Las reformas sociales propuestas por el Gobierno Petro (Pensional, Laboral y Salud) no son proyectos radicales de corte socialista, ni pretenden modificar la estructura de la propiedad de los medios de producción. Se puede decir que son propuestas de corte socialdemócrata, en el sentido europeo del término, en la medida en que sus objetivos principales son extender los beneficios del estado de bienestar y la seguridad social para que cubran a todos los ciudadanos.
Por esta razón casi nadie en el país, salvo la extrema derecha más radical, cuestiona los objetivos de las reformas. El debate fuerte se ha dado sobre la forma de alcanzarlos y en particular sobre el papel que deben jugar el Estado y el sector privado en la provisión de estos servicios esenciales.
La intensidad de este debate ha llevado a que se preste poca atención a otros temas que son importantes y que no están incluidos en los proyectos de ley. A continuación, se presentan algunos de los relacionados con las reformas pensional y laboral.
Reforma pensional mantiene los regímenes especiales
Los dos grandes problemas del sistema pensional en Colombia son su baja cobertura y la inequidad en la asignación de recursos públicos que en buena parte subsidian personas de ingresos medios y altos.
En cuanto a la cobertura, los dos regímenes actuales -el de prima media y el de ahorro individual solidario- solo cubren al 25 por ciento de la población en edad de jubilación. A esto habría que añadir un porcentaje similar de los beneficiarios del programa Colombia Mayor, pero que reciben una suma irrisoria que no les permite superar siquiera el umbral de la pobreza extrema.
El mayor aporte de la reforma para la disminución de la pobreza es la creación de un pilar solidario que inicialmente debe cubrir unos 2,3 millones de personas que recibirán 223.000 pesos mensuales. Además, el pilar semicontributivo ampliará la cobertura a aquellas personas que durante su vida laboral no alcanzan a aportar el mínimo necesario para obtener una pensión.
La reforma también hace algunos avances en materia de equidad, en particular al limitar las pensiones que pueden recibir subsidio del Estado a través de Colpensiones. Hoy lo pueden recibir pensiones hasta de 25 salarios mínimos (SM), y se ha propuesto que sea solo hasta 3 SM. Este es uno de los puntos de controversia pues hay opiniones autorizadas sobre que este límite debería reducirse a 1,5 o 2 SM.
Sin embargo, la gran ausencia del proyecto de reforma es la modificación a los regímenes especiales de pensiones que aún subsisten, y que son los que absorben la mayor parte de los subsidios públicos. Se trata de los regímenes de pensiones del magisterio y de la fuerza pública. El primero lo maneja el Fondo Especial de prestaciones sociales del magisterio (Fromag), mientras que para el segundo existen las Cajas de Sueldo de Retiro de las FF.MM. (Cremil) y de la Policía (Casur).
Los afiliados a estos regímenes tienen varios privilegios frente al resto de los colombianos en materias tales como la edad de retiro y el monto de la pensión que no corresponde a lo cotizado, lo cual lleva a que el costo para el presupuesto nacional haya sido en 2021 de 8 billones de pesos para 171.000 pensionados de la fuerza pública y 7,2 billones de pesos para 217.000 del magisterio. Si no se modifican las condiciones de estos regímenes, el costo fiscal crecerá exponencialmente en los próximos años por el número de personas que accederán a esas pensiones privilegiadas.
Estos regímenes especiales son uno de los principales factores que contribuyen a la inequidad en la asignación de los recursos presupuestales y por lo tanto, a que el gasto público sea ineficaz para mejorar la distribución de ingreso en Colombia. Por eso es lamentable que la reforma pensional no los toque.
Reforma laboral sin creación de empleo
Según la exposición de motivos de la reforma laboral, su objetivo central es “materializar el trabajo digno y decente en Colombia, mediante el fortalecimiento de la productividad y la industrialización con justicia social, y como respuesta a los llamados de la población trabajadora que ha sufrido la pesada carga de reformas restrictivas de sus derechos”.
Hay que distinguir dos clases de propuestas de la reforma: una busca corregir el conejo millonario que le hicieron a los trabajadores con la reforma laboral de Uribe (Ley 789 de 2002) que redujo los ingresos de los trabajadores (horas extras y dominicales), supuestamente para incentivar a las empresas a crear más puestos de trabajo. Estudios técnicos demostraron que esa reforma no generó empleo, por lo cual ha debido ser derogada desde 2004 y nunca se cumplió esa obligación legal.
A diferencia de lo anterior, que busca devolver derechos quitados a los trabajadores, las demás propuestas de la reforma buscan reforzar los derechos de los trabajadores modificando las condiciones los contratos laborales. Objetivo loable que beneficiará a quienes hoy tienen contratos formales, pero no afectará la mayoría de los trabajadores del país que están en la informalidad o desempleados.
Porque la realidad es que el principal problema del empleo en Colombia no son las condiciones de los trabajadores formales -aunque pueden ser mejoradas- sino el 11 % de desempleados, es decir los 2,9 millones de personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, y los cerca de 12 millones que están en la informalidad, que son casi el 60 % de los que tienen trabajo.
La mejor forma para que toda la población colombiana tenga acceso a la seguridad social y la salud, y sobre todo que pueda hacer las tres comidas diarias y no pase hambre, es que tenga un empleo digno y decente. Los subsidios son un paliativo necesario, pero nunca se pueden considerar la solución de largo plazo. Para ello es indispensable que los empresarios, sobre todo los pequeños, tengan los incentivos adecuados para crear nuevos empleos, y que el Gobierno impulse programas de empleo de emergencia en las regiones. Nada de esto está incluido en la propuesta de reforma laboral.
