María Fernanda Suárez
6 Octubre 2024 12:10 am

María Fernanda Suárez

30 años de aprendizajes, bases sólidas para acelerar la Transición Energética

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

Los apagones que enfrentó Colombia en los años noventa deben quedarse como un mal recuerdo. Nadie quiere que se repitan los cortes de energía que se prolongaron durante casi un año y que duraban hasta 9 horas diarias en ciudades como Bogotá o 18 horas en otras zonas del país. La crisis energética fue el resultado de una suma de errores que emergieron con la prestación del servicio a cargo del Estado: ineficiencia en la planeación, recursos públicos insuficientes compitiendo en el presupuesto nacional para ejecutar las inversiones, retrasos en los planes de expansión, sobrecostos en el desarrollo de los proyectos, politización y corrupción. Las empresas eran estatales y la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización no tenía una división clara entre los agentes y predominaba la falta de modernización. Un auténtico corto circuito que detonó cuando la ausencia de lluvias redujo el nivel de los embalses y ocurrió lo que para entonces era inevitable: nos quedamos a oscuras.

Después de las consecuencias sociales y económicas de aquellos meses sin luz, se promulgaron las leyes 142 y 143 de 1994, que transformaron la regulación de los servicios públicos y marcaron un hito para el sector eléctrico, de gas  y los servicios públicos. Las empresas creadas después de la expedición de dichas normas no podían asumir más de uno de los roles relacionados con la cadena, con excepción de la comercialización que podía sumarse a una de las actividades de generación y distribución. Esa separación que terminó con la integración vertical permitiría mejorar la eficiencia en la prestación del servicio y asegurar la planeación de los sistemas y la viabilidad operativa y financiera de las empresas. 

Se abrió espacio a la entrada de nuevos jugadores públicos y privados al sector, promoviendo la competencia y la calidad en la prestación del servicio a costos eficientes y con balances óptimos que impulsaron la sostenibilidad financiera de los distintos actores. La inversión se dinamizó como nunca con una inyección de recursos que permitió ampliar la infraestructura y aumentar la cobertura, respondiendo así a una demanda creciente. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), los usuarios de energía pasaron de 4,4 millones en el año 1990 a 17,7 millones en 2023. En gas contamos hoy con 11 millones de usuarios y en acueducto tenemos avances similares, una muestra del desarrollo que impulsó el marco normativo de hace tres décadas.

Otro salto determinante fue la consolidación de una institucionalidad robusta para asegurarles a los colombianos la disponibilidad, a precios asequibles, de los energéticos que necesitan en la vida diaria: al encender la luz, cuando utilizan la nevera o prenden el televisor, cuando cocinan los alimentos, o cuando se transportan a sus lugares de trabajo o estudio; en el comercio y en las industrias. Esa arquitectura institucional está compuesta por diferentes entidades que conforman un círculo virtuoso para el funcionamiento pleno del sector. A la cabeza está el Ministerio de Minas y Energía, que define la política energética en todos los niveles para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables y asegurar los servicios de energía, gas y combustibles líquidos.

En segundo lugar está la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que se encarga de proyectar la oferta y la demanda de los energéticos, buscando mantener escenarios de confiabilidad y alternativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una entidad con vocación independiente que  debe establecer las reglas de juego del sector, las condiciones para las subastas de expansión, para la remuneración de la inversión y los mecanismos tarifarios. Y, por último, la Superintendencia de Servicios Públicos ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para que los operadores presten los servicios de manera eficiente. 

Los 30 años de las leyes de Servicios Públicos en Colombia han sido un viaje de aprendizajes y logros, y también de desafíos que se deben enfrentar con responsabilidad. Avances como la electrificación urbana y rural, así como el marco jurídico para los subsidios a los estratos 1,2 y 3, han sido determinantes para la reducción de la pobreza en Colombia.  Existen desafíos y problemas que hay que continuar solucionando, el Gobierno, las empresas y los ciudadanos debemos continuar articulando esfuerzos para construir un futuro en el que todos tengan acceso a servicios públicos de calidad a precios razonables,  sin importar el lugar donde vivamos, y sin afectar la sostenibilidad de las empresas. De ello, al fin y al cabo, depende que no haya riesgo de interrupciones en la prestación de los servicios.

