Manifestaciones de docentes.
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Gobierno prepara decreto de formalización docente, pero las universidades dicen que no hay plata
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Con el decreto, el Gobierno le apuesta a “dignificar el trabajo de los maestros”, como dice el Ministerio de Educación. Sin embargo, hay una serie de críticas porque las instituciones atraviesan por una crisis financiera, no se aprueba la reforma a la Ley 30 y no se sabe de dónde saldrán los recursos.
Por: Claudia M. Quintero
El Gobierno de Gustavo Petro, que llegó con la bandera de defender la educación superior pública, alista un decreto con el que buscan formalizar la planta de docentes de las universidades públicas. Es decir, que los profesores que tiene contratos de cátedra y ocasionales ahora tengan “condiciones más dignas”, como dice el ministro de Educación, Daniel Rojas.
“Tenemos claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes. (…) Vamos a emitir dos decretos que no van a pasar por el Congreso. El primero es el de la formalización laboral docente, para aquellos que se encuentran en la base salarial y con contratos injustos”, dijo el jefe de la cartera de Educación.
La idea de formalizar a los docentes es bien vista en las mismas universidades públicas y entre los docentes. Sin embargo, hay recelo porque no se sabe de dónde saldrán los recursos y, contrario a lo esperado, dicen que podría acentuar la crisis financiera que hoy atraviesan instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), entre otras.
Los planes de formalización laboral: esto dice el borrador del decreto
Así, el borrador de decreto establece que las universidades públicas, los institutos técnicos y tecnológicos deberán desarrollar un plan de formalización. En él, tendrán que hacer un estudio objetivo de las necesidades de planta para implementar “de manera responsable y gradual” la formalización del empleo público en equidad del personal que esté por fuera de la carrera docente y administrativa.
Además, el borrador de decreto establece que las universidades deberán tener en cuenta a las organizaciones sindicales y a los docentes que en el momento de expedición tengan contratos ocasionales, catedráticos y de otro tipo de denominaciones temporales o de prestación de servicios.
Otro de los elementos que menciona el documento es que estos cambios se financiarán con los recursos recurrentes que hoy tienen las universidades públicas. Entre esos, los recursos propios, los aportes de la nación, los aportes de las entidades territoriales, entre otros.
Para hacer este cambio, aún falta que se definan las fechas exactas. En el primer borrador de decreto se establecía que las universidades públicas tendrían un plazo de nueve meses desde la expedición para presentar el plan de formalización. Así, tendrían hasta el 31 de diciembre de 2025 para avanzar en el 40 por ciento de la formalización y hasta el 31 de diciembre de 2026 para tener un 80 por ciento de avance.
Sin embargo, en un nuevo borrador de decreto se cambian esos plazos. Entonces, se menciona que tendrían 12 meses para elaborar ese plan de formalización y luego sí empezaría el tránsito. Con estas nuevas fechas, tendrían hasta el 31 de diciembre de 2026 para tener un avance del 40 por ciento y hasta el 31 de diciembre de 2027 para tener el 80 por ciento listo.
“Una apuesta necesaria, pero con recursos”: ¿por qué hay críticas frente al borrador de decreto?
La formalización laboral es un reclamo de los mismos profesores ocasionales y de cátedra, que son quienes tienen contratos por horas de clase o por una bolsa de horas anuales y solo en ese periodo reciben pensión y salud. Es decir, si los semestres duran solo cuatro meses, pues ellos solo reciben esos beneficios ocho meses de los 12 que tienen el año.
“Uno piensa que el decreto tiene todas las mejores intenciones posibles. Pero nuestro reparo está en que no tiene dientes. Es decir, no está adecuadamente estructurado sobre cómo se van a gestionar esos recursos para financiar esa planta docente y administrativa”, dijo una profesora de la Universidad de Antioquia (UdeA) que se vería beneficiada.
No obstante, ella misma reconoce que implementar ese decreto en la Universidad de Antioquia sería mucho más complicado. Por un lado, porque es una de las instituciones más afectadas con la crisis financiera y, segundo, por la planta docente tan grande que tiene.
Con corte al segundo semestre de 2024, la Universidad de Antioquia tenía contratados 1.473 profesores regulares, 648 profesores ocasionales y 5.995 docentes de cátedra. Es decir, solo esta institución tendría que formalizar a 6.643 maestros. Y justo la universidad viene arrastrando una desfinanciación de 340.000 millones de pesos, según la administración. Es decir, el panorama económico para ellos no sería nada alentador.
