La cruel persecución a la que Vladimir Putin sometió a Alexéi Navalni condujo a su muerte en la remota y gélida colonia penal a donde lo había confinado. Indigna —aunque no sorprende— la suerte que corrió este carismático líder de la oposición rusa. Es la misma que han encontrado otras valientes figuras que osaron levantar su voz contra el autócrata del país más grande del mundo.
Sí sorprende, y también indigna, el calvario que ha padecido Julian Assange, el australiano fundador de WikiLeaks, que enfrenta una extradición a Estados Unidos donde podría ser condenado a más de cien años de prisión. Como se recordará, Assange causó conmoción al divulgar el manual del Ejército de Estados Unidos para tratar a prisioneros en la base de Guantánamo en 2007. Luego siguió publicando toda suerte de documentos sensibles sobre conductas indebidas de gobiernos, corporaciones y partidos políticos de varios países.
En abril de 2010 sacó a la luz un video militar clasificado que muestra a un helicóptero Apache de EE. UU. disparando y matando a dos periodistas europeos y a diez civiles iraquíes. Esto fue la tapa de la olla para Washington que decidió ponerle “tate quieto” al comunicador australiano con una campaña internacional para silenciarlo y procesarlo que aún continúa, pese a que lleva doce años recluido (cinco en una cárcel británica de alta seguridad y otros siete asilado en la embajada ecuatoriana en Londres).
Assange está acusado de “espionaje” y de poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la vida de funcionarios con la filtración de material clasificado. Pero en su momento las revelaciones de WikiLeaks fueron publicadas por los principales diarios del mundo sin repercusión legal alguna, lo que indica el propósito de castigar de manera ejemplarizante y personal a su fundador. Escarmentar se llama esta figura.
La extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que decidirá en estos días una corte inglesa, tendría repercusiones globales en materia de libertad de prensa. Puede crear un efecto intimidatorio sobre el periodismo investigativo, ante las posibles represalias por publicar información reservada de interés público. También el de inhibir a posibles denunciantes (whistleblowers) de irregularidades dentro de agencias gubernamentales. Y teniendo en cuenta que Assange no es un ciudadano americano y sus presuntos delitos no fueron cometidos en ese país, cabe preguntar hasta dónde llega la extraterritorialidad de las leyes de EE. UU. y cuál es su posible impacto sobre periodistas y medios informativos en el resto del mundo.
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Navalni se hizo célebre con su campaña contra la corrupción en el régimen de Putin (“este sistema esta tan podrido que ya no tiene una sola parte sana”, decía) y Assange por sus revelaciones sobre tropelías y vejaciones de los gobiernos, en particular del estadounidense. Son dos caras de la misma moneda: la de la libertad de expresión. La libertad para criticar el poder e informar sobre sus abusos. Cada uno en su estilo y a su manera, simbolizan ambos una defensa de la democracia y la búsqueda de mayor transparencia en la relación del Estado con sus ciudadanos. Tarea no exenta de riesgos. El ruso sufrió una extraña “muerte súbita”, mientras que la salud cada vez más delicada del australiano encarcelado hace temer lo peor.
A Navalni le costó la vida y la de Assange corre peligro. “Su salud física y mental está empeorando y si es extraditado morirá”, aseguró su esposa, Stella. La viuda de Navalni dijo que “al matar a Alexéi, Putin mató la mitad de mi ser, la mitad de mi corazón, la mitad de mi alma, pero me queda la otra mitad y esta me dice que no me puedo rendir”. Ambas mujeres se muestran empeñadas en preservar el legado de sus compañeros en medio de amplio respaldo internacional. Varios jefes de Estado, entre ellos Gustavo Petro, han reclamado la libertad de Julian Assange y el presidente mexicano López Obrador llegó a decir que “si lo condenan, se debe desmantelar la estatua de la Libertad”.
El caso suscita interés mundial porque su desenlace sentará precedentes sobre el eterno debate entre la necesidad de proteger la seguridad nacional y el derecho del público a estar informado. Pronto sabremos cuáles serán.
P.S.1: Hablando de abusos de poder, no está bien que el presidente Petro quiera amañar las partidas de inversión del presupuesto aprobado por el Congreso y fijar, además, las tarifas de los servicios públicos. Mas vale que, como aconseja Portafolio, se dedique a ejecutar sus programas (el problema es de ejecución), mejorar su gestión y respetar los compromisos.
P.S.2: No gritaba, ni manoteaba, ni ofendía. Su lúcida capacidad analítica la acompañó siempre de la fuerza tranquila de las buenas maneras. Así era Rodrigo Pardo.