El desafío actual frente al cambio climático y la necesidad de acelerar la transición energética es inmenso, un desafío global al que debemos ser capaces de responder con una transición energética pragmática, planeada y realista para las condiciones de  los colombianos. Colombia parte de un lugar privilegiado por la riqueza en diversas fuentes energéticas y por tener una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Somos un país que genera pocas emisiones: un colombiano emite en promedio 1,6 toneladas de CO2 por año, mientras que, en el mundo, el promedio es de 4,47 toneladas y en Europa y Estados Unidos es de 6 y 14 toneladas de Co2 por habitante. Adicionalmente, de acuerdo a un análisis de McKinsey, mientras que el mundo desarrollado necesita invertir 3% anual de su PIB para enfrentar el cambio climático y 1% para enfrentar los desafíos de pobreza, en Latinoamérica es justamente al contrario, en los próximos años debemos invertir 3% del PIB para disminuir la pobreza y 1% en los desafíos para acelerar la transición climática, cifras que no sorprenden pero que parece que se nos olvidan cuando queremos prohibir el desarrollo de los hidrocarburos.

Dimos los primeros pasos de  la transición con la Ley 1715 de 2014 que reguló la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y en 2018-2022 se diseñó un atractivo marco regulatorio, se implementaron beneficios tributarios y se puso en marcha un exitoso plan de subastas. Como resultado, creció la confianza y dimos un salto histórico en la energía eólica y solar planeada para ser parte de la matriz. Desafortunadamente nos ha costado mucho más tiempo de lo deseable pasar de la transición planeada a la transición en acción.

Para seguir avanzando y lograr complementar las fuentes de generación hídricas, vulnerables en tiempos de sequía como ya lo hemos visto, es necesario asegurar que las fuentes no convencionales de energía renovable comiencen a operar y estén conectadas a las líneas de transmisión. Actualmente, hay más de 2.000 megavatios, en proyectos que no se han podido terminar, ni conectar al sistema eléctrico por demoras pendientes de resolver en consultas previas, licencias ambientales,  instancias judiciales, o problemas de seguridad. Esa debe ser la tarea prioritaria del Gobierno, hacer que las cosas pasen, recibieron un campo sembrado para tener victorias tempranas en transición energética;  si realmente  se busca pasar del discurso a la acción, en su propósito de dejar atrás los combustibles fósiles,  debe concentrarse en al menos mantener los incentivos para renovables y crear un ambiente de certidumbre en las reglas de juego para la inversión pública y privada  y en la capacidad técnica de las instituciones del estado. 

Colombia cuenta con los recursos naturales para garantizar su seguridad y soberanía energética al tiempo que acelera el camino para la transición, no es necesario prohibir o escoger una tecnología, ni es necesario cambiar las leyes. El Gobierno debe asegurar la confiabilidad de fuentes esenciales como el gas, que usan 34 millones de colombianos para cocinar, y alimentar las plantas térmicas determinantes para la generación y el respaldo eléctrico, y esto exige no renunciar, de la noche a la mañana, al desarrollo de nuestras propias fuentes de energía. Una transición a la ligera, que desconozca la realidad del país y las proyecciones que muestran que el mundo seguirá necesitando los hidrocarburos por un buen tiempo, es un salto al vacío que nos llevaría al peor de los escenarios: a elevar los costos de la energía, pagar más caro por energéticos importados y aumentar la dependencia de fuentes más contaminantes como el carbón. Poner en riesgo la seguridad energética nos alejará de la transición. 

El marco legal de los servicios públicos diseñado después de los apagones de los noventa es adecuado para impulsar la transición energética. El sector eléctrico requiere planeación y estabilidad regulatoria para desarrollar proyectos que tardan entre 2 y a veces más de 10 años en ejecutarse. Modificar ese marco legal generaría un nivel de incertidumbre que frenaría aún más la inversión y que pondría en riesgo la transformación que tanto se desea. El país requerirá inversiones cuantiosas para que el sueño se convierta en realidad y no en una pesadilla. Un informe reciente del Foro Económico Mundial estima en 122.000 millones de dólares la cifra que necesitaremos para alcanzar los objetivos de capacidad instalada establecidos en el Plan Energético Nacional en energías limpias al año 2026. El rol que ha tenido el sector privado y el sector público y su adecuada competencia y articulación, ha sido esencial para lo alcanzado y es fundamental para ser exitosos en la transición, las leyes 142 y 143 de 1994 generan un marco adecuado para una política energética y de servicios públicos que promueva el progreso.

Hoy, 30 años después de las leyes de servicios públicos, el país cuenta con una institucionalidad que debe seguir basándose en la solidez y el rigor técnico, y en la suma de responsabilidades y experiencia entre las entidades estatales, las empresas del sector público y el sector privado. Proteger el marco institucional que ha hecho posible que los servicios públicos funcionen en Colombia es proteger las posibilidades de continuar reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de todos los colombianos. Solo garantizando la prestación de servicios de calidad y ampliando aún más la cobertura a precios eficientes podremos honrar los aprendizajes y la construcción de estos 30 años para avanzar hacia un país más justo y sostenible. Las crisis del pasado son lecciones para el futuro. Solo quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí

Más Columnas