¿12 paros armados en tres años y cero soluciones?: radiografía de la situación humanitaria en Chocó

En los últimos tres años, los paros armados decretados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó han marcado el ritmo de vida en el territorio. En gran parte del departamento, las rutinas se paralizan temporalmente: las calles quedan desiertas, los comercios locales cierran sus puertas y el silencio se impone en cada esquina.

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Sin embargo, la frecuencia con la que la organización guerrillera levanta sus armas para anunciar una nueva arremetida ha provocado que las comunidades locales aprendan —por la fuerza de la violencia— a ajustar sus labores diarias a los tiempos de incertidumbre en los que transitar por el territorio se convierte en una actividad de alto riesgo con consecuencias imprevisibles.

La familia de Andrés González, un joven líder estudiantil del departamento, cambió su rutina tras observar el panfleto con el que el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció su tercer paro armado en lo corrido de 2025. El 24 de julio, un día antes del inicio de la acción ilegal, compró alimentos y otros productos esenciales para enfrentar el aislamiento obligado.

El Frente Ogli Padilla también estableció restricciones para transitar por las principales vías del departamento y navegar por los ríos que conectan a las comunidades, limitando aún más la movilidad y el acceso a bienes básicos durante el paro armado. Además, las inundaciones registradas en algunos municipios agravan aún más la situación humanitaria.

“Todos los días nos preguntamos por qué el departamento debe quedar nuevamente bajo el control del miedo. Tenemos uno de los departamentos más biodiversos del mundo y, a la vez, un territorio en el que persiste la herencia histórica de la violencia por la falta de presencia estatal real y la escasa inversión social”, explicó a CAMBIO la representante a la Cámara por Chocó, Astrid Sánchez Montes.

Doce paros en tres años: ¿por qué el Chocó sigue atrapado en un ciclo de violencia?

En el Chocó, la guerra dejó de ser una excepción para convertirse en un ciclo permanente. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos tres años se han registrado al menos 12 paros armados decretados por parte de la estructuras del ELN que operan en la región: seis en 2023, tres en 2024 y otros tres en los primeros siete meses del 2025.

En el anuncio del reciente paro armado, el ELN aseguró que esta vez la medida ilegal correspondía al avance de organizaciones paramilitares en puntos estratégicos del departamento y acusaron al Ejército de promover retenciones ilegales. Además, la organización indicó que estructuras disidentes continúan con la extracción ilegal de recursos minerales en el territorio.

Ante el nuevo bloqueo ilegal en el que se anunciaron represalias en contra de quienes incumplan el confinamiento, la Diócesis de Quibdó hizo un llamado al diálogo para atender el recrudecimiento de la crisis humanitaria, social y ambiental. Asimismo, pidió priorizar el esclarecimiento de la verdad para entender las causas y las consecuencias históricas de la violencia en el departamento.

James Mosquera, nacido en Istmina y representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Especiales de Paz, se sumó al llamado de la iglesia de ofrecer garantías para la no repetición del conflicto. No obstante, indicó que la solución de las disputas requiere un enfoque integral que va más allá de acuerdos superficiales o temporales.

“En el departamento, toda la población es víctima de los constantes enfrentamientos armados que dejan a las personas en medio de un conflicto permanente. Cada cierto tiempo un grupo ilegal promueve desplazamientos, confinamientos y otros hechos violentos. Las comunidades locales quedan permanentemente entre el miedo y la necesidad de sobrevivir”, explicó a CAMBIO el representante chocoano.

¿Por qué el Chocó enfrenta constantes paros armados?

En promedio, cada dos meses y medio el anuncio de un nuevo paro armado en Chocó acapara los titulares de los principales medios de comunicación del país. Para muchos, las acciones ilegales de los grupos armados en el territorio se han convertido en parte del paisaje, pero detrás de cada paro hay miles de familias que padecen sus graves consecuencias.

En las constantes alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo —que, según el organismo, se responden demasiado tarde por parte de las instituciones gubernamentales— se advierte que en el departamento tienen presencia estructuras armadas del ELN, las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco, el Clan del Golfo y múltiples organizaciones delincuenciales.

La entidad ha alertado que factores de vulnerabilidad y de precariedad se han agudizado debido a las constantes disputas entre los grupos armados por el control del narcotráfico y la minería ilegal. En ese sentido, se ha registrado una expansión de las dinámicas violentas que han provocado una nueva oleada de homicidios, confinamientos, ataques con artefactos explosivos y restricciones a la movilidad.

“Los actores ilegales ganan cada vez más terreno. Las comunidades están viviendo una vez más la costumbre del abandono estatal, pero ahora con un enemigo al frente. Cada paro armado fortalece aún más la confianza de los actores armados que siembran el miedo en las comunidades ante la inacción de la institucionalidad”, explicó la representante chocoana Astrid Sánchez.

Las condiciones de seguridad en medio del nuevo paro armado del ELN en Chocó

“Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas”, esa fue la primera respuesta del líder estudiantil Andrés González sobre las condiciones que enfrentan las comunidades durante la nueva acción ilegal del frente de Guerra Occidental del ELN. Su declaración refleja la normalización parcial de la violencia en el territorio, pero también revela la hostilidad del conflicto permanente en la región.

Por el momento, las instituciones educativas que operan en Chocó suspendieron sus actividades académicas de forma indefinida a la espera de que el ELN decida que las comunidades puedan retomar sus labores diarias. Hasta entonces, miles de estudiantes tendrán jornada escolares remotas en un departamento en el que la cobertura de internet es menor al 40 por ciento.

Desde el inicio del paro armado este 25 de julio, una gran parte de las familias chocoanas han permanecido en sus casas observando cómo miembros del ELN cuelgan banderas, pegan panfletos en las paredes y patrullan las calles. Por eso, la administración departamental ordenó un nuevo consejo de seguridad para coordinar respuestas urgentes y buscar medidas que garanticen la protección de la población civil.

“Son difíciles escenarios como estos de paros armados, pero nunca debemos cansarnos de construir un lenguaje, y espacios para hablar sobre paz, mientras tanto el Gobierno nacional debe mirar al Chocó con acciones claras y contundentes que generen prosperidad, desarrollo, inversión y una política social acorde con nuestra idiosincrasia”, reiteró la representante Sánchez.

Los líderes estudiantiles, actores políticos y miembros de la sociedad civil consultados por CAMBIO insisten en la importancia de complementar las acciones militares con la promoción de una cultura de la paz que fomente el diálogo, la reconciliación y el desarrollo comunitario. Hasta entonces —dicen— solo quedarán a la espera de un nuevo paro armado, en el que volverán a ser declarados por organizaciones al margen de la ley como rehenes en su propio territorio.