Después de dos años de muy buen crecimiento nos encontramos con una economía prácticamente estancada y una renovada discusión sobre las razones por las cuales no crecen los países de América Latina, en comparación con el grupo de países emergentes de Asia. Este no solamente es un problema de desarrollo, sino que el gobierno no podrá atender adecuadamente las necesidades de una buena parte de la población, generando desencanto y animosidad contra las autoridades. Las tasas de crecimiento que se esperan para los próximos años no van a “permitir una verdadera transformación de nuestras sociedades y eliminar la pobreza”.(Marcela Meléndez en El Tiempo, octubre 24 de 2023).
Va a ser necesario un esfuerzo cooperativo público y privado que también incluya al sector académico para generar mayor crecimiento en el corto plazo y que a mayor plazo sea sostenible. Esto exige sofisticar la canasta productiva, entendiendo que va a ser muy difícil superar el crecimiento de largo plazo del PIB por habitante que tradicionalmente ha tenido tasas promedio de crecimiento que oscilan entre 2 y 2,5 por ciento anuales (Rafael Rivas, “El mismo error de siempre”, El Espectador, Enero 18 de 2023),
El gobierno está preparando una política de reindustrialización que tiene como objetivo dinamizar el sector productivo e involucrar al Estado como gestor o promotor de desarrollo. Para cumplir con ese objetivo, lo primero que hace falta es un irrevocable compromiso con el crecimiento del gobierno y de las élites privadas, sindicales y políticas. Respecto a esto último, un destacado economista dice que pocas cosas en el mundo son peores que un desarrollo liderado por un Estado opuesto al crecimiento (o desinteresado).
Adicionalmente se requiere el mejor esfuerzo del Estado y los particulares para crear una canasta de productos que sea compleja y diversificada, y que contenga bienes no comunes. La diversidad de productos, la mayor complejidad de la producción y productos menos ubicuos fortalecen la capacidad exportadora. Esto exige desarrollar capacidades que no se tienen. También se espera que las empresas y actividades favorecidas por la acción estatal sean competitivas, innovadoras, tecnológicamente eficientes y que las que fracasen no sean sostenidas artificialmente por el Estado o los acreedores. Lo anterior se refiere también a la generación de servicios, entre los que se destacan los de comunicaciones e información (CIT).
Estas condiciones no necesariamente se encuentran en sectores específicos, por lo cual tratar de escoger sectores a dedo para favorecerlos puede ser una mala decisión. Además, hay que entender que invertir en empresas de economía popular no contribuye a la complejidad o a que no produzcan bienes comunes. Son recursos que tendrían mayor rendimiento en los sectores modernos más dinámicos que son los que tienen la mayor probabilidad de generar crecimiento y aumentar la productividad.
A priori, la actividad que cumple con los requisitos para obtener apoyo del Estado es la exportación, que por su naturaleza ya está sometida a la competencia, que le exige calidad, y cuenta con los componentes técnicos u organizativos requeridos. Si el gobierno decide intervenir, lo menos riesgoso sería favorecer a los que ya exportan.
Por el contrario, los sectores de economía popular tienen poca probabilidad de ajustarse a los requisitos descritos. Lo que se invierta en esos sectores debe estar más orientado a dotar de mayores capacidades y destrezas a la mano de obra informal previendo que el sector moderno va a necesitarla si se tiene éxito.
