La receta económica para la reconstrucción tras el terremoto: expertos proponen seis medidas para financiarla
ANIF propone levantar de nuevo el país sin crear nuevos impuestos, y para ello propone hacer uso de dinero de regalías y utilizar un anticipo voluntario en la declaración de renta de este año.
El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto dejó a Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó con hospitales agrietados, viviendas en el suelo, vías partidas y aeropuertos fuera de servicio. Según el Centro de Estudios Económicos ANIF, las cifras preliminares apuntan a un costo económico de 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura, un saldo que el centro de estudios ubica en cerca del 1,6 por ciento del PIB en pérdidas directas. Para pagar esa factura, ANIF propuso seis puntos concretos.
El contexto económico del país es difícil, pues el margen fiscal del Estado es estrecho, como se ha dejado ver en los debates en el Congreso sobre el presupuesto de 2027. Al mismo tiempo, el Gobierno prometió no crear impuestos nuevos y anunció una emergencia económica cuyo decreto todavía no ha salido. "La emergencia económica viene, y pronto. Estamos estructurando el decreto para presentarlo cuanto antes", dijo De la Espriella desde Quibdó. Cuando se expida, la medida especial le permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y mover recursos sin pasar por el Congreso, aunque seguirá estando sujeto a la viabilidad de la Corte Constitucional.
La propuesta central: mover lo que ya está, sin tributos permanentes
Las seis medidas están atadas a un punto particular: movilizar recursos públicos y privados de manera ágil, en un contexto de estrecho margen fiscal, sin recurrir a tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, sin la necesidad de una reforma tributaria y gravámenes que se queden para siempre, como ha sucedido en otros momentos de crisis.
Los expertos de ANIF proponen “revisar las apropiaciones de inversión aún no comprometidas, cuyo monto máximo susceptible de revisión asciende a 20,1 billones (excluyendo sectores que requieran redirección de recursos por la tragedia)”, dice el comunicado. La iniciativa plantea concentrar la revisión en sectores con ejecución presupuestal de inversión inferior al 20 por ciento y, además, que en el Presupuesto General de 2027 las entidades encargadas de la gestión del riesgo sean prioridad.
Usar las regalías dormidas, la primera novedad
ANIF incita a mirar hacia el Sistema General de Regalías y encontrar recursos represados. Existen 3,7 billones de pesos que, a corte de julio de este año, están amarrados. Por eso, los expertos dicen que se debe liberar esa cantidad porque “no cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por lo que no respaldan procesos contractuales”. Eso implicaría, además, la necesidad focalizar hacia proyectos de reconstrucción los 10,1 billones de pesos del recaudo del SGR que aún no han sido asignados a proyectos de inversión. Esto se podría hacer con más facilidad en un contexto de emergencia económica declarada.
Para ampliar el alcance de esa medida, el think tank sugiere que los municipios golpeados puedan aprobar directamente proyectos de emergencia y reconstrucción incluso cuando no estén en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo, siempre que respeten criterios de daños y población afectada.
Con relación a eso también recomiendan extender, de manera temporal, las Obras por Impuestos y Obras por Regalías a los territorios afectados que, hasta hoy, no califican para ello. “En el caso de Obras por Impuestos, cuyo monto anual es definido por el CONFIS mediante acto administrativo, se propone que este órgano apruebe una asignación extraordinaria para la reconstrucción; para 2026 el cupo fue de 1,145 billones, de los cuales quedan disponibles cerca de 269.000 millones” explicaron.
Un anticipo en la renta, sin ser un nuevo impuesto
La segunda apuesta, de acuerdo a los especialistas, se trataría de algo que titularon como Anticipo Solidario para la Reconstrucción. La idea es que los contribuyentes de renta puedan hacer, de forma voluntaria, un pago adicional de hasta el 10 por ciento de su impuesto liquidado, y que ese aporte se lo descuenten completo en la declaración del año siguiente.
El centro de pensamiento insiste en la naturaleza del mecanismo, pues no constituiría un nuevo impuesto, sino un anticipo voluntario que daría liquidez inmediata al Gobierno. “Para brindar seguridad jurídica, se propone que el Gobierno expida un Certificado de Anticipo Solidario para la Reconstrucción que garantice la trazabilidad del aporte y su reconocimiento como crédito tributario”, recomiendan.
El resto de la receta: crédito y rentas de destinación específica
ANIF propone habilitar líneas de crédito con garantía para microempresarios a través del Fondo Nacional de Garantías, calcado del modelo que funcionó en la pandemia, con coberturas de entre el 60 y el 90 por ciento del valor del crédito. “Según nuestras estimaciones y de forma ilustrativa, si entre el 30 y el 80 por ciento de las microempresas de la zona de emergencia optarán por solicitar los créditos, se requeriría capitalizaciones del Gobierno nacional al FNG entre 90.000 y 240.000 millones de pesos”, establecieron.
Los académicos plantean que se flexibilicen el uso de las rentas de destinación específica, incluyendo aquellas asociadas al ICBF, SENA y otras entidades, siempre que la emergencia económica lo permita. Todo esto, para “liberar recursos para atender las necesidades prioritarias de la emergencia”.
Entre el recuerdo de Armenia y el panorama en el Chocó
ANIF cierra su documento amarrando sus propuestas a las lecciones que dejó la experiencia del Eje Cafetero en 1999. Aquel terremoto de Armenia permitió crear el FOREC, un fondo que se volvió el modelo de cómo canalizar plata de reconstrucción por fuera de la burocracia tradicional, y también el espejo de todo lo que puede salir mal cuando llegan billones de pesos de golpe a una región. Ese modelo, una mezcla público-privada, que también fue más horizontal, al involucrar la opinión de los propios afectados, fue considerado un éxito.
No obstante, el Gobierno de De la Espriella, por ahora, prometió un 'Plan Marshall' para el Chocó, según señalo literalmente en Quibdó, evocando el programa con el que Estados Unidos reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Los detalles, sin embargo, todavía se desconocen y, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, han puesto en marcha una salida rápida: donar madera y cemento para que sean los propios damnificados los que hagan la reconstrucción.
Lea los comentarios
