¿Cómo va a cubrir el Gobierno el hueco de 4 billones tras fallo sobre regalías?

El Gobierno de Gustavo Petro no esperaba la decisión de la Corte Constitucional de tumbar uno de los artículos claves de la reforma tributaria con la que se esperaba recaudar, en promedio, 3,2 billones de pesos al año entre 2023 y 2026. Los dineros iban a llegar de parte de las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales no renovables, a las que se les había prohibido deducir el pago que deben hacer de regalías de la base gravable del impuesto sobre la renta.

Se trató de un cambio en la materia al que se opusieron rápidamente las petroleras y que enfrentó dos visiones. Por un lado, el Gobierno considera que las regalías, el pago que se hace como contraprestación por la explotación del recurso natural, es una participación que debe recibir porque el Estado es propietario del subsuelo. Y, por tanto, no es un costo de las empresas que no se puede deducir del impuesto de renta.

Por otro lado, las empresas decían que sí era un costo relacionado con la actividad misma de la extracción de los recursos, así que no generaría, según ellos, un incremento de su patrimonio. En consecuencia, para el sector de hidrocarburos y minería, la reforma terminó gravando esos costos como si fueran una utilidad.

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La Corte Constitucional no apoyó la tesis del Gobierno. Primero, dijo que las regalías en efecto son un pago obligatorio por la explotación de recursos naturales no renovables, un pago sin el cual no se puede hacer esa actividad. Y, por tanto, “ no incrementan el patrimonio del contribuyente”.

Al acoger la postura de expertos académicos, la Procuraduría y representantes del sector, el alto tribunal dijo que la propuesta del Gobierno terminó tratando de manera diferente a las empresas que pagaban esas regalías en dinero y las que lo pagaban en especie, es decir, en barriles, sin que hubiera una justificación para ello. Además, dijeron que no tuvieron en cuenta que se trata de una actividad que está expuesta a la volatilidad de precios y que en momentos de precios bajos, la norma, sin contemplar alguna excepción o compensación, terminaba aumentando de manera artificial la base gravable del impuesto.

¿Qué opciones tiene el Ministerio de Hacienda? 

La decisión no fue bien recibida por el presidente Gustavo Petro, que no solo insistió en que las regalías no son un costo para las petroleras, sino que aseguró que la decisión implica darle “impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”.

Además, el Presidente dijo que por cuenta de la decisión el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, deberá recortar el presupuesto destinado a financiar las tres ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Cuál es el panorama?

En sus cuentas para la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda estimaba ingresos provenientes de la no deducción de regalías en 2023 equivalentes a 0,22 por ciento del PIB, 0,17 por ciento en 2024; 0,12 por ciento en 2025 y 0,1 por ciento en 2026.  

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calculó que el recaudo estimado que lograría el Estado por la no deducibilidad de las regalías sería en promedio de 3,2 billones de pesos anuales, teniendo en cuenta que se estiman 3,8 billones de pesos correspondientes al año gravable 2023; 2,9 billones para 2024; 3,3 billones en 2025; y 2,6 billones en 2026. 

Fuentes del Gobierno le confirmaron a CAMBIO que el impacto de esta decisión en el Presupuesto General sería de entre 3 billones a 4 billones de pesos. El Gobierno está a la espera del fallo completo (aunque este puede tardar varios meses, la decisión es efectiva desde este viernes) y se revisará desde Hacienda qué rubros del Presupuesto General de 2024 se pueden tocar.  

De acuerdo con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para 2024 “el Presupuesto ya estaba descuadrado aún antes de la decisión de la Corte”.

Entre las cuentas del académico están los 15 billones de pesos que se proyectaron por el arbitraje de litigios de la Dian con particulares, los cuales, según Pardo,”no se van a poder materializar porque la Dian no tiene los recursos legales y con esto de las regalías se suman otros 3 o 4 billones de pesos”. Además, Pardo estima que se puede ver comprometido otro billón por la desaceleración de la economía. 

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“En total ya tendríamos un hueco de unos 20 billones de pesos y la regla fiscal difícilmente va a cumplirse en 2024”, asegura el experto. Según explicó Pardo a CAMBIO, el Gobierno tiene tres opciones: seguir endeudándose y romper la regla fiscal; tratar de recortar gastos,o presentar una nueva reforma tributaria en la primera o segunda legislatura para que entre en vigencia en 2025.

“La primera opción sería insostenible y peligrosa. La segunda sería la más seria, responsable y factible. Y lo otro es una reforma tributaria", dijo.

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Dicho todo lo anterior, el trino de Petro parece más una amenaza velada a la financiación pública de otros poderes públicos y no un ejercicio de responsabilidad fiscal: Oliver Pardo

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, se refirió también a la situación, durante la Asamblea General del centro de estudios económicos ANIF, que se celebró este viernes. 

“El tema de las regalías va a implicar que se revise el presupuesto de la vigencia de 2024, pero eso no se debe a un fallo desacertado o desafortunado de la Corte, sino porque comenzamos a ver las consecuencias graves de un gran desorden en la preparación jurídica de todo el instrumental económico que a veces se ha regido más por caprichos y embelecos que por estudios serios y realidades concretas”, dijo Restrepo. 

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¿Qué significa la decisión de la Corte para las empresas? 

Juan Carlos Valencia, socio de la firma Holland & Knight, dijo que si bien por ahora no se conoce la sentencia completa de la Corte, “anticipamos que la naturaleza jurídica de las regalías continúa siendo la de una contraprestación a favor del Estado. El hecho que sea un derecho a favor de la Nación en nada se contrapone a que las regalías sean un costo de producción”.

El abogado explicó que el efecto de inexequibilidad elimina del ordenamiento jurídico una norma que negaba la naturaleza de costo de producción de las regalías, la cual está reconocida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, por lo que se debe contabilizar como tal en los estados financieros de las empresas. 

"El eje de la discusión no es que sea costo o no. El gran problema es que para quienes pagan regalías en dinero ese rubro constituye un ingreso, por eso necesariamente se requiere que también sea un costo. De lo contrario se termina gravando a la empresa sobre un ingreso ficticio, un ingreso que en realidad es de la Nación”, explicó.

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Valencia explicó que la decisión no tiene efectos graves para las empresas porque el fallo llega antes del cierre del año fiscal. “Por lo tanto, para determinar el impuesto del año gravable 2023 esta norma no sería aplicable. Técnicamente, esta norma no tendrá aplicación en ninguna vigencia. Las empresas no se verán afectadas en lo absoluto porque la norma desapareció durante el primer año en el cual se tendría que aplicar”, explicó el jurista. 

La decisión de la Corte Constitucional no tiene efecto retroactivos. Fue tomada con ponencia de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo y acompañada por Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Alejandro Linares. Los magistrados Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, de corte más liberal, se opusieron. Y la magistrada Paola Meneses no participó en la discusión por estar impedida ya que su esposo Luis Fernando Lizcano es el Gerente Jurídico de Abastecimiento en Ecopetrol S. A.