Esquemas de protección al delito: así opera la mafia de la UNP

Cada día se ve con mayor detalle la mafia de mil cabezas que se engendró dentro de la Unidad Nacional de Protección. Lo que empezó con la detención en el Cauca de una camioneta de la entidad con 168 paquetes de clorhidrato de cocaína terminó por abrir la puerta a un rompecabezas de corrupción, narcotráfico y negocios criminales que gravitan alrededor de los carros blindados, los escoltas y un tinglado altamente sofisticado en el que están metidos beneficiarios de los esquemas de protección, contratista de la UNP y funcionario de la entidad.

CAMBIO accedió a una serie de denuncias que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, la dirección de la UNP y la Procuraduría en las que se esboza la existencia de una mafia que delinque bajo la mampara de los esquemas de protección, pagados con recursos públicos. Los tentáculos de esta mafia son políticos, ganaderos, periodistas, comerciantes, escoltas, contratistas, militares y policías retirados y grupos al margen de la ley.

Es una red que funciona en distintas zonas del país pero que tiene un mismo patrón: vende esquemas de protección, cobra tajadas en el alquiler de los carros blindados o convencionales; pide coimas por ingresar a trabajar como escolta; se roba los dineros de viáticos y comisiones; trafica con droga y con armas; transporta delincuentes de alto perfil y hasta participa en negocios de cultivos ilícitos, deforestación, bonos de carbono y despojo de tierras.

De escolta a protegido

Uno de los casos que están documentando las autoridades vincula al exgobernador del Guaviare Nebio Echeverry. Según las denuncias conocidas por CAMBIO, alrededor de este cuestionado empresario funciona una de estas redes. Echeverry estuvo en la lista Clinton de 2010, ha sido dos veces gobernador, hoy aspira a volver al poder departamental y tiene señalamientos por narcotráfico, deforestación, apropiación de tierras y corrupción.

En el caso de corrupción de la UNP, un exescolta del exgobernador está en el radar de las autoridades, por una extraña situación que lo hizo pasar de ser escolta a protegido. Las denuncias presentadas por una organización comunal advierten que el beneficiario del esquema hizo parte de un grupo paramilitar y hoy tiene tres escoltas y una camioneta blindada que es usada por el exgobernador para mover dineros de campaña. 

Uno de los denunciantes, cuya identidad se protege por motivos de seguridad, afirma que el esquema fue asignado al exescolta luego de que este pagara 45 millones de pesos a Ronald Rodríguez, el exsubdirector de la UNP vinculado al proceso por corrupción junto al exagente del DAS y presidente de uno de los sindicatos de la UNP Wilson Devia, y el narcochofer Manuel Antonio Castañeda. Según el documento conocido por CAMBIO, la persona encargada de avalar la asignación del esquema fue Juan Manuel Rojas Martínez, analista de riesgo de la UNP en el nivel central y cercano a Rodríguez. 

Coimas para trabajar como escolta

Este caso también tiene elementos comunes con otras denuncias. Según varios testimonios recogidos por una organización que hizo llegar las denuncias a las autoridades, en Meta, Guaviare y Caquetá la red de corrupción de la UNP cobra, además de los 45 millones que debían ser pagados en el nivel nacional para la asignación del esquema, una cuota de ocho millones de pesos anuales. De igual manera, las personas que testificaron dieron información sobre un segundo nivel de corrupción que se caracteriza por el pago de coimas para ingresar a trabajar como escoltas.

Esta modalidad consiste en que, para ingresar a trabajar como escolta, el solicitante debe pagar entre seis y ocho millones de pesos. El documento contiene un caso de un joven que pagó la coima y nunca le cumplieron. El denunciante, después de tres meses de esperar, decidió aportar los nombres de quienes lo estafaron y los soportes de transferencias y el número de cuenta. La denuncia fue puesta en conocimiento de Diego Alejandro Arboleda, presidente regional del sindicato UT-UNP. La información, a su vez, fue entregada a la empresa Vise Ltda., que es operador de la zona, a la directiva del sindicato y a la dirección nacional de la UNP.

Lo grave fue que, antes de obtener una respuesta, el señor Arboleda empezó a recibir amenazas y hostigamientos. El 4 de octubre de 2022, a las 9 y 30 de la noche, al entrar a su lugar de residencia, encontró que alguien había entrado y esparcido por toda la casa barro y excrementos humanos. Unos meses después, Arboleda recibió una llamada al celular de un hombre que se presentó como el comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que le advirtió que era objetivo militar de su organización.

El 5 de abril de 2023, el dirigente sindical, luego de haber puesto en conocimiento de la Fiscalía y la UNP lo que venía viviendo, recibió otro mensaje: “Paisano, a usted ya se le había advertido una vez que dejara las cosas quietas. Sindicalista de mierda por sus hptas denuncias sus oídos y narices van a resultar llenas de algodón cuídese de nosotros porque usted ya huele a formol”.

