El peor fiscal de la historia está a punto de ser premiado con la prolongación de su administración. Francisco Barbosa, quien gastó sus cuatro años en proteger a sus jefes políticos para impedir su procesamiento, que se autoasignó casi 200 escoltas para repartirle camionetas blindadas y guardaespaldas hasta a su cuñado, a quien le pareció natural asignarle carro de seguridad y custodios entrenados –y pagados por los contribuyentes– a sus mascotas, el mismo que no tuvo inconveniente en llevarse a su casa, como empleadas domésticas, a contratistas de servicios generales de la Fiscalía; el que, a través de la vicefiscal, absolvió a su esposa sin ningún recato. Ese caballero, cuyo ingrato papel quedará en la memoria de muchos colombianos, está a punto de coronar su hazaña dejando como fiscal general a su segunda al mando y como vicefiscal a su tercero.
El viernes pasadas las seis de la tarde, quizás con la esperanza de que el lunes nadie se acuerde, la Fiscalía emitió un comunicado anunciando que “un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia (nótese que no se da el nombre) archivó la indagación que se seguía en contra de la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera y de la delegada para la Seguridad Territorial Luisa Fernanda Obando, por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura (Valle del Cauca) y el Magdalena Medio durante 2020 y 2022”.
La historia detrás del caso demuestra la laxitud de la justicia con los poderosos y la severidad con los débiles.
Pablo Bolaños y Fabio González, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, que trabajaban como agentes encubiertos en organizaciones criminales, le informaron a la vicefiscal que tenían evidencias según las cuales el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, era un hombre clave para el narcotráfico y el comercio ilegal de armas en el puerto.
Además de decírselo a la vicefiscal, lo habían consignado en un informe de investigador de campo y lo declararon con las debidas formalidades ante el agente investigador del CTI Juan Camilo Linares.
Un día después de la declaración, se les apareció en Manizales un directivo del CTI llamado Víctor Manuel Forero, jefe de investigaciones de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial, quien además ha sido compañero sentimental de Luisa Fernanda Obando, directora de Seguridad Territorial y mano derecha de la vicefiscal Martha Mancera.
El agente Forero le propuso a Fabio González que modificara su declaración para eliminar las menciones del jefe del CTI en Buenaventura: “Revisando la entrevista que usted le dio a Camilo: Uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho”.
Los denunciantes terminaron encausados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. El señor Forero sigue siendo uno de los consentidos del CTI. La directora Obando y la vicefiscal Mancera fueron absueltas el viernes por comunicado.
Detrás de la decisión está Víctor Andrés Salcedo Fuentes, fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema, el mismo a quien Francisco Barbosa le asignó este mes el caso contra del expresidente Álvaro Uribe para continuar la maniobra dilatoria que conducirá a la prescripción. Sin embargo, Salcedo se tuvo que declarar impedido cuando se conoció la prueba de que había opinado a favor de su investigado.
El fiscal Salcedo no llamó a los agentes del CTI a diligencia de ampliación de denuncia para que pudieran mostrar “documentos, informes, videos, fotos, bitácoras de agencia encubierta y audios, entre otros”. Simplemente, los citó a declaraciones juradas para luego archivarle el proceso a quien en la práctica es su jefa.
Salcedo llegó a ese alto cargo en la Fiscalía llevado por Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Los dos habían trabajado en la Procuraduría en la oscura época de Alejandro Ordóñez.
Jaimes no es el más competente en materia jurídica. Concursó para ser magistrado de tribunal, juez penal del circuito, magistrado de tribunal administrativo, magistrado de sala disciplinaria o juez de circuito especializado. Nunca pasó de 630 puntos en la prueba de conocimientos cuyo puntaje mínimo exigido es de 800.
Barbosa lo rescató de un cargo menor en un pueblito de Cundinamarca para convertirlo en la tercera persona más poderosa de la Fiscalía. La fortuna, que ya le sonreía, se multiplicó para Jaimes con la designación como fiscal a cargo del caso Uribe. 45 días después de ser asignado, el defensor del pueblo Carlos Camargo nombró a Ruby Cecilia Durán, la esposa de Gabriel Jaimes, en un alto cargo en la entidad: directora nacional de recursos y acciones judiciales.
Ahí no terminaron las recompensas. En mayo de 2022, tres meses antes de la finalización del gobierno de Iván Duque, la hija de la doctora Ruby e hijastra de Jaimes, Jessica Orduz Durán, fue nombrada en Nueva York como segunda secretaria de la Embajada de Colombia en Naciones Unidas, cargo en el que permanece hoy.
Gabriel Ramón Jaimes será el vicefiscal general de la nación cuando Martha Mancera acceda a la codiciada interinidad por la que tanto ha luchado el fiscal Barbosa.
La Corte Suprema tiene hace cuatro meses la terna para escoger fiscal general pero sigue dando largas. Este lunes volverá a oír a las candidatas para seguir quemando tiempo. Con la operación tortuga varios magistrados quieren devolverle a Barbosa los favores burocráticos recibidos.
