La semana pasada, un grupo de profesionales invitaron a Iván Cepeda a la charla que organizan cada semana desde la pandemia, para hablar sobre la negociación de paz con el ELN. Al comienzo de su presentación, el senador hizo un sentido llamado a considerar un acuerdo o pacto nacional para lo que queda del Gobierno Petro, con profundas reflexiones sobre la necesidad de dicho acuerdo y sobre la viabilidad de concretarlo.
No tengo duda de que al país le convendría un acuerdo nacional en este gobierno, que se aparte de lo que hasta ahora ha pretendido el presidente, que es adhesión a sus propuestas de cambio y rechazo de la mayoría de las modificaciones que pretenden mejorarlas o evitar que causen daños irreparables. Al parecer, no es cambio lo que propone sino exactamente su cambio, sin modificaciones. Esto, por supuesto, no admite negociación, ni discusión y, por lo tanto, impide pensar en un acuerdo nacional.
Si en efecto el Gobierno quisiera un acuerdo nacional como el que Iván Cepeda cree posible, tendría que tender puentes y generar confianza.
Pero el presidente no da señales de que eso le interesa ni siquiera cuando otros acogen sus ideas y colaboran para hacerlas viables. Hace un par de semanas, Petro puso un tuit preguntando si sería viable cobrar una suma adicional en la cuenta de electricidad para que los usuarios no paguen cuando utilizan el transporte público, de tal forma que puedan viajar, no gratis, sino financiados por ese pago extra. Surgieron entonces varias voces independientes que expresaron estar de acuerdo con el objetivo de financiar el transporte público con otras fuentes. Enrique Peñalosa felicitó a Petro, su archienemigo, por la idea y dijo que podría obtener reconocimiento mundial si la pudiera llevar a cabo. Yo también apoyé la idea, pero financiándola con un sobrecargo al predial porque tendría efectos distributivos bien focalizados. Humberto de la Calle recordó que había propuesto algo parecido y que lo habían batido unos técnicos inclementes. Algunos de ellos simpatizan ahora con la idea.
Cuando surgieron dudas sobre la viabilidad financiera, aparecieron soluciones. Se estableció que el costo del transporte público en Bogotá es de 6 billones de pesos al año, que es superior al recaudo del impuesto predial y muy superior al cobro de electricidad. Un juicioso concejal de Bogotá mostró con cifras que la mitad del costo total ya lo asume el Distrito, que no se necesitaría un sistema de recaudo, y que tampoco se justifica pagarles a los trabajadores subsidio de transporte si van a viajar sin costo. Se pueden abolir subsidios innecesarios o nocivos y destinarlos a este fin, ya que el beneficio es más claro y lo reciben los usuarios más afectados por el costo de las tarifas. En conclusión, acudiendo a varias fuentes, incluyendo la sugerida por Petro y una sobretasa al predial, aparentemente se puede reducir el déficit a sumas que estarían entre 1 y 2 billones de pesos por año. Se habló de que el Gobierno central abonaría un billón de pesos y que lo que falte tendría que financiarse con sobretasas a otros impuestos locales.
Si el presidente hubiera registrado lo que sucedió, en pocas horas se habría avanzado vertiginosamente en llevar a cabo la idea. Eso no pasó, y hasta ahí llegó. Habrá que esperar a que Iván Cepeda sea presidente o a que la recoja un candidato a la alcaldía para ensayarla. Mientras tanto los pobres, los viejos y los jóvenes tendrán que seguir aguantando. Lástima. 1/
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