Los tres nombres que el presidente Gustavo Petro escogió como candidatos para llegar a la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien termina su periodo en diciembre de este año, tienen en común que son o fueron subordinados suyos, lo cual ha llamado la atención de diversos sectores y de académicos que se preguntan sobre las garantías de independencia y de imparcialidad que la persona elegida pueda ofrecer desde el alto tribunal.

Así lo señalaron diversos expertos consultados por CAMBIO, tras hacerse pública la terna compuesta por el actual secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega; y la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social Cielo Rusinque, quien tras salir del cargo y filtrar ella misma que iba a ser nombrada en un cargo cercano al presidente, quedó por fuera del Gobierno.

¿Tienen los candidatos los requisitos necesarios para llegar a la Corte? En los papeles, sí. Pero llegar a la Corte Constitucional, máximo tribunal del país, encargado de velar por la Constitución y tomar decisiones relevantes en materia de derechos fundamentales para todos los colombianos, hace que las postulaciones tengan una lupa especial.

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Según María Adelaida Ceballos Bedoya, coordinadora de la línea de Sistema Judicial en Dejusticia, y quien le sigue el paso a este tipo de procesos en las altas cortes, no solo se trata de que sean candidatos independientes, sino que lo parezcan y que sean percibidos de esa forma por la ciudadanía.

“Ante la ciudadanía casi que necesariamente va a estar siempre la duda de si están actuando de manera independiente, porque venían precedidos por esa relación de subordinación”, explicó. En ello coincide Silvia Serrano, experta en derecho internacional de los derechos humanos, quien fue integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH:

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“Me parece que, independientemente de si le toca conocer (a la persona elegida) casos sobre actos concretos del presidente, la percepción social de la cercanía y la lealtad personal de algunas de las personas ternadas genera dudas de imparcialidad”.

El tema no es que no pueda el jefe de Estado ternar a personas afines ideológicamente a su Gobierno, sino que, según expertos, se habría podido acudir, no a sus funcionarios, sino a personas que tengan una trayectoria propia dentro de ese espectro progresista.

“Petro puede querer en la Corte personas afines a su visión ideológica, eso es legítimo. Pero los candidatos deben tener capacidad técnica, independencia e imparcialidad”, dijo a CAMBIO una fuente enterada.

Ceballos Bedoya agregó: “El deber de los presidentes es elegir a personas comprometidas con los derechos humanos. Había mucha riqueza en el pool posible de candidatos, porque lo que tenemos en Colombia son abogados y abogadas profunda y ferozmente comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Si este es el gobierno del cambio y un Presidente dice estar comprometido con la defensa de los derechos humanos, no tengo duda de que había tres candidatos y candidatas más que calificados para elegir”.

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Especialistas que conocen en detalle el funcionamiento de la Corte Constitucional le dijeron a CAMBIO que esta es la primera vez que los tres candidatos tienen esa relación de subordinación, pues las ternas, incluso las que son consideradas ‘ternas de uno’, solían incluir a personas afines, pero no subordinadas al Jefe de Estado. Por ejemplo, en el pasado fueron ternados personas que estaban entonces en la Secretaría Jurídica de Presidencia, como pasó con Mauricio González Cuervo en el Gobierno de Álvaro Uribe, o con Cristina Pardo, en el mandato de Juan Manuel Santos.

Cuervo fue ternado junto a Beatriz Arango y Mauricio Velásquez, en un proceso que fue ampliamente criticado y que tuvo la renuncia previa de dos ternadas. Pardo fue elegida magistrada en 2017, de una terna que elaboró el entonces presidente Santos junto a las reconocidas abogadas Isabel Cristina Jaramillo y Natalia Ángel Cabo, quien fue ternada tres veces, la última por el Consejo de Estado, y fue elegida magistrada en 2021.

Una terna reciente que también fue muy criticada es la que presentó el entonces presidente Iván Duque al Senado con los nombres de Fernando Grillo, quien era director del Departamento de Función Pública; José María del Castillo, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda; y Paola Meneses, amiga del colegio de Duque, abogada constitucionalista, que fue nombrada por él como superintendente de Subsidio Familiar. De esa terna, de personas que tenían cercanía con Duque, fue elegida Meneses en diciembre de 2020.

Un viejo conocido

Vladimir Fernández es un viejo conocido del presidente Petro. Es doctor en Derecho, con una maestría y dos especializaciones en derecho administrativo, siendo su casa la Universidad Externado, en donde fue integrante del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Su último cargo antes de llegar a la Secretaría Jurídica de Presidencia fue ser procurador delegado ante el Consejo de Estado, al que llegó por concurso de méritos en la Procuraduría de Fernando Carrillo en 2015.

Esa es su experiencia en la Rama Judicial. En otros cargos, estuvo como secretario de la Federación Nacional de Departamentos, fue asesor de la Comisión de Regulación del Agua Potable y del Invías, así como asesor jurídico de Neiva, entre otros. En 2011, el entonces alcalde electo de Bogotá Gustavo Petro lo retiró del proceso de empalme, luego de que Fernández fuera cobijado con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad por parte de la Fiscalía, en un proceso relacionado con la firma de unos contratos entre Empresas Públicas de Neiva con una organización en 2002.

