Gobierno y polarización

En Colombia, durante más de 200 años, la política fue de enfrentamiento radical: un grupo promovió el cambio social, la idea de que había que dar a todos los ciudadanos la capacidad de decidir; otro se empeñó en establecer una sociedad que adoptara las ideas eternas de la religión y los principios indiscutibles de los grandes textos de filosofía política, de las obras de Aristóteles, Sócrates o Descartes. Durante los siglos XIX y XX, estos dos grupos se consolidaron en un ambiente marcado por el uso de la violencia, de las armas y de la guerra civil, en el enfrentamiento entre liberales y conservadores, hasta que, ya en el Frente Nacional, de 1958 a 1974, los dos partidos principales aprendieron a alternar su función como gobernantes y a promover juntos reformas sociales, subsidios y servicios de salud y educación.

Especial Imaginar la Democracia

Durante los siglos XIX y XX, estos dos grupos se consolidaron en un ambiente marcado por el uso de la violencia, de las armas y de la guerra civil, en el enfrentamiento entre liberales y conservadores

A pesar de esa polarización, que nunca desapareció del todo, el país fue capaz de llegar a acuerdos de fondo: la Constitución de 1991, la reducción sostenida de la pobreza, el aumento notable de la cobertura en educación y salud, el establecimiento de subsidios para los más pobres. Al menos en el papel quedó consignado que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. Pero en la otra cara de esa historia se mantuvo la violencia de los grupos armados, y quedó en evidencia que, cuando el Estado y sus fuerzas lo consideraban necesario, podían aliarse con paramilitares y con grupos armados por fuera de la ley y usar las armas para obligar a los pobres a obedecer a los poderosos. Y quedó claro también que la corrupción es más hábil que cualquier reforma, y que se expande con una rapidez que ninguna constitución ni ningún sistema legal han logrado frenar.

Desde 2016, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó la paz con las FARC —un acuerdo débil desde su origen, rechazado por un margen mínimo en el plebiscito y aprobado después por otras vías, que dejó en el limbo a buena parte de los excombatientes y de las comunidades que esperaban su cumplimiento—, los grupos que habían promovido el cambio social incluso por las armas renunciaron a tomarse el poder en forma revolucionaria. Desde entonces se fueron consolidando dos visiones políticas orientadas ya solo a las elecciones: un reformismo social que imaginaba un país no solo para las élites sino también para los sectores históricamente marginados —los indígenas, los afrocolombianos, los trabajadores rurales, los pobres de las ciudades—, y un proyecto más autoritario que insistía en que la economía la manejara el sector empresarial y que, en las ciudades, se tradujera en mano dura contra la inseguridad, control y organización del espacio público, de los transportes y de la economía informal, antes que en programas sociales.

Se fueron consolidando dos visiones políticas orientadas ya solo a las elecciones: un reformismo social que imaginaba un país no solo para las élites sino también para los sectores históricamente marginados y un proyecto más autoritario que insistía en que la economía la manejara el sector empresarial

El Gobierno de Gustavo Petro repitió, sin proponérselo, una fórmula ya conocida en la historia colombiana: prometer mucho desde la oposición y gobernar entre la improvisación y el desorden. Llegó al poder en 2022 con una agenda ambiciosa: justicia y equidad social, respeto al medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales, reformas profundas a los sistemas de salud y pensiones, políticas para reducir la pobreza y el desempleo, cumplimiento del acuerdo de paz y una estrategia de Paz Total orientada a lograr acuerdos con los grupos violentos, mezcla ya casi indistinguible de guerrillas y narcotráfico. Pero en la práctica reinaron el caos y el desorden administrativo, alimentados por las mismas redes de favores que el petrismo había denunciado en sus rivales, y esa distancia entre lo prometido y lo entregado no tardó en sembrar sospechas. Muy pronto, buena parte de los colombianos llegó a la convicción de que todas las reformas propuestas por el Gobierno —incluida una eventual Constituyente— tenían como objetivo de fondo que el ‘progresismo’ fuera construyendo la estructura administrativa y legal necesaria para atornillarse al poder. Algo parecido ocurrió con el medio ambiente: hubo mucho discurso y poco acto real, se permitió el deterioro de Ecopetrol y de las industrias extractivas sin ofrecer ninguna alternativa seria, y quedó como herencia un efecto absurdo, el de asociar la defensa ambiental únicamente con la izquierda. Desde la posesión del presidente en 2022, una oposición desmesurada y alarmista, a la que respondía una retórica presidencial caótica, terminó por instalar esa sospecha en casi todas las capas de la población.