“Bienvenida la formalización, porque es claro que en muchas universidades tenemos empleados en temporalidad y provisionalidad, que están contratados en otras figuras y hacen lo mismo que muchos empleados de planta, pero ganan menos. Sin embargo, en una situación financiera como la de la UdeA, no están los recursos para mantener la planta que hoy se tiene y, mucho menos, para tener una más grande”, dijo la docente.
Así, son esas mismas universidades públicas y sus maestros los que le piden al Gobierno mayor cordura y planificación. En un concepto que emitió la Universidad Nacional en agosto de 2024, cuando se conoció el primer borrador de decreto, se menciona que además de comprometer los recursos de las instituciones, se podría “afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria”.
En el concepto firmado por Leopoldo Múnera, rector de la Nacional, “preocupa que el proyecto desconozca que una regulación que conlleva por parte del Ejecutivo la distribución o priorización de los gastos de los recursos de los entes autónomos universitarios y el establecimiento de un límite a su potestad de autorregularse resulta ser un mecanismo totalmente ajeno a su naturaleza”.
Es decir, se entiende que, con la disposición de ese decreto, se podría afectar la manera en que las instituciones públicas regulan sus finanzas y logran un equilibrio entre la calidad educativa y el sostenimiento.
Hay que mencionar que esas consideraciones del equipo directivo obedecen al borrador de decreto que se emitió en agosto de 2024 y dicen que emitirán una nueva declaración cuando el Gobierno publique el decreto final que, según conoció CAMBIO, será entre el 2 y 3 de abril de este 2025.
Desde la Universidad de Antioquia tampoco quisieron pronunciarse frente al borrador y dicen que esperarán hasta la decisión final del Gobierno. Sin embargo, a nivel directivo consideran que no están los recursos para asumir esa medida.
Para Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, es cierto que hay que avanzar en la formalización laboral, pero “si no se entiende dentro de un sistema universitario en su conjunto, corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida o, peor aún, agravar la desfinanciación estructural que ya enfrentan las universidades oficiales”.
Con esa crítica coinciden voces que defienden la educación pública, como la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso y quien fue líder estudiantil. En diálogo con CAMBIO, aseguró que las críticas no tienen nada que ver con la formalización como tal, sino con la financiación.
“Esto no se puede hacer con recursos propios de las universidades, porque la planta docente es un gasto recurrente. Entonces, por eso no se pueden dejar en manos de cuánto se pueden rebuscar las universidades. Eso terminaría por minar el funcionamiento más misional de las instituciones. Así, la ampliación de planta es necesaria, pero tiene que venir acompañada de incrementos en la base presupuestal”, aseguró.
En ese sentido, ella, los rectores de las universidades públicas y líderes de movimientos estudiantiles consideran que, si se continúa con la presión por el aumento de cobertura y se generan cargas como este decreto, lo que podría ocurrir es que se profundizará la crisis de las universidades.
“Los recursos están, pero es cierto que se necesitan más”: viceministro de Educación superior
Ricardo Moreno, viceministro de Educación superior, le dijo a CAMBIO que el enfoque principal del decreto está en atender la vinculación provisional de los docentes y que ellos tengan condiciones más dignas.
En cuanto a los recursos, el viceministro aseguró que sí están los recursos que se necesitan para la formalización. Sin embargo, reconoció que se necesitan más.
“Desde 2018, con ocasión del paro de educación superior, se asignaron recursos adicionales para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Estos son importantes porque están dentro del presupuesto de las universidades de manera recurrente. (…) Es decir, no significa que no exista la plata. Los recursos están y, por supuesto, se requieren más recursos y ya el presidente anunció que se están fortaleciendo los recursos de base presupuestal año a año”, explicó.
Además, mencionó que otro camino para agilizar el ingreso de recursos es la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Sin embargo, hay que decir que esta iniciativa no tiene mucho ambiente en el Senado, porque con la apuesta del Gobierno de impulsar la consulta popular, es poco probable que intente tramitar proyectos en el Legislativo.
Así, habrá que esperar si el Gobierno lanza el decreto en medio de estas críticas o si, finalmente, le apuesta por inyectar más recursos a las universidades públicas antes de formalizar a la planta docente.
