Falsos positivos.
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‘Falsos positivos': víctimas denuncian ante CIDH tropiezos para acceder a reparación
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Desde 2020, cuando el Consejo de Estado cambió las reglas para presentar demandas en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, múltiples procesos relacionados con ejecuciones extrajudiciales han salido desfavorables a las víctimas. ¿Por qué?
El 28 de julio de 2006, Clara Patricia Suárez Valencia fue sacada de forma violenta de su lugar de trabajo y llevada a la fuerza para El Dorado (Meta), en donde fue vestida con prendas de uso militar y asesinada, junto a otra persona que no fue identificada, por integrantes del Ejército Nacional en un caso de ejecución extrajudicial. Su familia, a través del Colectivo Orlando Fals Borda, presentó una demanda de reparación que fue negada bajo el argumento de que el recurso se presentó fuera del tiempo que la ley permite para ello.
El caso de Clara es uno de los 53 que diversas organizaciones de derechos humanos incluyeron en una petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que se denuncian las dificultades para acceder a la reparación integral de los familiares de las víctimas, luego de que en 2020 el Consejo de Estado hiciera un cambio en las reglas de juego para presentar estos recursos.
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La decisión, que unificó jurisprudencia, dice que el plazo que la ley fijó en dos años para demandar rige desde que los afectados conocieron o debieron conocer que, en la muerte de su familiar, pudo haber participación del Estado. Ese fallo fue cuestionado por tres magistrados que salvaron el voto y por las víctimas, con el argumento de que iba en contravía de mandatos de la Corte Interamericana de Derechos humanos.
La petición, conocida por CAMBIO, dice que ese plazo, según la Corte IDH, no existe para este tipo de crímenes. En consecuencia, le piden al organismo internacional que declare la responsabilidad del Estado Colombiano por la violación a los derechos de integridad personal, garantías judiciales, derecho a la verdad y a la administración de justicia, entre otros.
También piden que se ordene al Estado colombiano adecuar la legislación interna para que esa caducidad no aplique para los casos de crímenes de lesa humanidad y/o graves violaciones a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Amerciana.
Así lo alegaron respecto de nueve casos en los que ya la justicia negó la reparación y que incluye una ejecución extrajudicial que se remonta a 1979; un caso de tortura y detención arbitraria tras la toma y recuperación del Palacio de Justicia en 1985; un ‘falso positivo’ de una líder comunitaria en 2004 y otros casos como el asesinato de un señor en situación de discapacidad en Antioquia.
La petición incluye 11 casos que están en trámite ante la justicia administrativa, sobre los cuales los representantes de las víctimas temen que las decisiones sean negativas a sus intereses por cuenta de la regla de caducidad. Uno de esos, que adelanta el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, tiene que ver con la masacre de La Sarna en Boyacá, perpetrada el 1 de diciembre del 2000, cuando 15 personas que viajaban en un bus fueron asesinadas por las Autodefensas Campesinas del Casanare.
La demanda también presenta 32 casos –relacionados con ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, Norte de Santander y Caquetá, entre otros departamentos– en donde se ha optado por no pedir la reparación, pues pasaron más de dos años desde la ocurrencia de los hechos.
La petición fue presentada en conjunto por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVJ), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), en representación de 308 familiares de 53 víctimas.
Esa petición se suma a otras que ya otros representantes de víctimas de estos crímenes han presentado ante la CIDH.
