Este país ama la radio. Seis de cada diez colombianos la oyen todos los días. Una tradición que se debe a un sancocho de factores que explican lo que somos, cómo vivimos y las cosas que nos importan. En la radio se ha consignado gran parte de nuestra historia; el archivo histórico de la HJCK es un tesoro que da cuenta de ello.
El acceso a los micrófonos es también un reflejo de las profundas desigualdades que nos separan. Los diales los han copado mayoritariamente las élites de todo tipo y pocas opciones han quedado para los locutores de las regiones, de las comunidades históricamente discriminadas, de las víctimas de la violencia. Por eso es tan importante la reivindicación de la radio comunitaria en Colombia, como un proyecto que contribuya a consolidar materialmente la tan elusiva justicia social.
El mandato de protección al periodismo comunitario existe en Colombia desde la Carta Política de 1991 y se ha ahondado con las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos. Todos los presidentes lo han ignorado y ahora el gobierno de Gustavo Petro parece querer recogerlo, pero para ensuciarlo.
Petro, como ningún otro presidente, se ha dispuesto a abrir convocatorias para financiar e impulsar a las radios y a los medios comunitarios. Es una buena noticia. Esas organizaciones no solo constituyen un derecho de las personas y comunidades que las lideran, sino también del panorama informativo que pide a gritos diversidad.
El problema es que Petro y su oscuro ministro de las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, conciben este cambio como una oportunidad para dominar una masa de medios regados por todo el territorio, no para que informen sino para que sirvan como cajas de resonancia de la propaganda oficial que escupen desde RTVC.
Así quedó demostrado con el Encuentro Nacional de Medios Alternativos organizado por el Ministerio de Comunicaciones en Armenia. El escenario fue utilizado por el presidente para lanzar tal vez una de las peores agresiones contra la prensa desde que inició su gobierno, al cuestionar por qué se asesina en Colombia a la prensa de un sector ideológico y no del otro. Ojalá se trate de un lapsus linguae, que en todo caso no explicará ni retractará.
La reunión no sirvió para celebrar la valía y persistencia de los medios comunitarios, sino para invitarlos a formar parte de la máquina de propaganda oficial. Hasta los sometieron a recibir lecciones de democracia de Juan Carlos Monedero, político español que lleva un mes empecinado en justificar la dictadura y las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Qué arrogancia la de estos señores creer que pueden consentir a los medios comunitarios para que los impulsen en campaña, o para que hagan eco de todas las locuras que ambientan desde el Gobierno.
Además, los alternativos son los medios de comunicación que no están cobijados por grandes conglomerados económicos, pero tampoco por ningún gobierno o fuerza política. Claro que ofrecen versiones distintas a los discursos de siempre, se interesan en otros problemas y dinámicas que son excluidas o silenciadas, pero ese no es un capital del petrismo. Las coincidencias ideológicas que puedan existir entre esos medios y el actual gobierno son un espejismo si los primeros están realmente comprometidos con el derecho a la información veraz y objetiva de las ciudadanías que los reclaman.
Y ya vendrá la jauría de las excusas a gritar que nada de esto importa porque quién hace periodismo de verdad y por qué les pedimos a los medios comunitarios y alternativos que actúen como no lo hace la “prensa hegemónica”… Así demuestran cómo ese mal periodismo que persigue fines políticos desde el otro lado sirve para justificar la financiación estatal de programas panfletarios. “Si tú lo haces yo también” Los actuales propagandistas y los que hacen política desde el periodismo se necesitan para justificarse, y entre ellos se diluye la verdad en el debate público.
El flamante Lizcano, que amenaza con una carrera política promisoria por cuenta del proselitismo que ha impulsado desde el ministerio, anunció el año pasado migajas para los medios comunitarios y lo volvió a hacer esta semana. La buena noticia de otorgar el treinta por ciento de la pauta oficial a este sector tendrá que ser ley antes. Además, si logran pasarla quién sabe con qué criterios repartirán esos dineros.
Todos estos intentos de cooptar al periodismo que se ha hecho con las uñas son profundamente condescendientes por parte de Petro y sus Goebbels. Existen muchos procesos serios de periodismo comunitario y alternativo en Colombia, que han sobrevivido a décadas de abandono del Estado y de las audiencias. Ellos, los reporteros reales de las veredas y la periferia, no estarán seducidos por los dos pesos y la charlatanería con los que pretenden inscribirlos en Radio Petro AM.
