La democracia no se defiende solo en las urnas

Cada vez que hay elecciones, el país entra en un estado de agitación, de acelere y de tensión que conocemos bien. Las encuestas marcan el pulso nacional como un gran electrocardiograma, los candidatos convierten cualquier frase en un argumento de confrontación y las redes sociales se convierten en un espacio singular que es plaza pública a la vez que tribunal de justicia improvisado y fábrica frenética de rumores. Al final de esta ruta de sobresaltos llega el momento de votar: un instante en el que millones de personas sienten, con razón, que participan en una decisión determinante en torno al rumbo que tomará el país.

Pero en el día de la votación no empieza ni termina la democracia. Una de las distorsiones más frecuentes en tiempos electorales es reducir toda la conversación democrática a dicho acto, como si la democracia consistiera, simplemente, en depositar un voto y esperar el resultado. No es así: votar es la expresión más visible del sistema, pero está muy lejos de ser el sistema completo.

La democracia empieza mucho antes. En fenómenos no tan visibles, seguramente menos atractivos para la conversación cotidiana, pero absolutamente decisivos: en las reglas, las instituciones, la vigilancia, la pedagogía ciudadana y, al final, en lo más importante: en la confianza pública.

Lo olvidamos con frecuencia, pero buena parte del trabajo democrático ocurre cuando no hay cámaras encendidas, ni políticos de gira, ni influencers activados. Por ejemplo: en Colombia, durante los meses previos a estas elecciones, se desarrollaron los Diálogos con la Democracia, una serie de encuentros en distintas regiones del país —desde Valle del Cauca hasta Santander, Bolívar y Córdoba— orientados a discutir asuntos que no son tendencia en redes sociales, pero que son fundamentales para la salud electoral: la inscripción irregular de cédulas, la financiación de campañas, el papel de las veedurías, las funciones de los tribunales de garantías electorales y el papel de los testigos electorales, entre otros.

Es probable que todo ello sea más importante que las polémicas pasajeras, frívolas y desorientadoras que consumen buena parte de la conversación política. De hecho, que el debate público se empantane en duchas polémicas —como ha sido visto en varios países del mundo— tiene el riesgo de que una porción de la ciudadanía dude de la legitimidad de los comicios, de la imparcialidad de las reglas y de la limpieza en la competencia. Varios de esos países están cerca de nosotros. El daño allí no consiste en que se alteren los votos, sino en algo más corrosivo y peligroso: que se convence a un número importante de ciudadanos de que todo está manipulado; de que la democracia es una ficción. Lo anterior constituye una de las amenazas más serias de nuestro tiempo.

Durante años, la mención a los riesgos electorales nos hacía pensar en prácticas conocidas: la compra de votos, las presiones regionales de grupos armados, el fraude tradicional, las ‘maquinarias’... Todo eso sigue existiendo, desde luego: Colombia no es una cápsula de perfección institucional. Pero apareció ese otro problema, que es más difícil de entender porque opera a una velocidad distinta y en un terreno mucho menos controlable.

Basta con un video falso que se viraliza antes de ser desmentido; una foto manipulada; una encuesta inventada o una cadena delirante que circula miles de veces hasta que parece convertirse en una verdad. Para afectar una elección de manera seria, no hace falta modificar el resultado de un conteo, sino erosionar la confianza general en el sistema mediante otros mecanismos.

Y cuando esa idea se enciende, apagarla es muy difícil. Por eso son tan importantes las instituciones, aunque esa categoría suene fría, sacada de viejos libros y poco inspiradora. Son esenciales, por ejemplo, cuando se establecen controles a la financiación de la política, pues el dinero invertido en ella y su procedencia es un terreno en el que históricamente se juega buena parte de la credibilidad democrática. Saber quién financia las campañas, cómo se reportan los ingresos y los gastos, y bajo qué vigilancia operan los candidatos va mucho más lejos que la mención de un detalle técnico: es parte del corazón del proceso. Por eso es que herramientas como Cuentas Claras —que obliga a publicar ingresos y gastos de campaña— responden a esa lógica: la democracia necesita transparencia no solo en el voto, sino también en las condiciones de competencia.

Las democracias también necesitan árbitros, reglas y organismos capaces de supervisar el proceso, vigilar a los actores políticos y tramitar conflictos dentro del sistema antes de que se conviertan en crisis mayores. No porque esas instituciones sean infalibles —y no lo son— sino porque la alternativa es peor: la idea errada de que sólo es legítimo aquello que favorece a mi candidato o confirma mis creencias.

Estados Unidos, con toda la fortaleza de sus instituciones, terminó viviendo una crisis política alimentada por acusaciones sin sustento sobre fraude electoral. Brasil atravesó tensiones similares. América Latina conoce muy bien lo que ocurre cuando la desconfianza electoral se convierte en argumento, en combustible para la política. Pensar que Colombia está vacunada contra eso sería ingenuo. De hecho lo escuchamos casi a diario y de boca de quienes deberían ser los custodios de esa certeza tan importante para la sociedad.

Las mediciones nos muestran que somos un país polarizado, emocionalmente reactivo y cada vez más expuesto a una conversación pública en la que la velocidad con la que se presentan los hechos y las opiniones desborda su capacidad de verificación.

Por eso, se debe recalcar otro elemento usualmente inadvertido: la disposición de una democracia a abrirse al escrutinio externo. En estas elecciones, Colombia contará con una amplia misión internacional de observación electoral para acompañar tanto la primera como la segunda vuelta presidencial. Esa presencia no sustituye, de ninguna manera, las decisiones nacionales ni resuelve disputas políticas por sí sola. Pero sí aporta una capa adicional de confianza en momentos especialmente sensibles, sobre todo en la eventualidad de que los resultados sean ajustados o controversiales. Y es que las democracias seguras de sí mismas no deberían tener temor de ser observadas.

Asimismo, incluso el mejor diseño institucional tiene un límite evidente: depende del comportamiento ciudadano. Informarse mejor es clave. Lo es también detenerse unos segundos antes de compartir basura digital disfrazada de primicia. Y tener en cuenta algo elemental: perder una elección no equivale a fraude, así algunos líderes propaguen esa idea sin argumentos constatables.

Décadas de observación al acontecer político dejan, para este momento de nuestra historia, una preocupación inevitable: el verdadero problema no es el resultado que arrojen las elecciones, sino la disposición para aceptarlo. Si esta última no existe, no se daña un sistema electoral en particular, sino toda la democracia.

El 31 de mayo el voto de cada colombiano es determinante, sí. Pero  lo es en igual medida entender que la democracia no se reduce a ese instante. La elección es, si se quiere, un paso en una cadena de acuerdos y actitudes que nos hacen verdaderamente libres.