Se recrudece y radicaliza la dictadura venezolana. Este año, conforme a las obligaciones que contrajo el régimen con la comunidad internacional, deberían celebrarse elecciones, las cuales aún no tienen fecha. Se persigue incesantemente a María Corina Machado, la contendora más opcionada. La paranoia de los cleptócratas va en ascenso.
Uno de ellos, el fiscal general de Caracas Tarek William Saab, lleva años acusando el Plan Brazalete Blanco, con el que supuestamente buscan el asesinato del dictador Nicolás Maduro. Es una coartada que han utilizado para perseguir a sus detractores y violar sus derechos humanos, como hicieron el 9 de febrero con la captura arbitraria de la activista y abogada Rocío San Miguel, quien desde la ONG Control Ciudadano ha monitoreado tantos crímenes de Estado en Venezuela.
El pasado jueves las autoridades chilenas confirmaron el secuestro del militar Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Ojeda era un disidente de las Fuerzas Armadas que fue apresado en Venezuela en uno de los centros de torturas del régimen, la prisión de Ramo Verde. En 2017 logró fugarse y radicarse en el cono sur.
Tras su fuga, el 28 de febrero de 2018, el gobierno de Maduro degradó y expulsó sin juicio a varios militares (Decreto 2.399), entre los que se encontraba el mismo Ojeda. En redes sociales circulan videos, aún sin confirmar, del interior del condominio donde vivía Ojeda, y parece ser sacado a la fuerza en calzoncillos por hombres uniformados de negro.
Aunque no se ha verificado aún la participación del gobierno venezolano, lo cierto es que en el pasado sí han acudido a operaciones semejantes. El 11 de febrero de 2021 el exteniente Franklin Caldera Martínez fue privado ilegalmente de su libertad por la DGCIM, mientras se encontraba en Cúcuta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor de Caldera y ordenó una cantidad de cosas que el Estado venezolano no cumplirá porque rechazó hace rato el mandato de la OEA.
Los casos de Caldera y ahora Ojeda son gravísimos indicios de que la paranoica inteligencia venezolana no conoce límites para perseguir a los disidentes de la dictadura. Inmediatamente, en uno de los formatos de talk show con el que pretenden adornar el autoritarismo desde Caracas, salió Diosdado Cabello a negar las acusaciones y a burlarse de la sola idea de que pudieran capturar a una persona en Chile y llevarlo hasta Caracas.
Este nuevo hecho podría generar una crisis diplomática entre el gobierno de Gabriel Boric y Venezuela y es otra confirmación de que la dictadura se siente acorralada. La persecución de un militar de bajo rango de 32 años apresado en Chile podría ser la demostración de que Maduro ve enemigos en todos los sectores, incluso aquel que por tanto tiempo sostuvo y sostiene a la dictadura: “la revolución se come a sus hijos”, me explicó uno de mis venezolanos favoritos.
En todo caso, no es necesario comprobar el rapto para comprender que en Venezuela se doblan las apuestas por la violación masiva de derechos humanos y negación de cualquier impulso democrático.
Y este no es un asunto ajeno al resto de países del vecindario. No solo por la posible violación a la soberanía, sino porque revelan su desprecio por cualquier gesta que intente redireccionar a ese país hacia la justicia y la democracia.
No es cierto que en Colombia existan suficientes problemas como para que el presidente no tenga que ocuparse de lo que ocurre en el país vecino. Claro, acá contamos con dolores de todo tipo, pero uno de ellos es la existencia de un régimen violento al otro lado de nuestra frontera más grande. La persecución del narcotráfico, los esfuerzos de paz, el apego a los sistemas internacionales de derechos humanos y en general la decencia humana de cualquier gobernante latinoamericano reclama por lo menos una alerta de preocupación por lo que pasa en Venezuela.
Lo hizo el ícono de la izquierda latinoamericana, Pepe Mujica, hace un par de días y llamó a Maduro “dictador”. Tal vez el presidente Gustavo Petro deba contemplar gestos más diplomáticos, pero su silencio ya es una forma de aquiescencia con la dictadura venezolana y sus excesos. ¿Qué destino enfrentan los ciudadanos perseguidos injustamente por el régimen y que residen en Colombia? Con o sin la confirmación del secuestro de Ojeda, Maduro ejecuta el rapto de las estructuras democráticas tan débiles y necesarias en este continente y es hora de saber qué piensa Petro al respecto.
