30 años de aprendizajes, bases sólidas para acelerar la Transición Energética

Los apagones que enfrentó Colombia en los años noventa deben quedarse como un mal recuerdo. Nadie quiere que se repitan los cortes de energía que se prolongaron durante casi un año y que duraban hasta 9 horas diarias en ciudades como Bogotá o 18 horas en otras zonas del país. La crisis energética fue el resultado de una suma de errores que emergieron con la prestación del servicio a cargo del Estado: ineficiencia en la planeación, recursos públicos insuficientes compitiendo en el presupuesto nacional para ejecutar las inversiones, retrasos en los planes de expansión, sobrecostos en el desarrollo de los proyectos, politización y corrupción. Las empresas eran estatales y la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización no tenía una división clara entre los agentes y predominaba la falta de modernización. Un auténtico corto circuito que detonó cuando la ausencia de lluvias redujo el nivel de los embalses y ocurrió lo que para entonces era inevitable: nos quedamos a oscuras.

Después de las consecuencias sociales y económicas de aquellos meses sin luz, se promulgaron las leyes 142 y 143 de 1994, que transformaron la regulación de los servicios públicos y marcaron un hito para el sector eléctrico, de gas y los servicios públicos. Las empresas creadas después de la expedición de dichas normas no podían asumir más de uno de los roles relacionados con la cadena, con excepción de la comercialización que podía sumarse a una de las actividades de generación y distribución. Esa separación que terminó con la integración vertical permitiría mejorar la eficiencia en la prestación del servicio y asegurar la planeación de los sistemas y la viabilidad operativa y financiera de las empresas.

Se abrió espacio a la entrada de nuevos jugadores públicos y privados al sector, promoviendo la competencia y la calidad en la prestación del servicio a costos eficientes y con balances óptimos que impulsaron la sostenibilidad financiera de los distintos actores. La inversión se dinamizó como nunca con una inyección de recursos que permitió ampliar la infraestructura y aumentar la cobertura, respondiendo así a una demanda creciente. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), los usuarios de energía pasaron de 4,4 millones en el año 1990 a 17,7 millones en 2023. En gas contamos hoy con 11 millones de usuarios y en acueducto tenemos avances similares, una muestra del desarrollo que impulsó el marco normativo de hace tres décadas.