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Fernández le dijo a CAMBIO que esa medida luego fue revocada y que el proceso fue precluido a su favor. El año pasado, recién nombrado secretario jurídico, La Silla Vacía reveló una petición de la Fiscalía de 2018 que pedía investigarlo, a propósito de una interceptación telefónica que se produjo dentro de un proceso por presunta corrupción en el Huila que involucra a ocho concejales y al contralor municipal.

Como secretario jurídico del presidente, Fernández tiene el deber de intervenir en los procesos que se abren en la Corte por cuenta de demandas de ciudadanos a normas claves para este Gobierno como, por ejemplo, las demandas que cursan en contra de la ley de paz total, estrategia central del Jefe de Estado por el que avanzan acercamientos con disidencias y que permite también aproximaciones con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales.

Fernández, por ejemplo, fue quien firmó el concepto jurídico enviado a la Corte desde la Presidencia que aseguraba que hombres como Iván Márquez, que abandonaron el proceso de paz de La Habana, eran desertores y por tanto solo les quedaba el sometimiento, pues no se podía hacer una negociación con fines políticos con estas personas. Días después de que el documento se conociera, el Gobierno presentó un nuevo concepto modulando su postura, para indicar que, en últimas, es el presidente el que tiene la facultad de indicar con quién negocia con fines políticos y con quién no.

¿El ‘activismo’ en contra?

Cielo Rusinque es abogada constitucionalista, la única integrante de la terna con esa especialización, tiene una maestría en estudios políticos y es candidata a doctora en derecho constitucional. A pesar de sus credenciales, que incluyen trabajos en la Secretaría Judicial de la Fiscalía o como asesora jurídica en Fusgasugá, es más reconocida por ser una fiel activista en redes sociales en favor del entonces candidato Gustavo Petro, quien la nombró en el Departamento de Prosperidad Social.

Incluso, el exsenador Roy Barreras, quien llevó junto a Armando Benedetti el ajetreo de la campaña, dijo que Rusinque es una “fiel amiga personal” de Petro, y una “militante comprometida” de la Colombia Humana. En el DPS fue posesionada en septiembre de 2022 y estuvo allí hasta agosto de este año.

Rusinque reveló que desde la Presidencia le ofrecieron un cargo y ella lo ventiló a los medios de comunicación, lo cual significó su salida del DPS, que se cayera el nuevo puesto y que saliera del Gobierno. El periodista Daniel Coronell reveló en su momento que se le había ofrecido ser secretaria privada del presidente, más no jefa de Gabinete, como se indicó entonces.

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Al ser ternada por el presidente Petro, Rusinque defendió el pasado 3 de octubre sus capacidades y su hoja de vida, y aseguró que “mal podría” esperarse que hubieran sido incluidas personas contrarias a su proyecto político: “Eso sería no solamente torpe sino pues hablaría del desconocimiento de cómo se conforman estas Cortes. Si esa libertad no existiera, si no existiera otro tipo de requisito o algún impedimento para designar gente de su línea política, pues sencillamente no se le atribuiría esta facultad al señor presidente”.

“Creo que los tres ternados cumplimos con los requisitos que están previstos por la Constitución y la ley. Y si se trata de mi experiencia particular, tengo no solamente la formación de abogada, sino pues los años de experiencia requerida y una formación en derecho constitucional”, agregó.

El experto en tierras

La terna la finaliza Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras. Es abogado de la Universidad Católica y magíster en Comunicación Política de la Eafit, con una experiencia de más de 17 años en los procesos relacionados con tierras y los derechos humanos, mas no en la Rama Judicial. Nació en La Plata, Huila. Fue integrante del EPL y se desmovilizó en 1991, para dedicarse a temas relacionados con la tenencia de la tierra.

Fue consejero presidencial de Ernesto Samper, cónsul en Bruselas, hizo parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), y fue vocero entre 2003 y 2006 del Polo Democrático Alternativo en Antioquia. Luego se entregó a la Fundación Forjando Futuros, que recibió el Premio Nacional de Paz en 2012, por su trabajo sobre la restitución de tierras. Esa organización entregó, entre otros, en 2018, un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el despojo producido por cuenta del conflicto armado.

Vega agradeció su postulación en la terna y su nombre. Aunque alfil de antaño de Petro, es un perfil diferente al de sus compañeros de terna. Cabe recordar que para ser magistrado se necesita tener 15 años de experiencia en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la docencia en disciplinas jurídicas.

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Lo que está en juego

Uno de los factores que llaman la atención es que quien sea elegido, en caso de que el Senado no presente reparos a la terna o la devuelva, lo cual nunca ha sucedido, es que tendrá conocimiento de temas claves para el Gobierno, como la mencionada paz total o las demandas al Plan Nacional de Desarrollo, pero también a los seguimientos de los Estados de Cosas Inconstitucional (ECI) que el alto tribunal ha dictado en temas estructurales para el país y en el que es el Gobierno el llamado a brindar soluciones.

