Defensoría alerta por crisis humanitaria en cárceles y centros de detención del país
Tras varias visitas realizadas en 2025, la Defensoría documentó deficiencias en servicios médicos, acceso al agua, condiciones sanitarias y espacios de reclusión. El informe también advierte sobre largas permanencias en centros transitorios y limitaciones en los procesos de resocialización.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la crítica situación de derechos humanos que continúa registrándose en cárceles y centros de detención transitoria de Colombia. La entidad aseguró que persisten problemas estructurales relacionados con hacinamiento, alimentación deficiente, fallas en salud, deterioro de infraestructura y limitaciones en los procesos de resocialización de las personas privadas de la libertad.
Los hallazgos hacen parte del Informe de contraste al XIX informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario, elaborado tras varias visitas de inspección realizadas durante el segundo semestre de 2025 a establecimientos penitenciarios y centros de detención transitoria en diferentes regiones del país.
Infraestructura deteriorada y hacinamiento siguen afectando a los reclusos
Durante las inspecciones a 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), donde permanecen más de 33.500 personas privadas de la libertad, la Defensoría encontró múltiples deficiencias que, según advirtió, afectan directamente la dignidad humana y las condiciones mínimas de salubridad.
Entre los principales problemas identificados están la falta de camas suficientes, deficiencias en unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para garantizar visitas íntimas. El informe señala que solo el 58,6 por ciento de las personas recluidas cuenta con un camastro propio, mientras que en algunos centros, como el de Sonsón, la cifra apenas alcanza el 10,5 por ciento.
La situación obliga a numerosos internos a dormir en el piso, pasillos o estructuras improvisadas, aumentando riesgos sanitarios y problemas de convivencia dentro de los establecimientos.
Persisten problemas en salud y alimentación
La Defensoría también evidenció barreras en la prestación de servicios médicos. Entre ellas, demoras en autorizaciones, dificultades para acceder a citas especializadas y problemas recurrentes en el suministro de medicamentos, especialmente en cárceles como La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá.
En materia de alimentación, las quejas de los internos continúan siendo frecuentes por la calidad de los alimentos suministrados. A esto se suma que solo el 20 por ciento de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) presentó planes para asumir directamente este servicio.
Otro de los hallazgos que preocupa a la entidad es la falta de acceso continuo a servicios básicos. Aunque cerca del 45 por ciento de los centros visitados tuvo energía permanente durante el último mes evaluado, el 40 por ciento presentó interrupciones en el suministro de agua.
Centros de detención transitoria presentan estancias prolongadas
En las visitas realizadas a 55 Centros de Detención Transitoria (CDT), la Defensoría encontró que espacios diseñados para permanencias máximas de 36 horas están siendo utilizados para alojar personas durante meses e incluso años.
El informe indica que el 82,5 por ciento de los detenidos llevaba más de 36 horas en estos lugares y que el 15 por ciento había superado un año de permanencia.
Las inspecciones revelaron condiciones precarias en ventilación, iluminación y acceso a espacios básicos. Además, en algunos centros existe apenas un sanitario por cada 125 personas detenidas, pese a que la norma establece uno por cada 25.
La entidad también alertó sobre la falta de duchas, escasez de implementos de aseo y ausencia de separación entre hombres y mujeres o entre personas sindicadas y condenadas.
La Defensoría advirtió además sobre las limitaciones en los procesos de resocialización para las mujeres privadas de la libertad y la necesidad de fortalecer medidas con enfoque de género.
Durante brigadas realizadas en tres centros penitenciarios, fueron identificadas 231 mujeres que podrían acceder a sustitución de la pena de prisión mediante la Ley de Utilidad Pública. Según la entidad, esto demuestra la necesidad de fortalecer mecanismos judiciales que permitan aplicar tratamientos penales diferenciados y alternativas a la prisión.
Defensoría pide reformas estructurales al sistema
Ante este panorama, la Defensoría formuló varias recomendaciones al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.
Entre las propuestas están aumentar los recursos destinados a infraestructura y salud, fortalecer los sistemas de información, garantizar la corresponsabilidad presupuestal de departamentos y municipios, así como avanzar hacia una política de humanización de la pena y reducción del enfoque punitivo.
La entidad también pidió implementar medidas urgentes para garantizar la alimentación en los centros de detención transitoria ante la posible finalización de la intervención de la Uspec en 2026.
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