Valeria Santos
31 Julio 2022

Valeria Santos

Silencios que gritan

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La Contraloría ha estado muy activa denunciando un cartel de energía solar que involucra a alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar por 66 247 millones de pesos. Esta proactividad del ente de control debería ser aplaudida y celebrada si no fuera por su sospechoso silencio sobre un cartel más grande y poderoso, que he venido denunciando en esta columna, y que se apoderó de la supuesta transformación energética del presidente Iván Duque. 

No es una casualidad que antes de que el Congreso decida quién será el nuevo contralor general, Felipe Córdoba no quiera tocar a los congresistas que votarán su reemplazo, sobre todo cuando varios de los candidatos son sus subalternos. Tampoco puede ser un accidente que el órgano de control decida mirar para otro lado cuando dos de sus contralores están involucrados en el saqueo a la paz. 

Y no es que los hallazgos de la Contraloría no sean graves, es que convenientemente no involucran a congresistas, funcionarios del gobierno nacional ni a ninguno de sus contralores.

En esta columna he venido denunciando cómo, por medio de Gensa (Caldas) y Dispac (Chocó)  sociedades dirigidas por aliados del reo Mario Castaño, el gobierno nacional le entregó 551 000 millones de pesos de su revolución energética a la empresa HG Ingeniería (HG) y a su red de contratistas, cuyo dueño, el vallecaucano Hernán Alberto García, es muy amigo del senador Carlos Abraham Jiménez. 

Si bien la mayoría de estos contratos se los entregó el Ministerio de Minas directamente a los aliados de Mario Castaño, Gensa y Dispac, que contrataron a HG, esta empresa también terminó ejecutando contratos con recursos aprobados por el cuestionado Ocad Paz.

 Y aquí es donde se entrelazan los dos escándalos actuales que mancharán el legado del gobierno de Iván Duque para siempre: la transformación energética y la inversión de los recursos de la paz. Dos banderas que habrían podido cambiar el futuro del país si no se las hubieran entregado a congresistas y a funcionarios codiciosos. 

Corpovalle es una entidad sin ánimo de lucro fundada por la Gobernación del Valle y privados. Y, al igual que el Fondo Mixto del Deporte al que el Ocad Paz le entregó 485 298 millones de pesos, también ha estado envuelta en distintos escándalos de corrupción, incluido uno reciente en el que se investigan presuntos sobrecostos en la entrega de mercados a adultos mayores en el marco de la emergencia por covid-19. 

Pero volvamos al Ocad Paz. A Corpovalle se le aprobaron dos proyectos por COP $17 919 042 119 para ejecutar en Córdoba, uno en Puerto Libertador y otro en Montelíbano, para brindar soluciones de energía solar para las poblaciones rurales de dichos municipios. 

El contrato de Puerto Libertador fue entregado a HG Ingeniería. Para su adjudicación HG compitió con dos contratistas, Ingelcor y Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos. Lo que llama la atención es que Ingelcor tiene conexiones comerciales con HG Ingeniería.

Adicionalmente, la interventoría de este proyecto se la adjudicaron a Gensa, que tiene a HG Ingeniería como principal contratista en temas de energía solar. 

Ahora bien, la red se termina de cerrar con el contrato de Montelíbano por 11 690 millones de pesos entregado al Consorcio Montelíbano Solar 2020, conformado por Genercol (85 %) y A&A Ingeniería (15 %). Hay que aclarar que Genercol es socia de HG Ingeniería en el proyecto de energía solar más grande del Chocó, “El sol brilla para Unguía”, empresa que incluso parece haber sido creada para dicho proyecto, pues su registro en Cámara de Comercio es muy cercano a la adjudicación del mismo. 

Para su adjudicación, el consorcio compitió también con Ingelcor, socio en un contrato entregado por Dispac a A&A Ingeniería; y con Jimmy Gualteros, socio a su vez de HG Ingeniería en otro contrato del Dispac. 

Seguramente para la Contraloría este cartel de energía solar, que está ejecutando recursos por casi 600 000 millones de pesos, no le parezca tan relevante como el revelado por ellos mismos de 66 247 millones de pesos. Mucho menos ahora que está probado que también ejecutó recursos del Ocad Paz. Sin embargo, desde el periodismo seguiremos insistiendo para que caprichosamente no desvíen nuestra atención. En realidad, es el silencio de la Contraloría el que nos está gritando hacia dónde tenemos que mirar. 

Más vale que se investigue también la actuación de los congresistas Mario Castaño, del Partido Liberal, y Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, en el escándalo del saqueo a la paz. Cada día tenemos más información: los congresistas involucrados no son solo del Partido Conservador, parecen ser de todos los colores y regiones del país. Lastimosamente, después de ver los sorpresivos apoyos de los partidos políticos tradicionales al gobierno de Gustavo Petro, parece que esta vez el cambio tampoco llegará. 

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