El Gobierno de Gustavo Petro repitió, sin proponérselo, una fórmula ya conocida en la historia colombiana: prometer mucho desde la oposición y gobernar entre la improvisación y el desorden

La elección de 2026 no fue, en el fondo, el enfrentamiento entre varias ideas de país que muchos quisieron ver en ella. Fue, ante todo, un esfuerzo casi unánime por sacar a Petro del poder. Iván Cepeda, que encabezó el progresismo, llegó a las elecciones confiado en su triunfo, sin haberle hecho jamás una crítica pública de peso al Gobierno saliente ni haber marcado con él ninguna distancia: esa cercanía sin matices terminó alimentando, en lugar de calmar, el miedo de buena parte de la población a una segunda fase del mismo desorden, ahora con la amenaza añadida de una Constituyente y de una permanencia indefinida de la izquierda en el poder. Abelardo de la Espriella se vendió abiertamente como un candidato de ultraderecha, y ese resultó ser el discurso que más electores encontraron atractivo para salir de Petro, sin que quede claro cuántos de ellos —muy pocos, probablemente— se detuvieron en algún momento a preguntarse por la legalidad o el carácter democrático de lo que estaban votando.

La elección de 2026 no fue, en el fondo, el enfrentamiento entre varias ideas de país que muchos quisieron ver en ella. Fue, ante todo, un esfuerzo casi unánime por sacar a Petro del poder

El resultado, casi dividido por mitades, debe leerse con cautela. Buena parte del 50 por ciento que respaldó a Abelardo no respondía a un acuerdo con su proyecto sino al rechazo a la maquinaria clientelista que el petrismo construyó en estos años —contratos, auxilios parlamentarios, una fuerza parlamentaria comprada en parte con favores— y al voto de las zonas donde la economía de la coca hacía conveniente, para muchos, mantener el statu quo. El voto por Cepeda, probablemente, tampoco era de simpatía por él, sino de miedo a las promesas extremistas y violentas de Abelardo. Pero ni esa maquinaria petrista ni el miedo alcanzaron: Abelardo ganó, y lo hizo con un respaldo que, en su mayoría, tampoco parece convicción ideológica o acuerdo con su programa —que era solo de tres páginas—, sino el simple deseo de acabar con la izquierda.

Buena parte del 50 por ciento que respaldó a Abelardo no respondía a un acuerdo con su proyecto sino al rechazo a la maquinaria clientelista que el petrismo construyó en estos años

El mapa de ese voto fue casi un espejo del país: la clase media y alta de las ciudades, radicalmente afín a ‘firmes por la patria’, enemiga del Pacto y de Petro; los pobres urbanos, beneficiados por los subsidios y las alzas de salario, fieles al Pacto; y en el campo, en las regiones con un campesinado de pequeños propietarios cercanos al mundo urbano —el ambiente rural lleno de fincas de recreo de Medellín, Manizales, Armenia, Cúcuta, Pereira, Tunja, Bucaramanga e Ibagué—, el abelardismo barrió con su promesa de castigo y nuevas cárceles, en los mismos espacios que ya eran del uribismo más represivo. Abelardo quedó así asociado ante todo con la arbitrariedad, con el apoyo al autoritarismo y los abusos militares, con la acción violenta contra los sectores campesinos y contra los políticos cercanos a grupos armados, mientras el petrismo se redujo a la población urbana más pobre —los barrios de estrato 1 y 2, que le permitieron ganar la mayoría en Bogotá o Medellín— y a las regiones del Caribe, donde tradicionalmente se había conformado su mayoría clientelista a partir de la expansión gradual de la Constitución de 1991. El petrismo perdió además, en 2026, buena parte del margen que había obtenido en 2022 en las barriadas de clase media: pasó de ganar el 90 por ciento de los votos en los recintos electorales de clase media de Bogotá a ganar apenas la mitad de ellos.

Por otra parte, el petrismo mantuvo o aumentó el voto mayoritario en las zonas basadas en la exportación de coca y oro, en el Pacífico y los llanos, apoyado en la actitud más o menos favorable o al menos tolerante de los grupos armados, de los viejos grupos guerrilleros convertidos en sistemas de defensa de las economías ilegales. En estas zonas el voto por Cepeda reflejaba la cercanía de los grupos armados con el petrismo, aunque también muchos elementos diferentes, como el grado de cubrimiento de los programas sociales oficiales. Y en ese voto se contradicen los elementos democráticos del Pacto, que buscan para esas zonas una mayor independencia de campesinos y trabajadores, con la propuesta abelardista, que tratará de imponer un gobierno interesado ante todo en establecer un orden confiable en las áreas rurales. Se contradice también el voto petrista con la misma propuesta expresada por Cepeda, que evoca para muchos la orientación política derivada de los ideólogos y de los textos más o menos sagrados revolucionarios de finales del siglo XX y que choca en muchos aspectos con la visión más participativa del campesinado impulsada por el petrismo, con sus ideas y su experiencia menos rígidas, con la atención por un campesinado activo y por un pueblo con mayor capacidad de movilización.

