Nos han vendido la idea de que somos la democracia más fuerte y sólida de Latinoamérica, y lo repetimos con convicción y orgullo. Seguramente tenemos muchas razones para creer que esta aseveración es verdadera. Nuestra institucionalidad siempre está ejerciendo con cierta solvencia algunos asuntos y probablemente la vida en sociedad ha transcurrido con alguna tranquilidad a pesar de los vaivenes del mundo. Si miramos lo que acontece a nuestro alrededor, con parte de nuestros vecinos, esta aseveración resulta válida para muchos.
Entre otros asuntos destacables para merecer este título, es de resaltar que Colombia cuenta con un legado electoral ininterrumpido desde 1830; estuvimos bajo el mando de una dictadura militar en el período del general Rojas Pinilla tras una acción que fue calificada como un “golpe de opinión”, respaldada en mayor medida por los partidos, por la dirigencia política del país y por una amplia manifestación popular que pedía a gritos un cambio. Esa etapa duró cuatro años, lo mismo que dura un período presidencial; es necesario, además, reconocer que durante su ejercicio, se obtuvieron avances en la cultura democrática, y cabe destacar el derecho al voto de la mujer en 1957. Rojas entrega pacíficamente el mando a una junta militar que, junto con los partidos, convocan a elecciones democráticas al año siguiente. Hemos, además, padecido menos dictaduras militares que otros países de la región.
Oficialmente hemos mantenido la institucionalidad, pero también otras circunstancias como vivir por años en estado de sitio, la negativa influencia del narcotráfico, de los grupos armados al margen de la ley, teniendo como consecuencia hechos atroces de violencia tales como los asesinatos, las masacres, los secuestros y los falsos positivos. Estas circunstancias ponen en duda esa tesis de que la estabilidad democrática continúa fuerte. En teoría, se supone que el régimen democrático propende por una vida política en paz, y aunque en Colombia se mantiene la estabilidad de las instituciones, la violencia ha sido una constante y un contrasentido en esta supuesta larga vida democrática.
Hechos de violencia que se han recrudecido con fuerza en este gobierno de la tan mentada paz con legalidad, no contribuyen de ninguna manera al fortalecimiento de la democracia. ¿Alguien puede explicar qué es la paz con legalidad? Las cifras del informe de la misión de verificación de la ONU son alarmantes: 43 líderes asesinados en los últimos tres meses; 315 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, de los cuales 13 sucedieron en 2022, además de 27 desaparecidos. Situaciones de inseguridad que no dan tregua para la población en el Putumayo, Guaviare y Arauca. Y tal vez el departamento con la situación más crítica de violencia, Chocó. Allí ya perdieron toda esperanza. Se han pronunciado sus dirigentes, ha hablado la Iglesia, la población civil, y el gobierno no los oye o si los oye no parece importarle los habitantes de esa región. El ministro de Gobierno Daniel Palacios ha manifestado que no son responsabilidad del gobierno nacional la cantidad de asesinatos que se han presentado en su capital, Quibdó, y en febrero anunciaba un plan de intervención integral con 160 policías adicionales para combatir los homicidios y desarticular bandas criminales que operan en el departamento. Conveniente revisar ese plan.
Es sorprendente la vehemencia del ministro Diego Molano para anunciar la legitimidad de la operación en la vereda el Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, recalcando que se siguieron los protocolos del derecho internacional humanitario y anunciando que se dieron de baja a 11 disidentes de las Farc. La población, por su parte, denunció que entre los asesinados se encontraba un joven de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, un presidente de junta de acción comunal y su esposa. Molano además asevera que: “A los inocentes civiles se les incautó arsenal de guerra”, lo que se ha puesto en duda por parte de las organizaciones sociales tales como la Red de Derechos Humanos de la Amazonia y la Organización de Pueblos Indígenas. Hechos confusos que muestran abusos y una operación poco planeada por parte de la fuerza pública. Será necesario investigar, aunque todo indica que estamos otra vez frente a un falso positivo que pone en entredicho al ministro de Defensa y a la fuerza pública, partes fundamentales de la institucionalidad en una democracia.
Otro pilar donde se fundamentan los estados democráticos son sus sistemas electorales. La Registraduría y su pobre desempeño dejan mucho qué desear. Unos jóvenes inexpertos a cargo de las mesas de votación y un formulario E 14 que no aprendieron a diligenciar, son supuestamente los motivos de los errores contundentes sobre todo contra la votación del Pacto Histórico y que, al ejercer sus reclamos, sumó la nada despreciable cifra de 20 senadores; estos hechos ponen en peligro la credibilidad en los resultados. No parecen tampoco interesados en corregir lo necesario para las próximas votaciones o, si lo han hecho, no lo comunican para dar tranquilidad al país.
Las democracias se sustentan también en su sistema judicial. La precariedad del nuestro salta a la luz. Varias reformas presentadas al Congreso y ninguna ha logrado llegar a feliz término. Es necesario y urgente fortalecer la justicia, la separación de poderes.
La lista puede ser aún más larga. Sin embargo, las instituciones sobreviven. Ahí están. Se trata de una democracia con demasiadas falencias, pero una democracia al fin de cuentas. Los colombianos no merecemos conformarnos con tan poco.
