Vale la pena recordarlo: la nuestra no ha sido una guerra de combatientes, sino una guerra de pistoleros. Ocho de cada diez muertos en el conflicto armado eran civiles desarmados que no murieron en combates sino acribillados en estado de indefensión con armas de fuego. Y de esos muertos y desaparecidos, la inmensa mayoría eran hombres jóvenes, menores de 40 años. Pobres, claro. De las zonas rurales más olvidadas y de los barrios marginales de las grandes ciudades. Los sospechosos de siempre.
Si nuestra historia no estuviera anegada en sangre, las propuestas de seguridad que ha delineado Abelardo de la Espriella sonarían novedosas. El problema es que no hay una sola que no se haya ensayado ya, durante al menos medio siglo, y siempre con el mismo resultado: más violencia.
Esta semana, el presidente electo anunció que creará Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga de manera inmediata. La versión rosa de la propuesta es que se trata de una simple coordinación a nivel local entre fuerza pública y justicia para contener la extorsión. El problema es que cuando se le agrega el involucramiento de reservistas y veteranos, y de civiles, uno evoca esas fórmulas de paramilitarismo a las que ha sido tan proclive este país. Porque el paramilitarismo es sobre todo una mentalidad arraigada en ciertos sectores.
El recién designado ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, insistió en que no serán grupos armados autónomos, sino unidades lideradas por la fuerza pública. Esa misma promesa se hizo con las Convivir, creadas en los años noventa, y que fueron el caballo de Troya de las AUC. La fuerza pública entrenó y armó a miembros de esas cooperativas, que eran legales, y tenían, se supone, el control del Estado. Pero tal cosa nunca pasó. Lo que se tejió fue una relación de “primos” entre fuerza pública y paramilitares, documentada en profundidad por la Comisión de la Verdad y la JEP.
Lamento decirlo, pero durante décadas buena parte de la política de seguridad colombiana privilegió la protección del orden económico sobre la protección de la vida. Paradigma que regresa con De la Espriella. Es cierto que hoy la extorsión exige respuestas eficaces, pero también inteligentes. No estamos frente al cartel de Medellín de los años ochenta ni las milicias guerrilleras de los noventa. Se trata de un delito sostenido por redes criminales que reclutan con facilidad a jóvenes vulnerables. Combatirlo exige fuerza legítima, investigación judicial y transformación social. Está documentada hasta el cansancio la correlación entre la persistencia de las bandas criminales y los contextos de grave exclusión social. Sobre este último componente, el nuevo gobierno ha dicho muy poco.
Las preguntas siguen abiertas: ¿qué funciones concretas tendrán estos bloques?, ¿qué uso de la fuerza podrán ejercer?, ¿cómo se evitará la estigmatización de barrios enteros o de poblaciones vulnerables?, ¿cómo actuarán de manera legítima? La experiencia colombiana enseña que estas zonas grises suelen pagarse muy caro. Ahí está la Operación Orión como espejo.
La situación tampoco mejora cuando hablan de redes de informantes. Es obvio que la colaboración de la ciudadanía contra el delito es clave. Pero la Comisión de la Verdad documentó la relación profunda de algunas de estas redes con la mal llamada limpieza social. No hablo de casos aislados, sino de patrones sistemáticos de eliminación de personas consideradas indeseables: habitantes de calle, trabajadoras y trabajadores sexuales, expendedores y consumidores de drogas. Estas redes fueron también funcionales para los ‘falsos positivos’.
A esto se suma la idea de flexibilizar el porte de armas, que está restringido desde 2016, fecha desde la que los homicidios han bajado de manera sostenida en el país. Alentar el porte es alimentar la idea de que cualquiera puede resolver sus problemas por mano propia; es ir en contravía del monopolio de la fuerza y de la legitimidad que debe concentrar la fuerza pública. Esas armas no solo disparan. También sostienen poderes de facto.
Sobre el regreso del ESMAD, las alarmas suenan más fuertes todavía. Revivir ese cuerpo es un acto de revancha, porque el cambio en el manejo de la protesta implicó una nueva visión de la vida democrática. Por eso preocupa que el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, haya dicho en una entrevista con Caracol que en las protestas que Petro convocará en el futuro se da por descontado que habrá “milicianos de las disidencias y el Clan del Golfo vestidos de civil”. Estigmatización pura y dura.
Este Gobierno promete cárceles para miles de personas. Durante el Gobierno de Uribe, pueblos como Saravena, en Arauca, y Ovejas, en Sucre, vivieron capturas masivas en carne propia. El modus operandi era el informante encapuchado que señalaba desde las sombras. Un mínimo porcentaje de esas personas terminó judicializado. El resto fueron víctimas a quienes hoy el Estado debe pagar millonarias indemnizaciones por violar sus derechos humanos. Quizá lo nuevo es hacer de las cárceles un negocio. Prisiones privadas donde se factura por interno.
¿Cuál será la medición de resultados en materia de seguridad en el Gobierno de De la Espriella? Me temo que sea un body count reforzado. El mismo presidente electo ya se ha puesto como objetivo diez cabezas en sus primeros meses. Hacer de la seguridad un espectáculo, con militares en las calles y civiles jugando a los soldaditos de plomo, mientras se gobierna desde una guarnición militar y se militariza la justicia. Eso ya sabemos cómo termina.
Mi preocupación de fondo no es solo la militarización de la vida, sino quiénes volverán a pagar el costo de esa nostalgia por la guerra. En Colombia, las políticas de seguridad han sido profundamente aporofóbicas. Casi nunca han alcanzado a los verdaderos beneficiarios del crimen organizado, pues estos cuentan con abogados de renombre, con los que logran jugosas negociaciones con los gobiernos de Colombia y sobre todo de Estados Unidos. De la Espriella sabe bastante sobre eso. Quienes caen en realidad son los jóvenes de los barrios populares, los campesinos, los trabajadores informales. Aquellos “nadies” que un Estado militarista considera los sospechosos de siempre.
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