Las claves del proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales
Miércoles 15 de febrero, rueda de prensa de presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales. De izquierda a derecha: Néstor Osuna, ministro de Justicia; Ariel Ávila, senador, y Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá.
Crédito: Twitter Ariel Ávila (@ArielAnaliza)
En qué consiste el proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales, promovido por el Ministerio de Justicia, como mecanismo para llegar a la paz total.
Por: Sebastián Martínez
La tarde del miércoles 15 de febrero el Ministerio de Defensa dio a conocer los aspectos esenciales del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto.
En rueda de prensa, el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el senador por Alianza Verde, Ariel Ávila y el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, compartieron al público la iniciativa, que busca desactivar a los grandes grupos armados y, de esta manera, llegar a la paz total que promueve el presidente Petro.
Otras personas que han estado involucradas en la construcción del proyecto de ley son: Mauricio Pava, penalista; Danilo Rueda, alto comisionado para la paz; Yesid Reyes, exministro de Justicia; Jorge Perdomo, exfiscal; Camilo Eduardo Umaña, viceministro de política criminal y justicia restaurativa; Enrique Santiago, abogado español, y los congresistas Iván Cepeda y Roy Barreras.
Los puntos importantes del proyecto de ley de sometimiento
En caso de materializarse, la iniciativa no creará tribunales de justicia transicional al estilo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o Justicia y Paz. Los encargados de conocer los procesos de los delincuentes que opten por someterse serán jueces de la república, quienes impondrán medidas sustitutivas —diferentes a las penas contempladas en el Código Penal— que garanticen la no repetición, restauración y verdad para las víctimas. Las condenas estarán entre los seis y ocho años de cárcel, a las que posteriormente se les sumarán otros cuatro de justicia restaurativa, para un total de 12 años de privación de la libertad. A ninguna de estas organizaciones criminales ni a sus miembros se les reconocerá estatus político o de beligerancia.
No cualquiera podrá acogerse a esta normativa. El texto, compuesto por 54 artículos, estipula que se debe tratar de “estructuras de alto impacto”, lo cual implica una jerarquía establecida, visibilidad, organización y uniformes, entre otros aspectos. Hasta el momento, solo ocho grupos al margen de la ley han manifestado abiertamente su deseo de someterse a la justicia.
En aras de evitar colados, como se ha evidenciado en otros procesos similares, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y el Ejército contarán con la prerrogativa de excluir grupos criminales y personales que, a su juicio, no encajen dentro de los requisitos impuestos por la ley.
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Adicionalmente, se fijará un plazo para el sometimiento, es decir, los delincuentes tendrán un límite para decidir si se acogen al ofrecimiento del Gobierno o no. Esta medida se toma para que no continúen delinquiendo, burlando al Estado y con la expectativa de que en cualquier momento puedan tocar sus puertas para recibir beneficios.
Respecto al patrimonio de estas estructuras, el ministro Osuna explicó que los criminales tendrán derecho a conservar el 6 por ciento de los bienes que actualmente poseen y son producto de su actividad ilícita. Este punto de la iniciativa suscitó un intenso debate entre sus creadores, que no se ponían de acuerdo si aumentar dicho porcentaje a 10 por ciento.
Para que el sistema judicial no colapse una vez ingresen todos estos procesos a los diferentes despachos del país, se contempla la creación de nuevos cargos para jueces y fiscales. El trato a delincuentes rasos y los capos de las estructuras no será diferenciado y todo aquel que haya cometido crímenes de lesa humanidad será procesado. Aquellos que no estén involucrados en delitos de esta magnitud, deberán únicamente suministrar información a las autoridades para poder acogerse a la normativa en cuestión.
Según cifras del Gobierno, si la ley funciona acorde a lo planeado, se desarmarían más de 150 grupos al margen de la ley en Colombia —cerca de la mitad que existen hoy en día— y no se afectarían los tratados internacionales de extradición.
