Es asombrosa la facilidad con la que se esparce la desinformación sobre asuntos legales en este país inundado de juristas. El presidente Gustavo Petro lo sabe y por eso su propuesta de “consulta popular” le sirve, porque en el pantano del debate político puede usarla para lo que se le dé la gana, hasta para decretar un día cívico que es todo menos eso.
En el 91, los fantasmas de los estados de excepción eran ahuyentados por los gritos de los movimientos estudiantiles y sociales que pedían ser escuchados por un Estado acostumbrado a ignorar a la gente. Por eso la Constitución reconoció entre otros mecanismos de participación directa: el referendo, el plebiscito y la consulta popular.
Esta semana, ante el arbitrario y torpe hundimiento de la reforma laboral, los congresistas de la Comisión Séptima del Senado le regalaron al presidente el pretexto perfecto para arreciar su amenaza de que se escuche al pueblo. Ya no en las calles, sino mediante unos comicios que costarán 600 mil millones de pesos. Una bobadita cuando hablamos de la salvación.
Uno de los problemas es que tanto la ley como las Cortes han repetido que la consulta popular no puede emplearse para preguntar minucias o artículos concretos. Para eso sirve el referendo. El texto de la reforma a la salud, o cualquier otra, no puede ser puesto a consideración de la ciudadanía bajo esta figura. Por eso es que ha sido empleada regionalmente para decidir sobre asuntos estructurales, relativos a la inversión o proyectos de largo plazo.
Sería tortuoso, incluso para el más tinterillo de los tinterillos, traducir las reformas del Gobierno a formulaciones que permitieran al pueblo pronunciarse. Proyecto que, para proponer una verdadera transformación de los sistemas de salud y seguridad social, resultaría en un cuestionario largo y complejo.
Ya dijo el presidente en Twitter el viernes en la tarde (o quizás noche) que la primera pregunta sería: “¿Quiere que el día en Colombia termine a las seis de la tarde y sea festivo el sábado y el domingo, y por tanto habrá recargo salarial si se trabaja en horas extras?”.
En la única consulta popular que se ha celebrado a nivel nacional, la campaña anticorrupción de Claudia López y Angélica Lozano, se formularon preguntas similares a la que propone Petro, dos de ellas claramente inconstitucionales. En ese caso no alcanzaron los votos y por tanto no sabemos qué hubiera dicho la Corte sobre cómo salir del problema de que se convoque al pueblo para votar por algo que la Constitución prohíbe.
Como no hay control judicial previo, ese vacío se puede convertir en un abismo democrático, como lo ha advertido el profesor Rodrigo Uprimny. Pero en todo caso, si la consulta logra el umbral seguramente será prolíficamente demandada.
El presidente se regocija ante este panorama. Porque si el Senado no avala la consulta, o la Corte Constitucional tumba algo o todo tendrá a quién culpar; a quién más endilgarle su ineficacia para convertir el mandato que le dio el pueblo y la gente pobre de Colombia en una realidad. Como si pasar esas leyes en este lodazal mientras alimenta las mismas prácticas de siempre fuera a cambiar a este país. Un santanderismo hipócrita el de Petro, porque no puede ser que tras más de 20 años como congresista y atestiguar para qué sirve el poder legislativo, ahora venda el cambio a punta de leyes.
Pero el mejor resultado de la consulta popular —se haga o no, pase limpia por los estrados judiciales o no— es el humo que produce. Mucho humo. El que le sirve y gusta al presidente para rebotar la discusión pública. El escenario perfecto para lanzar su campaña de 2026.
En el plebiscito del 2016, en un hecho que asombró al mundo, Colombia contestó No a la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. No vaya y sea, señor presidente, que le contesten sus preguntas y no le den la razón.
Indiferente de cómo repartan las cartas, ahora Petro tiene excusa (como si la necesitara) para pararse en todas las esquinas de este país a hacer campaña y provocar a las hordas de analistas, intérpretes, fanáticos y bodegueros para que nos perdamos en meses de discusiones desinformadas, agresivas, ilustradísimas, profundas o lo que sea mientras estemos en estas. Y en esta tierra de abogados, eso sí le queda fácil.
