A solas con la Oficina de Envigado

Es la segunda vez que entro a la cárcel de Itagüí. La primera fue hace casi 10 años. Asistí a un encuentro entre los jefes paramilitares —los que no extraditó Álvaro Uribe— con un grupo de defensores de derechos humanos, entre los que estaban Piedad Córdoba y Danilo Rueda. El asunto era buscar cómo los paras podían aportar verdad a las víctimas.  Nos sentamos alrededor de una mesa rectangular y tras varias horas de diálogo Fredy Rendón Herrera, más conocido como 'el Alemán', que tuvo secuestrada a Piedad años antes, le pidió perdón. Fue un encuentro emotivo, hubo lágrimas y abrazos. Al final alcanzó hasta para mí. Ernesto Báez se me acercó, me dio un libro escrito por él y me pidió perdón por los largos años de exilio que sufrió mi papá y la persecución de la que fue objeto por parte de los paramilitares: “Matar a Alfredo Molano era una obsesión de Carlos Castaño”, me dijo Báez, quien murió hace tres años largos. 

Volví hace dos días para acompañar una reunión entre delegados del gobierno, encabezados por Danilo Rueda, hoy alto comisionado de paz, y los jefes de los distintos combos en que los se atomizó la temida Oficina de Envigado. En el auditorio del penal de máxima seguridad se encontraban 20 jefes de estructuras, cuatro abogados, que han servido de facilitadores, y cinco delegados de la comunidad internacional. El encuentro era para verificar los gestos de confianza acordados y para definir la fecha en que se instalaría el espacio de diálogo, pero además, el simple hecho de juntar a enemigos irreconciliables que se han dado plomo en las calles era un acto de reconciliación que puede evitar muchas muertes. 

La última vez que se habían encontrado fue en 2005 cuando su jefe principal, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, los reunió para notificarlos que se acogerían al proceso de paz de las AUC con Álvaro Uribe. De ahí para acá, la Oficina de Envigado se empezó a fragmentar y se hundió en una sangrienta guerra interna por el control de los barrios, el microtráfico, el sicariato, las finanzas criminales y el letrero de la, a su manera, prestigiosa banda. Para llegar a los Patios 1 y 2 de la cárcel La Paz de Itagüí atravesaron 18 años de reyertas entre ellos. Hoy, quienes se han enfrentado por años están empeñados en lograr la unidad organizativa que les permita saldar las diferencias y entrar unidos a un diálogo que le ponga fin a la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá, causada en buena parte por ellos mismos.

Por eso el gobierno se comprometió a trasladar desde distintas cárceles a los cabecillas de los 12 combos que gobiernan las comunas de Medellín, a cambio de que las estructuras armadas decretaran un cese de hostilidades y suscribieran el compromiso de frenar el comercio de fentanilo y heroína. El primer paso se cumplió el viernes, aunque a la Oficina de Envigado le faltan tres integrantes que aún no se han podido llevar a Itagüí, pero que trasladarán esta semana para que, el próximo viernes, se inicie la fase formal de diálogos.

La reunión empezó sobre la una de la tarde. Los jefes de los combos dejaron constancia de que aún faltaban tres traslados, y que los puestos de don Berna, Sebastián y Valenciano —todos extraditados a Estados Unidos— estarían vacíos simbólicamente. También pidieron iniciar la fase de flexibilización carcelaria, que consiste en permitir reuniones, establecer contactos con los jefes operativos en los barrios y disponer de herramientas de trabajo como computadores y equipos de comunicación para informarse. 

El gobierno tomó nota y explicó que a ese momento se llegaría tras establecer las condiciones que serán vigiladas por organizaciones y países garantes. “Nosotros somos, casi todos, personas de más de 30 años en la guerra. Nos estamos haciendo viejos y queremos que a nuestros hijos y nietos no les toque heredar automáticamente nuestro camino. No vinimos de fiesta ni de paseo. Vinimos a trabajar para ponerle fin a la violencia en la ciudad en la que crecimos”, aclaró uno de los jefes de “pesebreros”, banda que opera en comunas como San Javier, Robledo y San Cristóbal, y que tiene un conflicto interno tan agudo que, el pasado 28 de diciembre de 2022, hubo 8 muertos en una noche. Este conflicto está en suspenso, congelado por el escenario de diálogo que ofrece la paz total.

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Nosotros somos, casi todos, personas de más de 30 años en la guerra. Nos estamos haciendo viejos y queremos que a nuestros hijos y nietos no les toque heredar automáticamente nuestro camino. No vinimos de fiesta ni de paseo. Vinimos a trabajar para ponerle fin a la violencia en la ciudad en la que crecimos”,

Y es que la actual violencia en el área metropolitana pasa por el cartel de Medellín que arrancó a finales de los 70, por la guerra de las mafias de los 80,  por el narcoterrorismo de los 90, por el paramilitarismo de las AUC y finalmente con la inconclusa desmovilización de la Oficina de Envigado. Una organización que nació con Pablo Escobar y luego ayudó a que lo mataran; que ejecutó el asesinato de Jaime Garzón y la operación Orión en la Comuna 13, cuyos desaparecidos ya pasaron de 500 personas. Don Berna se salvó de ser asesinado por Escobar, como sí le pasó a sus patrones: los hermanos Moncada y Galeano. Así fue como Murillo Bejarano se quedó con la “Oficina de Cobro”, libró una guerra contra su socio el dirigente deportivo Gustavo Upegui, asesinado en 2006, y fue parte clave en la expansión de las AUC, con quien finalmente se desmovilizó en 2007.

