En una entrevista concedida al Washington Post en agosto de 2022, el actual director de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) del gobierno de Gustavo Petro señaló que la administración consideraría la descriminalización de la cocaína. Después de veinte meses, los avances del ejecutivo en política de drogas y, específicamente, en programas para controlar la oferta de cocaína se ha limitado a lo siguiente: primero, publicar una política que mantiene el prohibicionismo, enfatizando en la interdicción y en el desarrollo rural para sustituir las economías ilícitas; segundo, implementar tímidamente el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS); y, por último, publicar la Resolución 0003 de 2024 desde la DSCI —responsable de la implementación de la estrategia de transformación territorial— con los lineamientos de un nuevo programa.
A pesar de celebrar la inclusión del enfoque de reducción de riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas en una resolución de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas bajo el liderazgo de Colombia, especialmente de la embajadora Laura Gil, si la nueva política de drogas no materializa intervenciones que transformen las trayectorias de vida de las personas en zonas cocaleras, el cambio de narrativa y los triunfos diplomáticos serán insuficientes.
Solo hasta un año y medio después de empezar la administración, se conoce el primer documento que da luces sobra la ruta de intervención del nuevo Programa de Sustitución de Economías Ilícitas (PSEI). En resumen, dista de ser una política de drogas audaz e innovadora puesto que mantiene el enfoque tradicional de los programas de Desarrollo Alternativo (DA), promovidos por Estados Unidos y Naciones Unidas, y conserva limitaciones del PNIS.
Sí hay avance, y cabe resaltarlo, en el hecho de que el PSEI no tiene como objetivo la reducción de los cultivos de coca. Por el contrario, se orienta a fortalecer los procesos productivos, reducir la dependencia a los cultivos ilícitos y respetar los derechos humanos. Sin embargo, hay cuatro objetivos esenciales ausentes: mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares, proteger la vida de las comunidades y de los líderes sociales, conservar el medio ambiente y contener la expansión de la coca.
Un factor esencial de la narrativa del sector político imperante es la protección de la vida de los más vulnerables y de actores políticos. La intersección de esos dos grupos la representan los líderes sociales y su amenaza desproporcional es inminente. Si bien la presencia de economías ilícitas se asocia con mayor riesgo, se ha mostrado que intervenciones de DA, como la propuesta en la resolución, aumentan la tasa de asesinatos de líderes en 481 %. Aun así, el nuevo programa no contempla ninguna medida para proteger sus vidas ni a las comunidades, incluso conociendo elementos de otras políticas que contribuyen a este objetivo.
“Le diría a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona”, dijo el presidente en diciembre de 2022 en El Tarra. Sin duda, la gradualidad en la erradicación de los cultivos de uso ilícito es esencial para el éxito a largo plazo del DA y para que la caída de los ingresos por la erradicación no sea tan drástica. De manera elocuente, tanto Petro como sus funcionarios han anunciado la inclusión de esta característica en las nuevas intervenciones, hasta el punto de repetirla once veces en la resolución. No obstante, como se limita a inversiones del Estado en zonas con presencia de cultivos ilícitos, para la medida, la gradualidad no corresponde con los compromisos adquiridos ante las organizaciones campesinas. Diferente sería si gradualidad significara entregas de beneficios a hogares vinculados a la economía cocalera mientras erradican progresivamente. Así esto se alinee con el enfoque territorial, indispensable para estos programas, desconocer la importancia de los componentes directos para los hogares (transferencias monetarias condicionadas, proyectos productivos) es, a lo menos, inconveniente. Esta definición limitada de gradualidad y la ausencia de beneficios directos, ¿son suficientes para las organizaciones de base, garantizan el éxito del programa?
Un error estructural del PNIS fue pretender resolver problemas de desarrollo en 56 municipios. El Estado no tiene la capacidad operativa ni financiera para hacerlo y por eso ha incumplido sistemáticamente. La innovación del PSEI es que prioriza 72 municipios adicionales con más de 100 hectáreas de coca, aquellos con amapola o marihuana, sus vecinos y donde “deban llevarse a cabo acciones de sustitución”. Teniendo en cuenta que en los 56 municipios PNIS no fue posible materializar ni las inversiones ni las transformaciones necesarias, si el nuevo programa pretende ampliar su cobertura territorial, no queda claro qué se entiende por priorización.
Acertadamente, el nuevo programa resalta el papel de la articulación interinstitucional. Incluso, en el lanzamiento de la Política de Drogas 2023-2033, en El Tambo, Petro dijo a sus funcionarios que esperaba de ellos la mayor audacia y trabajo en equipo: “No me interesa el fue que fue que. Se vienen aquí, se reúnen. Que se cayó gordo el uno con el otro, eso siempre sucede. Trabajan en equipo y acá se implementa el plan piloto de una sustitución histórica”. Sin embargo, no hay ajustes institucionales ni definiciones de competencias que la permitan. Incluso, el noveno de los diez artículos de la resolución explícitamente señala que “la anterior articulación no depende de la DSCI”. ¿Entonces de quién? Tampoco se hace referencia alguna a la Política de Drogas elaborada por el Ministerio de Justicia y del Derecho (que, por cierto, avanza en un decreto para diseñar e implementar las Misiones de Transformación Territorial). Parece que, al interior del Gobierno y en contravía de las demandas del jefe de Estado, hay dos administraciones bifurcándose.
Por último, el reciente informe de Naciones Unidas reportó que el 49 % de los cultivos de coca están en zonas ambientalmente estratégicas. No obstante, la resolución no hace referencia a los lineamientos sobre enfoque ambiental o étnico definidos en el texto. ¿Se limitará la respuesta gubernamental en estas áreas a intervenciones agropecuarias que fomenten la deforestación?
Lo cierto es que este gobierno se comprometió con transformaciones territoriales de zonas cocaleras para acercarnos al fin de la guerra contra las drogas. Sin embargo, después de veinte meses y diecinueve páginas que definen escuetamente la ruta de implementación del PSEI, la resolución no tiene un plan de acción concreto, no define el alcance de las asistencias técnicas comerciales y productivas, no presenta indicadores de evaluación y pospone la caracterización de los hogares a la tercera etapa de la intervención. Si no es en su gobierno, presidente, ¿cuándo le llegará el turno a la transformación territorial y a las regiones cocaleras de Colombia?