Por ejemplo, la Corte ha declarado ECI en materia carcelaria y penitenciaria en 1998, 2013 y 2015, y el año pasado lo extendió a las URI y a las estaciones de Policía. En 2004 hizo lo mismo en relación con la situación de desplazamiento forzado en el país, caso que sigue en seguimiento por la Corporación, tal y como está en seguimiento la crisis humanitaria de La Guajira. Recientemente, declaró un ECI sobre la situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz de La Habana.

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Incluso, los magistrados tienen en sus despachos una ponencia del magistrado José Fernando Reyes que busca que se declare un ECI respecto de la grave situación de los líderes sociales en el país, la cual está en estudio desde hace varias semanas, y que no ha avanzado mientras se solucionan otros temas que también son claves para el Gobierno Petro: las demandas a la reforma tributaria expedida por el Congreso y liderada por este, de las cuales ya la Corte empezó a hacer ajustes con los primeros cuatro casos ya fallados.

¿Estudiarían la persona elegida actos de Gobierno en esos casos? Cualquiera de los ternados que sea elegido tendría que declararse impedido para conocer de temas en los que, como funcionarios del Gobierno, hayan participado directamente, o conceptuado, como el caso de Fernández desde la Secretaría Jurídica que interviene en procesos ante la Corte Constitucional.

Más allá de sus perfiles, ¿serían considerados por la ciudadanía como independientes del presidente Petro los ternados, si se tiene en cuenta que dos de ellos todavía son subalternos y la otra lo fue hasta hace poco? lo que hoy siguen como subalternos? Esa pregunta no es menor. La Constitución lo que prohíbe de manera expresa es que sea elegidos magistrados de la Corte quienes en el año anterior se hayan desempeñado como ministros del Despacho, pero nada dice sobre personas que hayan tenido roles directivos de dependencias de Ministerios: la ANT, como se sabe, hace parte del Ministerio de Agricultura; y el DPS se encarga de diseñar y poner en marcha políticas para superar la pobreza y la equidad social.

‘Mujeres sí hay’: movimientos sociales

Ante este escenario, los expertos consultados por CAMBIO estimaron prudente que se contemple la posibilidad de que el presidente reconsidere la terna o que, en el futuro, se haga un proceso en el que se presenten primero nombres para el escrutinio público. “Eso no está establecido normativamente, pero es una buena práctica que podría bajar las sospechas de si una persona tiene el perfil o no”, dijo Serrano.

A esa petición se sumó el director de la Corporación Excelencia a la Justicia Hernando Herrera Mercado, quien dijo que es relevante que ese escrutinio se haga: “En algunos de los casos, resalta más la calidad de activistas y eso llama la atención por el papel que en el futuro va a desempeñar una persona que tenga u ostente la calidad de magistrado”, apuntó.

Ceballos explicó, por su parte, que, previo al anuncio de la terna, había elevado una carta a la Presidencia en la que se pedía, precisamente, que se indicara cuándo iba a ser presentada y qué criterios se iban a tener en cuenta.

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La experta precisó que un aspecto relevante de esta terna es que tiene mayor diversidad territorial. “Eso es positivo, pero creo que hay que seguir poniendo el ojo público sobre la necesidad de que los candidatos tengan los méritos suficientes y que sean diversas en varios aspectos: en género, en representación territorial o en términos étnico-raciales. Creo que falta más veeduría pública pero también más compromiso por parte del Presidente en esas nominaciones”, apuntó.

De hecho, el movimiento Causa Justa, que presentó la demanda que llevó a la despenalización del aborto hasta la semana 24, hizo una petición pública –junto a 30 organizaciones– al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, indicando que en el país hay perfiles de mujeres académicas con trayectoria reconocida que serían candidatas más ajustadas para llegar a la Corte Constitucional.

Entre los nombres que presentaron está el de Catalina Botero, reconocida abogada de la Universidad de los Andes, que fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y decana de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y magistrada encargada y conjuez tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado.

También, el de Helena Alviar, quien era una de las mujeres que sonaba para llegar a la Corte, y quien es doctora en Derecho Económico y Género, abogada de los Andes y con maestría de la Universidad de Harvard, así como docente universitaria en varias universidades y miembro fundadora de Dejusticia. Otros nombres que pusieron a consideración fueron Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Magdalena Inés Correa Henao, quienes ya han sido ternadas en el pasado, y el de Paula Robledo Silva, quien es magistrada auxiliar del alto tribunal.

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“Nos permitimos solicitarle de manera respetuosa que la conformación de estas ternas exprese el compromiso que ha manifestado públicamente con la paridad de género y la transformación de las situaciones de desventaja y violencias basadas en género que bien las mujeres y la población Lgbti”, indicaron en su carta, en la señalan que esta es una oportunidad para “asegurar una Corte progresista, respetuosa de la institucionalidad, los derechos humanos, en particular de grupos históricamente discriminados”.

El énfasis que se hace en esta carta tiene que ver con que, en su mandato como presidente de la república, Gustavo Petro no solo tiene la responsabilidad de presentar la terna para reemplazar al magistrado Linares, quien es de origen liberal, sino también la de Cristina Pardo, quien es conservadora y finaliza su periodo en 2025.