Violencia, desigualdad y derechos humanos: la radiografía de Colombia que recibe el gobierno de De la Espriella
La Defensoría presentó una radiografía de los derechos humanos en Colombia con las principales cifras sobre violencia, pobreza, desigualdad, salud, educación, ambiente y conflicto armado. El informe busca servir como hoja de ruta para el nuevo Gobierno y advierte sobre los desafíos que persisten en distintas regiones del país.
La Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, formuló y entregó un nuevo informe llamado “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”. La defensora aseguró que es un documento realizado para guiar la toma de decisiones del nuevo Gobierno nacional en materia de derechos humanos.
“El documento nos permite identificar algunas de las principales fortalezas, pero también las brechas que existen hoy en la garantía de los derechos humanos y especialmente en aquellos ámbitos en los que se requiere concretar mayores esfuerzos por parte del Estado”, afirmó.
El informe, centrado en las cifras, fue construido con la recopilación de fuentes oficiales, como las bases de datos de ministerios, entes de control y organizaciones internacionales. Los hallazgos también fueron enriquecidos con “el conocimiento que la Defensoría del Pueblo recoge diariamente en los territorios de todo nuestro país”, como aseguró Marín.
¿Cuál fue el sector en derechos humanos con mayores problemáticas?
El segundo eje del documento, que tiene por título “Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas”, es un eje que concentra la mayoría de las cifras. En él, la Defensoría sostiene que construir paz es “una prioridad inaplazable”, pues si no se logra, la garantía de los derechos humanos se debilita. “Los datos que se recogen en este eje evidencian que la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan”, concluyen.
Esos datos hacen referencia al actuar no solo de organizaciones del crímen organizado, sino también a actores armados. En ese sentido, el ente de control advierte que los principales grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de las Farc, el ELN y los grupos sucesores del paramilitarismo, han aumentado su control territorial. Las primeras, tienen presencia en 372 municipios, mientras que los segundos y terceros están en 260 y 509, respectivamente.
Sin embargo, la Defensoría resalta que, más allá de ese aumento, lo preocupante es la fragmentación y dispersión del conflicto armado en Colombia, pues los datos muestran una creciente superposición territorial, lo que “incrementa los riesgos para la población civil y restringe el ejercicio de sus derechos”.
Además, hay tres datos que llaman especialmente la atención. Lo primero sobre lo que se detienen es en el aumento de nuevas armas y estrategias de ataque, como los drones. Según las cifras, los ataques con drones, entre enero y mayo de este año, aumentaron un 146 por ciento y dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas, ya que el uso de estas herramientas se ha extendido a zonas pobladas.
El segundo dato alarmante es sobre la violencia en contra de las mujeres y los grupos étnicos en el marco del conflicto armado. De acuerdo a lo que señala la Defensoría, a pesar de una leve disminución en las amenazas, homicidios y desapariciones, entre 2019 y 2026 tanto las mujeres como los miembros de pueblos étnicos son, sostenidamente, las mayores víctimas. Y es aún más grave cuando, en ese mismo periodo, las mujeres sufren, además, de delitos que atentan contra su libertad e integridad sexual.
El tercer y último dato corresponde al de las masacres como un acto persistente. Desde 2019, se han registrado 651 de estos actos, que corresponden a un saldo de 2380 personas asesinadas.
El mayor desafío: menos pobreza en el papel, la misma brecha en la vida real
El informe también documenta un país que mejora en promedio pero no en equidad. La pobreza monetaria bajó del 43,1 por ciento en 2020 a 28 en 2025, una reducción de 15,1 puntos que la Defensoría remarca sin dejar de advertir que el promedio esconde profundas diferencias regionales y étnicas. Los datos del hambre confirman que, mientras la inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales cayó de 26,8 por ciento a 18,1, en los centros poblados y el área rural dispersa apenas se movió, de 32,5 por ciento a 31,4.
De acuerdo a las cifras, se podría decir que el problema en salud ya no es solo llegar al sistema, sino que el sistema responda. Las tutelas para reclamar ese derecho pasaron de 207,372 en 2019 a 312,573 en 2025, y los reclamos administrativos casi se duplicaron, de 1.149.403 a 2,048,427 en el mismo periodo.
En educación la tendencia también preocupa. La cobertura neta en básica y media cayó de 92,35 por ciento en 2019 a 88,21 en 2024, y la cobertura bruta en educación superior apenas llega al 57,5 por ciento. Son miles de jóvenes que se quedan por fuera del aula justo cuando más la necesitan.
Frente a todas esas cifras, hay sectores poblacionales con contextos particulares. Por ejemplo, el 76% por ciento del trabajo de cuidado no remunerado recae sobre las mujeres, un aporte que equivale a casi el 20 por ciento del PIB. La violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ no da tregua. Aunque se han registrado menos casos de feminicidios, la Defensoría atribuye este comportamiento a “posibles deficiencias en la aplicación del tipo penal”, no obstante, desde 2019, se han registrado 1430 casos. En esa misma línea, los casos de violencia sexual, en las que las menores de 18 años son casi el 80 por ciento de la víctimas, para este mismo periodo, son 193,641. La comunidad LGBTIQ+ también es una de las grandes afectadas, ya que concentran más de tres mil homicidios.
Un hecho persistente: la degradación ambiental
Dos de los grandes problemas en materia ambiental corresponden a la deforestación y la minería ilegal. La primera volvió a crecer: entre 2024 y 2025 pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas taladas, un aumento de 5.875 hectáreas. La Amazonía colombiana, otra vez, se llevó la peor parte al condensar el 65 por ciento de toda la deforestación nacional.
La minería ilegal es hoy, según la propia Defensoría, una de las principales amenazas para la naturaleza y para quienes la defienden. La entidad emitió 34 alertas tempranas por este fenómeno entre 2023 y 2026, y la Procuraduría advirtió que 26 de los 32 departamentos del país registran minería ilegal con uso de mercurio, con 323 municipios afectados por explotación ilícita, un 19 por ciento más que en 2021.
Reforma rural integral: la tierra sigue en las mismas manos
Diez años después de firmado el Acuerdo de Paz, la propiedad rural en Colombia sigue siendo una de las más concentradas del planeta. El índice Gini de la tierra rural es de 0,89, uno de los más altos del mundo. El 1 por ciento de los mayores propietarios controla el 45 por ciento de la tierra rural, y el 10 por ciento concentra más del 80.
Los avances en reparación tampoco alcanzan el ritmo que exige la deuda histórica con el campo. Entre 2022 y junio de 2026 se ordenó restituir 455.275 hectáreas a las víctimas del despojo, pero solo se han entregado 60.604, apenas una fracción de lo fallado por los jueces. Y de las 99.097 familias campesinas y étnicas inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, solamente el 11% por ciento ha recibido la totalidad de los apoyos productivos que el Estado les prometió a cambio de arrancar la coca.
Hablar y protestar, cada vez más riesgoso
Los conflictos sociales manifiestos, como las marchas, paros, bloqueos y plantones, pasaron de 1.426 en 2022 a 4.039 en 2025, casi el triple en apenas tres años, una señal de que cada vez más colombianos deciden tomarse el espacio público.
Ejercer el liderazgo social o el periodismo, mientras tanto, sigue siendo peligroso. Entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinados 1.743 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. La FLIP registró 711 agresiones contra periodistas entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, la mayoría amenazas, y contó doce homicidios de comunicadores desde el año 2020.
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