Ley de gratuidad en la educación superior fue aprobada en su último debate en el Congreso

El proyecto de ley 260 de 2022 fue aprobado por la plenaria del Senado. Esta determinación del Congreso, que se dio en cuarto y último debate, le da luz verde a la iniciativa para garantizarle acceso a educación superior gratis a jóvenes de todos los estratos instituciones de educación pública.

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"Buenas noticias para todos los estudiantes de Colombia", celebró Álex Flórez, senador por el Pacto Histórico y ponente del proyecto. El legislador dijo que, además de su aprobación por parte del Congreso, se logró "aprobar apoyos de sostenimiento para los más vulnerables. Desde ahora la educación superior es gratuita".

María José Pizarro, congresista por el Pacto Histórico, calificó la decisión como "una victoria histórica del movimiento estudiantil, otro logro del Gobierno y su bancada del cambio".

"Avanza el cambio con una educación gratuita y de calidad, brindando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Es un paso significativo hacia un futuro más inclusivo y próspero", afirmó el representante a la Cámara por Nariño, Erick Velasco.

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¿Qué se aprobó?

Esta iniciativa se radicó en el segundo semestre de 2021 y a la que solo le falta el proceso de conciliación y la firma del presidente Gustavo Petro para empezar a regir.

La iniciativa quiere hacer frente al fenómeno de deserción que suele ocurrir en los programas universitarios de pregrado. Para ello, se impulsarán medidas para reducir esta problemática y facilitando que los estudiantes puedan concluir sus procesos educativos, especialmente los que han sido víctimas del conflicto armado, miembros de comunidades étnicas y jóvenes en condición de pobreza extrema.

Asimismo, aunque la gratuidad es para el valor de la matrícula, no cubre los derechos de grado ni los gastos de inscripción a programas académicos.

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Por otra parte, el proyecto de ley se implementará de forma gradual y no afectará los presupuestos que actualmente manejan las instituciones de educación superior.

En este sentido, el Gobierno -por medio del Presupuesto General de la Nación- deberá destinar recursos para asegurar que el servicio educativo sea gratis. La iniciativa también autoriza que entidades territoriales transfieran recursos necesarios para garantizar que las matrículas sean gratuitas.