Padecemos de lo que podríamos catalogar como un caso de teléfono roto entre dos grupos muy destacados: los colombianos que inequívocamente apoyan a Petro, el mismo presidente y el Pacto Histórico, por un lado; y, por otro, el grupo difuso, desorganizado y acápite, pero más numeroso y también agresivo, que se identifica como la oposición. Estos dos grupos se aferran a narrativas que nada tienen en común, e incitan a la desconfianza mutua, generan paranoia y suscitan emociones que se reflejan en lenguajes y posiciones muy agresivas y hasta violentas.
Un ejemplo es lo sucedido con el proyecto de decreto del ministerio de Agricultura que crearía “comités municipales para la reforma agraria" y asambleas campesinas “por la tierra”, en las zonas donde se va a poner en marcha esa reforma. La narrativa de la oposición inmediatamente anticipó que, con ese decreto, el gobierno va a legalizar guardias campesinas, subvertir el orden público en las localidades, interferir el transporte y hasta invadir tierras. La ministra de Agricultura quiso explicar con incisiva calma que no se pretende nada distinto de lo que dice el decreto. Ello provocó que, en el medio en el que transcurría la entrevista, la descalificaran e interrumpieran abruptamente la comunicación, un hecho insólito que, posiblemente, se repita, si en otros medios las narrativas los inducen a creer que los funcionarios engañan.
Algo similar ha pasado con el proyecto de decreto que le permitiría a la Agencia Nacional de Tierras adquirir predios que han sido sometidos a extinción de dominio por no cumplir su función social o ambiental. Los detractores le han puesto a este decreto el apodo de “expropiación express”, lo que enfureció al presidente y lo indujo a arremeter contra el sector privado: acusó a las empresas que compraron tierras de desplazados en Montes de María, y en otros lugares donde estuvo muy activo el paramilitarismo, de que ello fue mediante expropiación a las malas con violencia extrema y violación de derechos.
Este discurso, pronunciado con rabia por el presidente, vestido de campesino de la zona, en el lugar de los desplazamientos, estuvo cerca de responsabilizar a los privados del desplazamiento y venta forzosos de predios.
Las narrativas sobre la paz total del Gobierno y sus colaboradores contrastan con las de sus críticos. La posición oficial es que, sin derramar sangre y sin poner en peligro a la población civil en los territorios, van a convencer a los que hoy los controlan de deponer las armas y colaborar. En el caso del ELN, posiblemente permitan que siga actuando en las zonas que controla, para apoyar al Gobierno en política social y seguridad. Los que se oponen temen que el desenlace sea muy distinto, porque los grupos armados insurgentes o criminales que hoy tienen el poder en el territorio, aprovechan la negociación y los supuestos ceses al fuego, para consolidar su dominio. La seguridad ya está muy deteriorada y se corre el riesgo de que, cuando el Gobierno tenga que combatir a los grupos armados con los que hoy negocia, para controlar el territorio, lo haga con una fuerza pública debilitada*.
Estas posiciones son claramente irreconciliables. También las referentes a la reforma de la salud, de las pensiones y la laboral. No es una situación sostenible. Si no se concilia y, sobre todo, si no se construye confianza, no tiene sentido pensar en acuerdos para impedir que predomine la Colombia inhumana e improductiva que ya conocemos.
* Estas ideas se han beneficiado de un diálogo por WhatsApp con Juan Camilo Franco.
