El editorial de El Tiempo del 7 de febrero hace un llamado de atención sobre la caída de las exportaciones en 2023 en comparación con 2022. Esto es preocupante porque las exportaciones tendrían que crecer aceleradamente si queremos dinamizar la economía para responder a los retos de la transición energética y a la expectativa de que un gobierno de izquierda reduzca la pobreza y la desigualdad. Las perspectivas de crecimiento de este año son bastante malas, algo superiores a 2023, pero no aumentará el ingreso por habitante porque el PIB y la población crecen al mismo ritmo.
Las predicciones macroeconómicas de los 33 economistas destacados que participaron en un concurso privado para definir quién hace las mejores, son en promedio las siguientes: en 2024 crecerá el PIB 1,3 por ciento, la inflación de ese año sería de 6,5 por ciento, la tasa de cambio promedio del año podría ser 4116 pesos por dólar, el desempleo10,3 por ciento y la tasa de intervención del Banco de la República en diciembre 7,76 por ciento. Ojalá sea mayor el crecimiento porque el país, con cerca del 60 por ciento de su fuerza laboral desempleada o en la informalidad, no puede darse el lujo de que el ingreso por habitante no crezca en dos o más años consecutivos. Y no se prevé un aumento significativo de la actividad económica en los últimos dos años de esta administración.
Las reformas de la salud, de pensiones y la laboral tienen el común, si se aprueban como desea el Gobierno, que no van a contribuir al crecimiento económico y tal vez tampoco al bienestar o a la productividad. La laboral probablemente reduzca el empleo formal, y aumente el informal y el desempleo. Exactamente lo contrario de lo que se necesita. La reforma de pensiones va a afectar el desarrollo de los mercados de capitales, posiblemente reduzca el ahorro y en consecuencia la inversión, ya menguada por los esfuerzos del presidente para ahuyentarla.
Y la reforma a la salud va a desechar la organización y el conocimiento de un sistema que se ha formado por ensayo y error en los últimos 30 años para poner la salud de los colombianos en manos de inexpertos servidores públicos. No es descartable, entonces, que se induzca un descalabro con consecuencias muy negativas sobre la economía y el bienestar público. El afán de estatizar se estrella con la realidad de que no se cuenta con un Estado capaz de sustituir sin graves traumatismos el sistema mixto de coordinación público-privada que existe en salud, electricidad y en otros sectores claves, como los servicios públicos.
A pesar de lo anterior, no todo está perdido. Uno de los logros más importantes de la gestión de Petro ha sido forjarse una posición destacada entre los gobernantes del mundo que ha inducido a otros gobiernos, primero el de Israel y ahora el de Estados Unidos, a pedirle asistencia para mediar en conflictos como el de Palestina o el incumplimiento de los acuerdos de Barbados.
Eso puede ser trascendental para el desarrollo económico colombiano si se utiliza inteligentemente y sin pena. Dicen que Anwar Sadat, presidente de Egipto, les preguntaba socarronamente a visitantes como Willy Brandt o negociadores de Estados Unidos que fraguaban la paz de Egipto con Israel que le mostraran “qué traían en sus bolsillos”, refiriéndose a inversión en su país. Si la colaboración de Petro con Israel o con Estados Unidos se recompensa con un acuerdo para incentivar inversión de empresas de esos países en Colombia y se aprovechara el TLC con Estados Unidos para hacer “nearshoring” (suministro cercano), Colombia podría trascender su estancamiento y detener la emigración.
