incluso con destitución, a estos servidores públicos, en una decisión que quedará suspendida hasta que un juez administrativo la revise. Ese tema sigue lejos de resolverse pues el Consejo de Estado no ha fijado una postura unificada sobre esa materia.
"Nada regalado"
Personas que trabajaron con Fernández le dijeron a CAMBIO que Fernández, como abogado, es pragmático, que maneja bien los precedentes y es de la línea de respetarlos, y que también busca el consenso en las decisiones. Él le dijo a La Silla Vacía que su pensamiento es "liberal de izquierda. Me gusta el liberalismo socialdemócrata".
Fernández afirmó que ha ejercido su carrera por más de 25 años con rigor, “siempre destacándome en mis funciones, esforzándome, nada regalado”. Y habló de mantener un diálogo fluido con las instituciones.
También señaló que hay temas de los que hay que empezar a hablar como la regulación de la inteligencia artificial, la situación del medioambiente y el cambio climático y la migración.
“Hay más que retos. Hay que hacer las decisiones en la Corte más fáciles para que sean de acceso a la comunidad, de fácil lectura. Hay que corregir esos fallos kilométricos. Hay que comunicar de mejor manera las decisiones”.
Fernández le dijo al Senado: “De todos estos desafíos, yo lo que les prometo es asumirlos con claridad, con fuerza, con pasión, tratar de acertar siempre.
Las polémicas de Fernández
Fernández es doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia, en donde también curso una maestría y dos especializaciones en derecho administrativo. Allí también hizo parte del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.
Antes de llegar a la Secretaría Jurídica, fue procurador delegado ante el Consejo de Estado, un cargo al que llegó por concurso de méritos en la Procuraduría de Fernando Carrillo en 2015. Antes de eso tuvo cargos como el de secretario de la Federación Nacional de Departamentos, asesor de la Comisión de Regulación del Agua Potable y del Invías, así como asesor jurídico de Neiva.
Fernández hizo parte del proceso de empalme cuando Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá. No obstante, en 2011, fue retirado del proceso porque la Fiscalía le dictó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, en un proceso por unos contratos firmados entre una organización y las Empresas Públicas de Neiva en 2002.
El nuevo magistrado de la Corte Constitucional le dijo a CAMBIO que esa medida de la Fiscalía fue revocada y que el caso salió a su favor por preclusión. En 2022, La Silla Vacía reveló una petición de la Fiscalía de 2018 que pedía investigarlo, a propósito de una interceptación telefónica realizada dentro de un proceso por presunta corrupción en el Huila que involucra a ocho concejales y al contralor municipal.
En medio del proceso de elección de magistrado se conoció un viejo pleito en el que estuvo inmerso Fernández, por cuenta de una demanda presentada por una prima suya, en la que pedía que reconociera la paternidad de su hija, nacida en abril de 1992. El caso tiene una sentencia de 2012 de la Sala Civil de la Corte Suprema que ordenó hacer la prueba de ADN.