Paridos por esta vorágine de violencia son los 20 jefes de combos que hoy están reunidos en Itagüí. Son 12 estructuras, las más conocidas se hacen llamar  “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly” o “el Mesa”. Presos ya están sus principales jefes, pero en los barrios siguen los herederos de ese cartel disfrutando sus rentas. “Los contactos empezaron a darse antes de la elección presidencial, por la propuesta de paz total que hacía el candidato Petro, pero para ese momento aparecieron muchos accesos y eso nos asustó. No veíamos un contacto claro, a pesar de que en ese primero participó el hermano del presidente”, detalla uno de los facilitadores, quienes en realidad son los artífices de la fase exploratoria. Se trata de abogados y mediadores que llevan décadas de trabajo con los capos.

A la reunión muchos integrantes de la Oficina llegaron vestidos con prendas blancas, ropa de marca, relojes lujosos y cadenas de oro, pero también cada uno con su libreta y su lápiz. Se acomodaron en las dos primeras filas. A los delegados del Gobierno y los jefes de los combos los separaba una mesa redonda, tan pequeña que no permitió que todos se sentaran en torno a ella. Abrió el espacio el capellán de la cárcel, quien dirigió una oración por la paz; le siguió una introducción del comisionado de paz y unas palabras de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico. Pero la tensión vino por cuenta de la selección de los diez voceros, los diez suplentes y los facilitadores por parte de las estructuras. 

El gobierno exigió nombres y credenciales, los jefes de las estructuras pidieron unos días para discutirlo pues apenas empiezan las discusiones internas y aún faltan representantes de al menos tres organizaciones. Los “muchachos”, como ellos se identifican, se negaron a definirlo en el encuentro y pidieron que los nombres de quienes adelantan el proceso se reserven hasta la próxima semana. Me explicaron que tienen miedo de las consecuencias de aparecer públicamente. Por ejemplo a  ser  señalados como activos dentro de la organización y les sumen causas penales que agraven su situación jurídica, que sus compañeros operativos se sientan traicionados y tomen venganza contra ellos o sus familias, que el Estado los traicione, en fin, una reunión de miedos que automáticamente acabó con el encuentro con los enviados del gobierno.

El diálogo entre partes se terminó, los del gobierno se fueron y yo me quedé solo para conversar con los jefes de las bandas, quería entender mejor sus expectativas y dudas en este proceso, y ellos también estaban inquietos con mi presencia en la reunión. No entendían qué hacía yo en ese espacio reservado y temían que esta crónica les hiciera daño. Yo tampoco entendía en qué momento había terminado solo con 20 curtidos jefes de las bandas. De entrada me pidieron no revelar sus identidades, manifestaron el temor que tienen hacia los periodistas y me dejaron claro que desconfiaban de mi oficio, consideran que los han distorsionado, demonizado y que ellos no han tenido la oportunidad de contar sus historia, que, según su versión, no solo incluyen negocios ilegales y violencia, sino también orden y seguridad en las comunas, empleo para muchos y obras para los barrios. 

“Nosotros también tenemos una versión de esta guerra, tenemos información que aportar para las víctimas y la justicia, pero necesitamos garantías jurídicas y físicas. Sabemos que el camino hacia la paz es más peligroso que el de la guerra, ese ya lo hemos caminado”, expresó uno de los jefes de la Terraza, un combo que se desprende de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), una alianza de autoridades y bandidos para acabar con quien había sido rey indisputado del imperio del crimen.

Estuve cerca de dos horas hablando con ellos, sin intermediarios ni testigos. Tienen evidente incertidumbre por lo que vendrá pero son conscientes de que el camino de la mafia les ha costado caro a ellos y a sus familias. Tienen heridas de combate evidentes, tienen la dureza de quienes han convivido con la muerte, a veces de aliada y a veces de enemiga. Son conscientes de los retos que se vienen en  el sendero del diálogo pero el otro camino ya lo intentaron. Son los hijos del cartel de Medellín, una subcultura que atraviesa el Valle de Aburrá y que deja miles de muertos al año. “En el reporte que usted haga que deje claro que nosotros ya no somos activos de la organización, que estamos privados de la libertad y queremos ser el puente con los que hoy mandan la parada en los barrios, porque para nosotros está claro que aquí puede haber un espacio de diálogo, pero que la paz tiene que ser con los niños y jóvenes que están afuera aferrados a una pistola para matar o morir”, concluyó el más veterano de los jefes de la Oficina de Envigado.

Salí de la cárcel con la tarde cayendo, con una idea dándome vueltas, y es que en Colombia no hemos dimensionado la violencia urbana. La de pandillas, combos, bandas y carteles que se devoran la vida de cientos de jóvenes de los barrios periféricos. Las vidas de quienes crecieron con una violencia normalizada y el sicariato como alternativa de subsistencia. Una violencia fermentada a la sombra de la guerra contra las drogas. 

En Colombia nos hemos dedicado a explorar caminos de paz con organizaciones que solo caben en el prisma de la guerra fría, la de guerrillas y paramilitares, excluyendo, sistemáticamente, a las bandas de los barrios populares, como si esa violencia solo se pudiera apagar con la mano dura del Estado. Del fallido proceso de desmovilizar la Oficina de Envigado surgió la realidad de hoy: más de 2500 muertos en la lucha intestina de los combos y más de 15.000 menores y jóvenes que hoy hacen parte de estas estructuras armadas. Una realidad dramática que el gobierno está tratando de cambiar, y que el próximo viernes 5 de mayo tiene cita con su pasado y su futuro.