Crece la discusión sobre ceses al fuego y paz total. Un informe de inteligencia de la Policía sobre andanzas del ELN durante el cese es desestimado por Otty Patiño y avalado por José Félix Lafaurie, miembros del mismo equipo negociador con esa guerrilla. Lo que casi nadie duda es que sí ha aprovechado la tregua para fortalecerse. La pregunta es hasta dónde y qué pasará con los demás grupos armados con los que el Gobierno busca un acuerdo.
Aquí no valen especulaciones sino datos concretos sobre cuál es, a comienzos de 2024, la realidad del conflicto armado colombiano. El informe que acaba de divulgar la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dirigida por María Victoria Llorente, contiene conceptos documentados e información relevante y sorprendente sobre el tema.
Sostiene que la disminución de los “impactos humanitarios” del conflicto registrados en 2023 no obedece a los ceses del fuego de la “paz total”, sino a dinámicas propias de los grupos armados que, en medio de diálogos y negociaciones, han logrado ampliar su control territorial y su “gobernanza criminal”. Imagino que el Gobierno tendrá respuesta a los graves indicadores que señala la FIP.
Si bien los ataques a la fuerza pública cayeron en un 2 por ciento, las acciones contra la infraestructura y bienes civiles se mantuvieron, a la vez que los enfrentamientos entre facciones armadas crecieron un asombroso 54 por ciento. Muchos pensarán que aquí no hay bala perdida, pero lo que sale a relucir es la pérdida de control de un Estado desbordado por una dinámica armada ilegal. A tal punto de que en zonas donde las acciones disminuyeron no fue por la fuerza pública, sino porque en ellas predomina alguno de los grupos ilegales. La FIP menciona el sur del Meta, Guaviare y Caquetá, donde el EMC (disidencia Farc) ejerce un “relativo control”; el Urabá antioqueño, Córdoba y Montes de María donde se consolida el “clan del Golfo”; Putumayo donde predomina la Segunda Marquetalia y Catatumbo, donde coexisten el ELN y el EMC.
Una constelación de organizaciones armadas (sin olvidar las bandas criminales de Buenaventura, Medellín o Tuluá, con las que también se busca dialogar) que le plantean retos cada vez más complejos a la política de paz del Gobierno, que ahora inició un proceso formal con los disidentes de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez que traicionaron el acuerdo de 2016. ¿Significa esto reconocerles de nuevo un estatus político? ¿Peco, rezo y empato para seguir en lo mismo?
Han dicho que no volverán a secuestrar, pero difícil creerles. El ELN, menos de una semana después de acordar un cese al fuego de seis meses, decretó un “paro armado” en el Chocó. Que lo hayan levantado a los pocos días no es garantía de su seriedad y mucho menos de su unidad de mando. El EMC de "Ivan Mordisco" tambien está en cese pero también hace de las suyas.
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Para la FIP es claro que estos grupos están jugando a dos bandas: a negociar con el Gobierno en busca de beneficios, y “a fortalecerse militarmente y a ampliar y consolidar su control social y territorial”.Al mismo tiempo, se enfrentan entre sí en Arauca, Nariño y Cauca, y contra el “clan del Golfo” en el sur de Bolívar, Cauca y Chocó, en medio de un aumento de la extorsión, el secuestro (¡48%!) y —lo que resulta aún más indignante— del reclutamiento forzado de menores.
Un escenario desolador que cuestiona la viabilidad de los múltiples tableros de negociación de la “paz total” que ha abierto el Gobierno. Más que ceses al fuego entre guerrilla y militares pienso se requiere un más amplio cese de hostilidades, que comprometa a las partes a detener acciones que golpean a la población civil no combatiente. Como lo fue el confinamiento de comunidades enteras que produjo el “paro armado” de Chocó.
Está bien y es necesario que Petro insista en la paz, pero urge una estrategia sólida y coherente, con derroteros más claros y pensados y una presencia más activa de las Fuerzas Armadas, que no pueden ser testigos maniatados de este deterioro progresivo de la autoridad del Estado. No bastan ya las denuncias sobre “deslealtades” o incumplimientos. Allí donde no funciona el cese al fuego, el Ejército Nacional debe hacerse sentir.
Con el respaldo pleno del jefe del Estado, por supuesto. So pena de que la paz total termine en el enredo total.
P.S.1: Sin el menor ánimo de presionar la sacrosanta autonomía de la Corte Suprema, sí me encuentro entre los colombianos que se preguntan por qué se demora tanto en designar a la próxima fiscal general. Tiempo de sobra ha tenido para evaluar a fondo a las tres juristas postuladas. A menos de que ninguna cumpla los requisitos, haya gato encerrado o razones de peso que la ciudadanía desconoce. ¿Muñequeo político entre bambalinas? ¿Reparto de cuotas burocráticas? Elijan pronto, honorables magistrados, para poner fin a las especulaciones.
P.S.2: Las advertencias de la oposición sobre intenciones autoritarias del Gobierno resultan ya tan cansonas como la retahíla del presidente Petro de que lo quieren tumbar. Ni lo uno ni lo otro. Por lo pronto.
