La confesión de una empresaria de palma que fue admitida por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no solo dejó ver cómo era el control de los paramilitares en ese sector en el Urabá chocoano y antioqueño, o la vida social de los hermanos Castaño con los dirigentes políticos de la región. También explicó cómo una parte de los recursos y los territorios obtenidos por medio del desplazamiento forzado, terminaron regalados por los paras a la Iglesia. Esta es la historia.
El pasado 10 de septiembre, por medio de la resolución 2904, la JEP aceptó de manera condicionada y como una última oportunidad para comparecer ante esta instancia, el sometimiento de la señora Katia Patricia Sánchez Mejía, reconocida empresaria en Montería, Córdoba, y condenada previamente por la justicia ordinaria.
Sánchez Mejía fue la representante legal de la empresa Urapalma S.A., una entidad que desempeñó un rol central en la controversia sobre la relación entre sectores palmicultores y grupos paramilitares en la región de Urabá. Según las investigaciones, tanto ella como su esposo, Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández, establecieron vínculos con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y el bloque paramilitar Elmer Cárdenas.
Artículo exclusivo para suscriptores
Suscríbete para acceder a todo nuestro contenido.
Suscribirme
Lea los comentarios