Las promesas de Abelardo, sumadas a la polarización que dejó esta elección, ponen en riesgo varios de los avances que el país ha logrado en materia de derechos. No sería extraño ver renacer el acoso a los periodistas, en una versión actualizada de los años en que los narcotraficantes ponían bombas en los periódicos y asesinaban a quienes denunciaban su negocio. Los movimientos sociales podrían enfrentar una persecución renovada, con la vieja estrategia de estigmatizar luchas justas acusándolas de vínculos con los grupos armados; esto suele empezar con la agresión verbal, que ya se ha visto, y puede terminar en la persecución política y judicial. También es previsible una restricción del espacio de discusión pública, una tendencia a ver en cualquier movimiento de cambio social una cercanía con la guerrilla, y una vigilancia policial sobre quienes apoyen bloqueos viales o manifestaciones, olvidando que la protesta es un derecho en la democracia. Y algunos derechos que parecían ya asentados —el aborto, la diversidad sexual, la libertad de culto y de cátedra— vuelven a quedar en entredicho.

Las promesas de Abelardo, sumadas a la polarización que dejó esta elección, ponen en riesgo varios de los avances que el país ha logrado en materia de derechos

La guerra contra el narcotráfico es necesaria, pero debe hacerse con rigor y respeto a la ley: concentrarse en los laboratorios de procesamiento y en las redes de comercio, que es donde están las ganancias mayores, y no limitarse a mostrar cifras fáciles de éxito a costa de los más débiles de la cadena. La erradicación de cultivos, por su parte, debe ofrecer alternativas reales a los productores y respetar el medio ambiente. Más ampliamente, el nuevo Gobierno no puede darse el lujo de tratar la defensa ambiental como un capricho de la izquierda —siguiendo el ejemplo de su amigo del norte—, cuando es una necesidad que compete a todos.

Si este Gobierno no tiene la sensatez de reconocer a la mitad del país que no votó por él, y en cambio insiste en que la inseguridad y los males del país son culpa exclusiva de la izquierda, terminará profundizando la propia polarización de su base: las clases medias empresariales, los asalariados urbanos y la oligarquía terrateniente, atrapados en el miedo a la inseguridad, acabarán respaldando gobiernos cada vez más autoritarios.

De modo que Colombia ha entrado probablemente en un período muy incierto, que va a dar poder a uno y otro sector interno de acuerdo con el ambiente internacional o local de cada momento. Es posible que la democracia se restrinja algo, por el auge de sectores autoritarios rurales y por el mayor peso de los militares y de sus grupos cercanos, por la consolidación de mayorías represivas en los barrios de clase media de las grandes ciudades, o por la presión de los Estados Unidos, empeñados en frenar la llegada de cocaína y en reorganizar su espacio de influencia en el Caribe, en Venezuela o Cuba. Y es posible, pero poco probable, que el presidente electo mantenga en el Gobierno el radicalismo que le permitió atraer los electores suficientes para llegar al poder: seguramente cada vez será un presidente más tibio e indeciso.

Pero en forma inevitable, los avances sociales y económicos, en áreas como salud, vivienda y educación, más que la voluntad expresa y reiterada de superar la polarización y abrir el espacio al debate civilizado, más que la invitación retórica a un acuerdo nacional expresada por todos los políticos para quedar bien, reducirán con el paso de los años los motivos de enfrentamiento radical y de choque entre los principales grupos de población.

Al final, la mitad de los votantes quiso salir de Petro con la promesa de una ‘patria milagro’, y vale la pena preguntarse: si no es con un milagro, ¿cómo piensa cumplir esa promesa? ¹

¹ El Gobierno electo parte de supuestos optimistas sobre la capacidad de inversión de los empresarios que lo apoyan y sobre la productividad que podría generar una sociedad más ordenada y pacífica, en un contexto internacional que hoy es todo menos estable. Esas ilusiones tienen un costo fiscal concreto: la crisis presupuestal que hereda del petrismo —que deja una quiebra de fondo— se verá agravada por impuestos y recortes que difícilmente alcanzarán para financiar lo que el nuevo Gobierno promete.