Otra denuncia elevada por Arboleda tiene que ver con el caso de un escolta adscrito a Andrés Márquez Cedeño, quien reside en Uribe, Meta. La información que se tiene es que el escolta pasa más tiempo de comisión en Villavicencio que en el lugar donde vive su protegido, un concejal del municipio que solo asiste al casco urbano a las sesiones del cabildo y regresa a su finca. Mientras tanto, su escolta disfruta en Villavicencio de los viáticos.  El concejal Márquez sostiene que esto no es cierto y afirma haber aportado material para desestimar la denuncia.*

Coca, madera, baldíos y hasta materiales de construcción

De otro lado, son ya decenas de denuncias sobre utilización de vehículos y escoltas de la UNP para el tráfico de pasta de coca. El documento conocido por CAMBIO deja constancia de que existe una “narcorruta” que sale de Cumaribo (Vichada), pasa por Planas, la Cristalina, Puerto Gaitán y Puerto López y llega a Villavicencio. El coordinador de la ruta es conocido como Parrado, un sargento retirado del Ejército que tiene contactos en Estados Unidos, San José del Guaviare y Meta. 

Justamente, la información entregada a las autoridades da cuenta de que en esta regional los militares y policías retirados tienen montado un monopolio sobre el personal que presta los servicios de escolta, utilizando su conocimiento militar en el área y sus influencias en uniformados activos para mantener la operación del cartel.  

Para rematar el cuadro de esta tecnificada red, existe abundante información sobre otra práctica utilizada por esta mafia: vienen adelantando una operación de acumulación de tierras baldías, compra de predios a particulares, proyectos de bonos de carbono, de extracción ilegal de madera y hasta de explotación de materiales para construcción. En este ámbito, aparece el nombre de otro poderoso personaje de la región del Ariari: Reinel Gaitán Tangarife, más conocido como el 'Gurre', un comerciante de Granada que domina toda la región, desde Acacías, San Martín, Granada y hasta Mesetas, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en Caquetá. 

El Gurre fue capturado en febrero de 2002 por delitos ambientales, minería ilegal, soborno a funcionarios públicos y fraude procesal. Su hijo fue aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y su emporio mezcla negocios lícitos con actividades sombrías. Las denuncias aportadas a la dirección de la Unidad de Protección apuntan a que Gaitán Tangarife hace parte de esta red, que opera otra ruta ilegal que pasa por Mapiripán, Guaviare, el sector del Guayabero y el Ariari. El epicentro de operaciones es San Martín, Meta, y el operador del sistema, según denuncias, es alias Juanito, un paramilitar allegado al Gurre y al exgobernador Echeverry. 

“Aquí la mayoría de alcaldes participan de estos negocios, que incluyen actividades de narcotráfico, comercialización de madera, siembra y procesamiento de coca y hasta explotación de materiales de construcción. En últimas, la red de esquemas corruptos es el operador logístico del cartel: pone la seguridad y los carros blindados”, detalló uno de los denunciantes.  

Fraternidad delictiva

Pero en esta área de operaciones existe una particularidad y es que el triunvirato de contratistas, escoltas y beneficiarios ha incursionado también en negocios con bonos de carbón, mediante la cooptación de resguardos indígenas, la acumulación de tierras baldías y la compra de lotes privados con problemas de titulación. En el fondo, son proyectos inmobiliarios que utilizan tierra despojada a campesinos o terrenos baldíos para construir proyectos de vivienda popular. Adicionalmente, a los escoltas y sus familias les son entregados predios de entre cuatro y siete hectáreas para garantizar su fidelización mediante la fraternidad delictiva. 

Es una concertación para delinquir altamente tecnificada: los escoltas laboran siete días al mes e ingresan al negocio mediante la adquisición de lotes. En esta modalidad, que incluye los proyectos de bonos de carbono, el denunciante advierte que existe una nutrida participación de periodistas locales, extranjeros, policías y militares retirados, quienes son los dueños de la red que funciona en la región del Ariari.

Las denuncias conocidas por CAMBIO ya están en manos de las autoridades, que vienen reconstruyendo el paso a paso de la mafia que se tragó la Unidad Nacional de Protección y en cuyos capítulos regionales empiezan a aparecer los nombres y los rostros de los pesos pesados. Personalidades locales que harían parte de un esquema delincuencial que mezcló escoltas, blindajes, coca y corrupción. Una red que está empezando a quedar al descubierto y que parece ser más grande de lo que todos pensaban.

*Este artículo fue modificado por solicitud de Guillermo Andrés Márquez Cedeño, una de las personas mencionadas en el artículo y quien desestima la acusación en su contra por el presunto mal manejo del esquema de protección que le fue asignado.