Fue una crisis ministerial la causa de que fuese Laureano Gómez quien paradójicamente ratificara como canciller la Carta de la OEA en Colombia. La misma que hoy permite actuar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tan solo 21 días después del 9 de abril de 1948 se inauguró acá nuestro compromiso con la Carta Americana de los Derechos Humanos.
El historiador y académico Benjamín Ardila Duarte me explicó todo lo que rodeó y permitió ese suceso y tuve ganas de perderme de su luminosa mano en una cantidad de detalles y precisiones que ahora resultan tan elocuentes sobre la naturaleza de nuestra vida republicana.
Pero me detuve en lo paradójico que resulta que semejante impulso democrático de cara al mundo fuese recibido por un fascista como Laureano Gómez, quien después huiría entre los escombros de una Colombia convulsionada.
Y claro que el sistema interamericano de los derechos humanos padece de muchos males, en especial aquellos que se predican de la ineficacia y aplicación desigual de estas gestas en el mundo entero. Pero, sin lugar a dudas, el compromiso de Colombia con este esfuerzo continental sí ha resultado en mejores prácticas democráticas, así como ha servido de único plato de justicia al que podrán aspirar víctimas de todos los colores.
En las pasadas semanas se han vuelto a sentir las voces que no soportan que desde afuera nos recuerden la importancia de los procederes democráticos. En un extrañísimo gesto inundado de incoherencia, desde el Centro Democrático viajaron al exterior para vender su argumento sobre la importancia de la soberanía.
Los motivó el comunicado de la CIDH en el que se limitó a “alentar” a la Corte a que cumpla sus deberes constitucionales, al presidente Gustavo Petro a que “garantice” las condiciones para que ello ocurra sin “interferencias” y en general a “todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática”.
Un sensible recorderis que no pasa ni por llamado de atención en recreo colegial. Salieron entonces los loquitos de siempre a pedir por la democracia con la esperanza de destruir sus cauces. Los mismos que gritan dictadura sin cuartel, pero secundan las voces de Chávez y Maduro al rechazar el mandato de la OEA y la ONU. Es un discurso calcado de líderes políticos con tendencias autoritarias el de hacer creer que esos organismos representan un poder imperialista que debe ser rechazado porque viola la soberanía al pedir que se respete la democracia.
Tanto jurídica como políticamente el pronunciamiento de la CIDH en este caso es oportuno, legítimo y conveniente. En primer lugar, se encuentra autorizado por el bloque de constitucionalidad que integra a la CIDH y otros elementos a nuestro sistema jurídico. Y lo cierto es que los gritos para que no se elija fiscal demuestran el desespero de un sector político que vive enorme angustia al no poder ejercer una oposición política coherente y contundente.
Se oponen a que se elija una nueva fiscal porque saben que esa entidad viene siendo utilizada como arma de oposición política, y tal vez la única con la que pretendían —de manera peligrosa e inconstitucional— montarle un contendor al presidente.
Quieren que la CIDH calle y que la Corte no haga su trabajo para que siga mandando en el poder acusador del Estado una manada de corruptos y abusivos. La institucionalidad que prometen defender acabándola. Necesitan que allá siga primando la persecución a críticos, el abuso de los recursos públicos y la corrupción judicial, como si eso fuese una forma de prevalencia de las instituciones.
Les importan cinco las instituciones. Son los mismos que aplauden las políticas bukelianas, los decretos abusivos de Milei, la tiranía del fiscal Barbosa y lo hacen copiando el discurso de Chávez y Maduro. Falsos e incoherentes. Como el Laureano que sirvió para permitir la llegada de un sistema en el que nunca creyó.
Colombia se hizo parte de la OEA tal vez en el peor momento de convulsión social en su historia moderna. Su presencia es indispensable para la salud de nuestra república, lo sabemos en este momento y lo sabremos si Petro se extralimita. Y si ello ocurre veremos a los mismos muñequitos de ahora pidiendo que se respete a la CIDH en Colombia y en nuestro sistema legal. Porque les gustan las instituciones para manosearlas, para que la Fiscalía siga haciendo ilegalmente lo que ellos como actores políticos no han podido hacer.
